El CbC público: primera aplicación en España de la nueva obligación de “transparencia empresarial”
La obligación de publicar el denominado “informe país por país” (conocido como “CbCR público”) afecta a grupos multinacionales y empresas independientes cuyos ingresos consolidados sean superiores a 750 millones de euros en cada uno de los dos últimos ejercicios consecutivos. España presenta algunas peculiaridades relevantes en la transposición de esta obligación que conviene tener en cuenta en su primera aplicación.Estas son las medidas tributarias y mercantiles en respuesta a la crisis en Oriente Medio
El Real Decreto-ley 7/2026 vuelve a introducir, con algunas variaciones, algunas de las medidas tributarias de los aprobados en diciembre de 2025 y febrero de 2025 y posteriormente derogados; y también introduce nuevas medidas tributarias en relación con otros impuestos, destinadas a abaratar los costes del uso de distintas fuentes de energía. Además, se incluye de nuevo la ampliación de la suspensión del régimen de disolución por pérdidas hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026, otorgando un nuevo plazo para la reformulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025.Un repaso a nuevos criterios administrativos sobre el conflicto en la aplicación de la norma tributaria y la simulación
Aunque el Tribunal Supremo ya ha concluido que las figuras de la “calificación”, el “conflicto en la aplicación de la norma tributaria” y la “simulación” no son intercambiables, recientemente el TEAC ha entendido que, en una operación que cumpla los requisitos establecidos en la LGT para el conflicto, se puede iniciar un procedimiento de simulación.Las operaciones vinculadas se consolidan como un punto de atención preferente para la Hacienda Pública
Durante los últimos años hemos presenciado un notable incremento de las labores de investigación y comprobación sobre cuestiones relacionadas con los precios de transferencia por parte de las autoridades fiscales españolas. Repasamos las controversias más habituales en este ámbito y posibles recomendaciones.El requisito de empleado en el arrendamiento de inmuebles: evolución jurisprudencial sobre la carga de trabajo del empleado y su cumplimiento en grupos de empresas
El Tribunal Supremo confirma que contar con un empleado a jornada completa basta para considerar el arrendamiento como actividad económica a efectos de la reducción en la base imponible del ISD y admite que dicho requisito se pueda cumplir en el grupo cuando exista una integración económico-funcional real, reforzando con ello la seguridad jurídica en la aplicación del régimen de empresa familiar.Se deroga el Real Decreto-ley 2/2026
Al igual que ocurrió con el RDL 16/2025, finalmente no se ha aprobado el RDL 2/2026, que contenía diversas medidas tributarias, mercantiles y laborales como (i) la libertad de amortización en inversiones que usen energía de fuentes renovables o de vehículos e infraestructuras de recarga, (ii) la prórroga de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas prevista en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital en relación con las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021; y (iii) determinadas limitaciones al despido.