Con fecha 23 de septiembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº6 de 2021 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que aprueba el Reglamento de Comercio Electrónico. El objeto de este reglamento es fortalecer la transparencia y calidad de la información que se entrega a los consumidores en plataformas de comercio electrónico para incentivar la toma de decisiones debidamente informada, y así robustecer el derecho de libre elección de los consumidores.
El 16 de septiembre de 2021 entró en vigor el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad (RDL 17/2021). Esta norma contiene una batería de medidas en diferentes ámbitos dirigidas a contener la escalada del precio de la electricidad en el mercado mayorista ibérico y a paliar sus efectos en los colectivos más vulnerables.
Con fecha 20 de septiembre de 2021, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley (Mensaje Nº 181-369) que reduce o elimina ciertas exenciones tributarias, buscando de esta manera obtener recursos adicionales que permitan financiar la ampliación y fortalecimiento del pilar solidario de nuestro sistema de pensiones que el mismo proyecto de ley propone.
El 8 de septiembre, el Gobierno polaco remitió al Parlamento (documento parlamentario nº. 1532) una propuesta de cambios de gran calado relativos, entre otros aspectos, a la legislación tributaria, y que afectan a la situación fiscal tanto de inversores extranjeros, como de personas físicas y jurídicas polacas. Se ha anunciado que los actos legislativos pertinentes serán adoptados a finales de septiembre.
La crisis sanitaria del COVID-19 ha tenido un enorme impacto para la industria del comercio electrónico a nivel mundial. Latinoamérica, que llevaba desventaja respecto de otras regiones, ha sido una de las más favorecidas en lo que respecta al crecimiento del comercio electrónico. Esto se debe, en parte, a las medidas restrictivas que adoptaron los gobiernos durante la crisis sanitaria y que obligaron, tanto a proveedores como a consumidores, a realizar mayores intercambios de bienes y servicios a través de canales digitales. Analizamos los avances legales en esta materia en Colombia, Chile, México y Perú.
Con fecha 16 de septiembre de 2021 se ha publicado el Decreto de Urgencia Nro. 087-2021 (DU087), a través del cual se modifica el artículo 3 y la cuarta disposición complementaria final del Decreto de Urgencia Nro. 038-2020 (DU038), dispositivo que regulaba la adopción de medidas laborales en el marco de mitigar los efectos económicos a trabajadores y empleadores por el COVID-19, así como el procedimiento de suspensión perfecta de labores con ocasión del estado de emergencia sanitaria y emergencia nacional.
El 1 de septiembre de 2021 entró en vigor en México la reforma laboral que prohibió la subcontratación (‘outsourcing’) general de personal y estableció que sólo se permite la subcontratación de servicios especializados de personal siempre que no coincidan con el objeto social ni con la actividad preponderante del contratante, tal y como señalábamos aquí. Después de diversas negociaciones entre el sector empresarial, el gobierno federal y los partidos políticos, se prorrogó la vacatio legis de la reforma para que esta entrara plenamente en vigor el 1 de septiembre. Analizamos, a continuación, sus efectos en estos primeros días y recordamos las nuevas obligaciones para todas las empresas que presten servicios especializados y estén inscritas en el REPSE, asi como las sanciones por incumplimiento.
El pasado 8 de septiembre de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante la Cámara de Diputados el denominado Paquete Económico para 2022. El plan incluye diversas iniciativas que se someterán a discusión y aprobación legislativa por el Congreso de la Unión. Entre ellas, destaca la iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, con el objetivo de combatir las prácticas que han sido calificadas como fiscalmente evasivas, así como para incrementar la recaudación sin la creación o aumento de impuestos.
