Administrativo y Constitucional

Un servicio de gran solvencia técnica, con profundo conocimiento de la normativa jurídico-administrativa

Garrigues

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Desde el servicio Administrativo y Constitucional de Garrigues prestamos asesoramiento jurídico integral y multidisciplinar en todos los asuntos relacionados con estas prácticas. Trabajamos con una gran variedad y diversidad de sectores de actividad (contratación del sector público, infraestructuras y servicios públicos, urbanismo y vivienda, comercio interior y consumo, juego, energía, transportes, supervisión bancaria, sanidad y farmacia, auditoría de cuentas, propiedades públicas, servicios postales y logísticos, etc.).

Somos un departamento maduro, el de mayor dimensión en España entre las grandes firmas, compuesto por profesionales del derecho administrativo y constitucional en Europa y Latinoamérica. Estamos reconocidos en el mercado y por nuestros clientes como prestadores de un servicio de gran solvencia técnica, con profundo conocimiento de la normativa jurídico-administrativa (europea, nacional, autonómica y local), y con relevante presencia local en las distintas áreas geográficas de los países en donde operamos.

Nuestra interacción constante con el resto de los servicios del despacho nos permite ofrecer un análisis de todas las cuestiones, operaciones y vicisitudes desde una perspectiva integral, global, territorial, multidisciplinar y que contempla todos los aspectos jurídicos relevantes.

Asesoramos en derecho administrativo y constitucional a empresas privadas (desde startups hasta grandes compañías) de prácticamente todos los sectores económicos, entidades financieras, fundaciones, asociaciones, federaciones, corporaciones de derecho público, entidades del Tercer Sector de Acción Social, así como a Administraciones Públicas y demás entidades del sector público.

Uno de los elementos que más nos diferencia en el mercado es la profunda experiencia en todo tipo de procedimientos y recursos administrativos y en el ámbito contencioso-administrativo ante cualesquiera instancias y en todas las materias de nuestra actividad.

En cuanto a los niveles de calidad de la práctica, repetimos en los primeros puestos de valoración de los principales rankings internacionales, tanto a título colectivo como individual, por el número de profesionales recomendados, con una apuesta decidida por el asesoramiento de excelencia en el mercado iberoamericano.

Nuestros servicios

  • Expedientes y recursos administrativos ante entidades del sector público.
  • Informes y dictámenes sobre cuestiones procedimentales.
  • Valoración jurídica de la viabilidad del ejercicio de acciones en vía judicial.
  • Asistencia letrada en todas las instancias.
  • Preparación e interposición de recursos de casación.

  • Defensa en todo tipo de expedientes sancionadores, especialmente los incoados por organismos de supervisión (CNMC, CNMV, ICAC, Banco de España, etc.).
  • Valoración jurídica de eventuales riesgos y responsabilidades.

  • Licitaciones.
  • Proyectos internacionales.
  • Impugnación, interpretación, modificación y resolución de contratos del sector público.
  • Expedientes de reequilibrio económico-financiero, revisiones de precios, modificaciones contractuales.
  • Recursos especiales en materia de contratación y vía contencioso-administrativa.
  • Contratación pública sostenible.
  • Diseño de procedimientos administrativos para la aplicación de las nuevas tecnologías de la información a la contratación pública.

  • Diseño y estructuración de modelos contractuales para la financiación, construcción y puesta en funcionamiento de todo tipo de infraestructuras (hospitales, autopistas, metros, trenes ligeros, puertos, aparcamientos, etc.).
  • Proyectos internacionales.

  • Solicitud, justificación y cobro de subvenciones y ayudas públicas.
  • Fondos europeos Next Generation EU.
  • Expedientes de reintegro y control financiero
  • Procedimientos ante el Tribunal de Cuentas.
  • Recursos contencioso-administrativos en materia de subvenciones y ayudas públicas.

