El año 2026 se perfila como un periodo de inflexión para el entorno jurídico y regulatorio en México. La convergencia entre reformas estructurales recientes, el despliegue progresivo de legislación secundaria, el fortalecimiento de las facultades de supervisión y fiscalización del Estado y la incidencia de factores económicos y geopolíticos —como la revisión del T-MEC, la relocalización de cadenas productivas y la organización de la Copa Mundial de la FIFA— configura un escenario de alta complejidad normativa para las empresas con operaciones en el país.
Desde la perspectiva mercantil, de fusiones y adquisiciones, 2026 se presenta como un año de oportunidades relevantes, particularmente en sectores asociados al nearshoring, infraestructura digital, inteligencia artificial, servicios financieros, medios de pago e inmobiliario. Si bien no se anticipan reformas sustantivas al régimen societario, los efectos combinados de la regulación fiscal, antilavado de dinero, competencia económica, compliance y del nuevo diseño institucional derivado de la reforma judicial incidirán directamente en la estructuración de transacciones, la documentación corporativa, los procesos de due diligence y la asignación de riesgos contractuales. A ello se suma un entorno inmobiliario dinámico, impulsado por eventos de escala global y por la expectativa de recuperación del sector industrial, así como un marco más exigente en materia fiscal, de antilavado, competencia económica y regulación bancaria y financiera, que demandará una planeación transaccional más sofisticada y preventiva.
En materia tributaria, el ejercicio 2026 consolida una tendencia clara hacia el fortalecimiento de la recaudación y del control fiscal, mediante un entramado normativo más detallado y con mayores herramientas de fiscalización, cobranza y acceso a información financiera. Este enfoque se equilibra con programas selectivos de estímulo orientados a la regularización de contribuyentes, la repatriación de capitales y la atención de contextos específicos, como la celebración del Mundial de la FIFA. Para las empresas, el nuevo marco fiscal exige una revisión integral de sus modelos de cumplimiento, de la sustancia económica de sus operaciones y de la gestión de controversias, así como una adaptación tecnológica y operativa frente a obligaciones reforzadas en sectores digitales, financieros y altamente regulados.
El comercio exterior en México enfrentó un periodo de transformación significativa en 2025, que probablemente continuará con su implementación en 2026, marcado por reformas legales, ajustes arancelarios y una acelerada digitalización de los procesos aduaneros. Este nuevo entorno regulatorio incrementa las exigencias de cumplimiento y fiscalización, redefine las condiciones de importación y exportación, y plantea retos significativos para las empresas que operan en el país. Al mismo tiempo, abre oportunidades para fortalecer la competitividad, modernizar operaciones y adoptar estrategias más resilientes frente a un escenario comercial en constante evolución.
En el ámbito laboral, 2026 continúa la creciente sofisticación normativa y de incremento sostenido en las obligaciones de cumplimiento. El ajuste al salario mínimo y a la Unidad de Medida y Actualización, la consolidación de nuevos protocolos de inspección — particularmente en materia de subcontratación— y la plena vigencia de reformas como la “Ley Silla” configuran un entorno en el que los costos laborales, la exposición a contingencias y la necesidad de una gestión preventiva adquieren un peso estratégico. A ello se suma una agenda legislativa activa orientada a modificar prestaciones históricas y a reducir de manera gradual la jornada de trabajo hacia 2030, lo que obliga a las empresas a anticipar impactos financieros, operativos y organizacionales. En conjunto, el marco laboral de 2026 exige una revisión exhaustiva de políticas internas, estructuras de documentación, programas de seguridad y salud, y protocolos de atención a autoridades, así como una coordinación estrecha entre áreas legales, de recursos humanos y de cumplimiento para mitigar riesgos en un contexto de fiscalización fortalecida.
En el ámbito del derecho administrativo y regulatorio, 2026 profundiza una tendencia hacia una mayor intervención, supervisión y capacidad sancionadora de las autoridades, tanto a nivel federal como local. El fortalecimiento de facultades de inspección, verificación y vigilancia —en sectores como energía, telecomunicaciones, infraestructura, medio ambiente, salud, comercio exterior y contratación pública— incrementa la exposición de las empresas a procedimientos administrativos complejos, multas relevantes y medidas correctivas con impacto operativo inmediato. En este contexto, cobra especial relevancia la planeación regulatoria, la gestión estratégica de permisos, concesiones y autorizaciones, así como el diseño de esquemas de defensa administrativa y constitucional que permitan reaccionar con agilidad frente a actos de autoridad y minimizar contingencias.
En cuanto a la resolución de conflictos, 2026 estará marcado por la implementación progresiva de la reforma judicial y por un prolongado periodo de transición institucional, caracterizado por ajustes operativos, curvas de aprendizaje y retos en términos de predictibilidad y tiempos de resolución. En este escenario, los mecanismos alternativos de solución de controversias, particularmente el arbitraje, la mediación y los esquemas escalonados de prevención de disputas, se consolidan como herramientas estratégicas para preservar la continuidad operativa y la certidumbre contractual. Paralelamente, las reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y a la Ley de Amparo redefinen las estrategias de litigio y defensa, simplificando y unificando procedimientos, un uso intensivo de medios digitales y una planeación anticipada de la evidencia y de las medidas cautelares.
Finalmente, en materia de propiedad industrial e intelectual, ciencias de la vida y sectores regulados, 2026 anticipa una agenda legislativa y regulatoria particularmente activa. La posible emisión del reglamento y reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la incorporación de nuevas figuras en materia de patentes y marcas, el fortalecimiento del enforcement frente a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el ambush marketing, así como las profundas modificaciones al marco sanitario, ambiental y de salud pública, redefinen las reglas de protección de activos intangibles, innovación y acceso a mercados. Para las empresas de industrias farmacéutica, alimentaria, tecnológica y de consumo, este entorno exige un enfoque integrado de compliance, propiedad intelectual y regulación sectorial, con una gestión proactiva del riesgo legal.
En conjunto, este informe busca servir como una herramienta de referencia para la toma de decisiones estratégicas en 2026, ofreciendo una lectura transversal del marco legal aplicable y de sus efectos prácticos sobre la inversión, la operación y la sostenibilidad de los negocios en México.
CONSULTA AQUÍ EL INFORME COMPLETO
