Colombia

Bancoldex anunció, el 2 de abril, un cupo adicional de $350.000 millones de pesos para el programa 'Colombia Responde para Todos', en un esfuerzo por dotar de liquidez y capital de trabajo, en condiciones favorables, a las empresas de cara a la crisis causada por el COVID-19. Tales recursos se suman a los $250.000 millones inicialmente puestos a disposición de los sectores de turismo, eventos culturales y servicios de transporte aéreo, ampliando así la cobertura del apoyo del Estado Colombiano a todos los sectores de la economía (salvo el sector agrícola, el cual cuenta con sus propios programas).

En Colombia se han adoptado diversas medidas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la expansión del COVID-19, entre ellas las relativas al ámbito tributario.

Con ocasión de la Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica a través de la expedición del Decreto 417 de 2020, se ha suscitado la expedición de una gran cantidad de normas que tienen como objetivo controlar y convivir con el contagio del virus COVID-19 en el territorio colombiano.

Con motivo de la crisis sanitaria provocada por la expansión del COVID-19, se han adoptado una serie de medidas relacionadas con suspensiones de términos en Colombia.

Los efectos de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, con ocasión del riesgo de propagación del virus, de igual forma han implicado la adopción de determinaciones en materia laboral. Para el efecto, se han adoptado determinaciones de protección al empleo y fiscalización laboral, las cuales se relacionan a continuación.

La crisis provocada por la expansión del COVID-19 ha generado un impacto relevante en la ejecución de proyectos de infraestructura en Colombia, considerando las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Dichas medidas, enmarcadas dentro de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, han motivado a entidades del sector transporte a adoptar decisiones que impactan la ejecución de procesos de contratación y la ejecución contractual, lo anterior destacándose las siguientes, además de aquellas ya mencionadas con ocasión de la expedición del Decreto Legislativo 440 de 2020.

Frente a la actual situación de crisis generada como consecuencia de la propagación acelerada del Covid-19 a nivel global, el gobierno colombiano se ha visto en la necesidad de implementar medidas urgentes de carácter extraordinario para afrontar el impacto social y económico que tenga dicha enfermedad en la población. En este sentido, dado que el primer trimestre del año suele tener una actividad intensa de temas societarios, los plazos para asuntos como renovaciones mercantiles y reuniones de los máximos órganos sociales han sido ampliados o modificados. 

En el terreno administrativo, Colombia ha adoptado medidas que afectan a cuestiones como el derecho inmobiliario, la contratación pública, cuestiones de competencia o protección de datos, entre otras.

El sector financiero no ha sido ajeno al impacto que ha causado en Colombia la actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Es así como el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera Colombia (SFC) y las entidades integrantes de la Red de Seguridad, han adoptado distintas medidas encaminadas a proteger la estabilidad del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los mercados, propiciando el acceso a liquidez, la adecuada administración de riesgos propios de la coyuntura y muy especialmente la protección de los consumidores financieros en una situación tan compleja como la actual.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 podría convertirse en una oportunidad para revolucionar el arbitraje y para mejorarlo y reforzarlo frente a la jurisdicción estatal. La flexibilidad que define esta vía alternativa de resolución de conflictos debe permitir la utilización de todo tipo de medios telemáticos y tecnológicos para seguir adelante con los procedimientos sin suspender actuaciones.