  • Emisión de informes y dictámenes en materia de comercio minorista electrónico y tradicional (industria alimentaria, seguridad de los productos, etiquetado, promociones, publicidad, etc.)
  • Arbitraje de consumo.
  • Defensa de los consumidores y usuarios.
  • Procedimientos y recursos administrativos y contencioso-administrativos, especialmente en los ámbitos sancionador y de las reclamaciones de consumo.

  • Asesoramiento recurrente a empresas concesionarias de transporte terrestre, ferroviario y aéreo en relación con los requisitos y los títulos habilitantes de la actividad.
  • Servicios logísticos, especialmente los vinculados al comercio electrónico (ordenación del transporte de mercancías, servicios postales, restricciones en materia de movilidad urbana y carga y descarga de mercancías, plataformas logísticas, envasado de productos, etc.).
  • Licitaciones.
  • Asistencia letrada en sede contencioso-administrativa.

  • Requisitos y títulos habilitantes en sectores específicos como mercado de valores, supervisión bancaria, juego, mercado de tabacos, auditoría de cuentas, etc.
  • Asesoramiento y asistencia letrada en procedimientos administrativos y contencioso-administrativos, especialmente los de carácter sancionador (CNMC, CNMV, ICAC, Banco de España, etc.).

  • Autorizaciones, concesiones, comunicaciones y demás títulos habilitantes exigibles en los sectores eléctrico y de hidrocarburos (líquidos y gaseosos). Alcance y cumplimiento de los requisitos y obligaciones para el desarrollo de las actividades liberalizadas de generación y comercialización y de las actividades reguladas de transporte y distribución.
  • Operaciones de adquisición y venta de activos y tomas de participación (incluidas inversiones extranjeras) en el sector energético.
  • Aspectos regulatorios en las reorganizaciones societarias de grupos empresariales energéticos.
  • Régimen de las centrales nucleares: títulos habilitantes, instalaciones de almacenamiento, gestión del combustible nuclear gastado, supervisión por el Consejo de Seguridad Nuclear, etc.
  • Revisión legal en procesos de due diligence vinculados a la venta y adquisición de activos y sociedades de generación (térmica convencional, ciclos combinados, centrales hidroeléctricas), de transporte y de distribución eléctrica.
  • Procedimientos y expedientes administrativos ante los reguladores sectoriales (CNMC, Ministerios y Consejerías competentes, etc.) y procedimientos judiciales derivados de los mismos.
  • Movilidad eléctrica, electrolineras y servicio de recarga energética de vehículos. Condiciones de suministro eléctrico y estatuto de los consumidores industriales electrointensivos.
  • Implantación de redes de calor y frío.
  • Reglas de funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica o mayorista.

  • Elaboración y revisión de programas de compliance en todos los aspectos de la actividad de las entidades del sector público.
  • Medidas de autosaneamiento a los efectos de la normativa de contratación con el sector público.

  • Creación, organización y funcionamiento.
  • Asesoramiento recurrente.
  • Emisión de informes y dictámenes.
  • Defensa letrada en sede contencioso-administrativa y constitucional.

  • Instrumentación de negocios jurídicos sobre patrimonio de las Administraciones Públicas.
  • Obtención de títulos habilitantes para la utilización de propiedades especiales (montes, minas, costas, etc.).
  • Expedientes de inventarios de caminos públicos, deslindes de vías pecuarias.
  • Expedientes administrativos y contencioso-administrativos, incluidos los sancionadores.

  • Elaboración de informes y dictámenes en materia constitucional (derechos fundamentales, controversias competenciales, etc.).
  • Asistencia letrada en procedimientos de amparo ante el Tribunal Constitucional.
  • Asistencia letrada en el recurso especial pare la defensa de los derechos fundamentales en la jurisdicción ordinaria.

  • Elaboración de anteproyectos normativos en los ámbitos estatal, autonómico y local.
  • Formulación de alegaciones en las fases de consulta previa e información pública de los proyectos normativos.
  • Seguimiento de los procesos de tramitación tanto en vía administrativa como parlamentaria.

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