España

En la nota se aclaran las medidas de control en frontera de equipos de protección individual, mascarillas y otro material sanitario.

Las novedades regulatorias que afectan a las empresas se están aprobando de forma constante y continuada. Semana a semana, Garrigues ofrece un resumen de las principales cuestiones que deben tener en cuenta las empresas a lo largo de los próximos días. Esta semana destacamos las novedades aprobadas sobre moratorias y aplazamientos financieros y contractuales, las nuevas medidas laborales o la exención en IVA y derechos aduaneros de la importación de mercancías para combatir la epidemia, así como la conveniencia de la revisión y análisis de la situación financiera y patrimonial de las empresas. También analizamos la eventual responsabilidad patrimonial de la Administración.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha contestado, con fecha 2 de abril, a la consulta de auditoría sobre el efecto de la crisis sanitaria y el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en el proceso de formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales (RDL), y su modificación por la disposición final 1ª, apartado trece, del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo (RDL 11/2020).

El Director General de Tributos de Aragón ha dictado una resolución por la que se prorroga por un mes más la ampliación de plazos para la presentación y pago de determinados impuestos y se adoptan medidas adicionales de extensión de plazos.

El 5 de abril de 2020 se ha publicado la Instrucción 3/2020, de 3 de abril, en la que se dan criterios de interpretación en relación con las medidas tributarias excepcionales establecidas en el Decreto Foral Normativo 1/2020 (vea nuestra alerta aquí) y en la Orden Foral 707/2020 (vea nuestra alerta aquí).

El Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, ha dado respuesta a algunas dudas que se habían planteado sobre las reglas de cómputo de determinados plazos en el ámbito de los procedimientos tributarios, tras las medidas de suspensión aprobadas en las últimas semanas; pero no se ha dado respuesta a todas las cuestiones en este ámbito.

Uno de los previsibles efectos jurídicos de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 será que, en el momento adecuado, se revisen muy detalladamente, desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), tanto las diferentes medidas que hayan adoptado u omitido las Administraciones Públicas como las lesiones específicas que, en su caso, puedan derivarse de las mismas para los bienes y derechos de los particulares.

En la organización del trabajo resulta esencial seguir todas las indicaciones que se trasladan desde las autoridades públicas, particularmente las sanitarias, pues la no adopción por el empresario de las medidas necesarias para garantizar que la actividad se realice en condiciones de salud y seguridad, también frente al COVID-19, de forma que se ponga en riesgo grave la vida, salud o integridad física de los trabajadores, puede constituir un delito de los previstos en los artículos 316 o 317 del CP.

El 3 de abril de 2020 la Comisión Europea ha anunciado la adopción una modificación por la que se amplía y flexibiliza el Marco Temporal adoptado el 19 de marzo de 2020 para facilitar que los Estados miembros puedan dar ayudas de Estado a la investigación, los ensayos y la producción de productos relacionados con el coronavirus, así como también otorgar mayores volúmenes de ayudas de las categorías ya previstas en el Marco Temporal original.

El artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), establece una exención que se aplica sobre las indemnizaciones por despido o cese, cuando se cumplen los siguientes requisitos: