El Real Decreto-ley 7/2026 impulsa la electrificación y acelera el despliegue de las renovables
La norma, ya convalidada por el Congreso, introduce un amplio conjunto de medidas regulatorias para agilizar proyectos energéticos, reforzar la participación pública y facilitar el acceso y conexión a la red, tanto desde la generación como desde la demanda.El ‘Data Act’ de la Unión Europea y su impacto en el sector turístico
El nuevo marco europeo de datos transforma el papel de los hoteles en la economía digital. El ‘Data Act’ devuelve a los establecimientos el control sobre la información generada por sus sistemas conectados y abre oportunidades para innovar, optimizar costes y reforzar su competitividad.Cómo y por qué el Supremo puede ordenar que un caso se resuelva de nuevo en la audiencia provincial
Aunque lo habitual es que el Tribunal Supremo cierre definitivamente los asuntos que revisa, existen situaciones en las que devuelve el caso a la audiencia provincial para que dicte una nueva resolución. Algunas derivan de infracciones procesales, pero otras responden a recientes cambios legales y a una consolidada doctrina jurisprudencial.El CbC público: primera aplicación en España de la nueva obligación de “transparencia empresarial”
La obligación de publicar el denominado “informe país por país” (conocido como “CbCR público”) afecta a grupos multinacionales y empresas independientes cuyos ingresos consolidados sean superiores a 750 millones de euros en cada uno de los dos últimos ejercicios consecutivos. España presenta algunas peculiaridades relevantes en la transposición de esta obligación que conviene tener en cuenta en su primera aplicación.La Comisión Europea impulsa EU Inc., una nueva sociedad única para operar en todo su territorio
La propuesta busca simplificar la creación y gestión de empresas en la UE mediante un modelo societario único, digital y directamente aplicable en todos los Estados miembros. Es el primer paso del Derecho del Estado (Régimen) 28º.El Gobierno acorta el plazo de implantación de planes de movilidad sostenible al trabajo que finalizará el 5 de diciembre de 2026 y regula la prohibición de despido
Las empresas obligadas deberán contar con su plan de movilidad sostenible al trabajo antes del 5 de diciembre de 2026 y las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán despedir hasta el 30 de junio de 2026.