Mercantil

La nueva regulación, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, modifica diversos aspectos de la Ley de Sociedades de Capital.

Las empresas en Colombia deben cumplir con una serie de obligaciones societarias. En el segundo semestre de 2022, la lista de obligaciones es amplia: los empresarios deben tener presente temas como la presentación de información cambiaria, el AROS - Sagrilaft y declaraciones tributarias, además de numerosas obligaciones para empleadores.

Artículo de Andrés Felipe Melo, asociado del Departamento Mercantil de Garrigues en Bogotá ('La República').

Las obligaciones en materia de sostenibilidad van en aumento. Los consejos de administración de las compañías deberán tenerlo en cuenta y asignar el tiempo y los recursos necesarios para su debido cumplimiento.

Recientes resoluciones judiciales han puesto en el foco la problemática aprobación judicial de una liquidación societaria cuando existe una situación de bloqueo por parte de alguno de los socios que impide adoptar acuerdos. Analizamos, a continuación, lo que han dicho los tribunales sobre los acuerdos sociales negativos y su posible impugnabilidad.

La norma, que traspone el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, es continuista con la norma que sustituye pero introduce novedades con el fin de adaptar la regulación a una realidad cambiante, tales como una nueva clasificación de los servicios de comunicaciones electrónicas o la imposición de obligaciones para servicios OTT. Viene a reforzar todavía más los derechos de los usuarios al tiempo que acomete una actualización del servicio universal para incluir la banda ancha. La nueva ley supone un impulso a la inversión en redes, profundiza en la eliminación de las barreras a los despliegues (en particular al 5G) y busca dotar de mayor seguridad jurídica al sector, en un contexto de fuerte convergencia y proliferación de nuevos servicios digitales.

A la hora de suscribir un acuerdo de socios, una reciente sentencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto la necesidad de que la propia sociedad sea firmante del pacto de socios. Y para una mayor seguridad jurídica, también conviene trasladar a los estatutos el mayor contenido posible de dicho pacto.