Con el objeto de mitigar la propagación del COVID-19, la Comisión Permanente de la CRE (Comisión Regulatoria de Energía) determinó ampliar el periodo de suspensión de plazos y términos de todos los actos y procedimientos ante la CRE.
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) un acuerdo por el que se precisan las actividades esenciales competencia de la SCT. Esto con motivo del acuerdo publicado por la Secretaría de Salud el 31 de marzo en el DOF, por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19 y se suspenden aquellas actividades no esenciales.
El Real Decreto-ley 13/2020 desarrolla la consideración como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio con motivo del COVID-19 y permite de forma temporal la compatibilización de la actividad agraria con subsidios y prestaciones por desempleo.
Con la finalidad de evitar la propagación de la COVID-19, las directrices impuestas en la Unión Europea (“UE”) prevén la limitación del contacto social. Dicha medida, pese a ser necesaria desde el punto de vista de la salud pública, deja a distintos sectores de la economía, empresas y trabajadores al borde del colapso. La imposibilidad de prever la duración de semejantes medidas supone que el verdadero impacto económico del virus sólo se conocerá transcurrido algún tiempo. En este contexto, se han llevado a cabo distintas reformas legislativas tanto en Portugal, como en el resto del mundo. El Derecho de la Competencia ha experimentado cambios provisionales, pero realmente perturbadores, algunos de los cuales se describen brevemente en este boletín.
Con ocasión de la Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica a través de la expedición del Decreto 417 de 2020, se ha suscitado la expedición de una gran cantidad de normas que tienen como objetivo controlar y convivir con el contagio del virus COVID-19 en el territorio colombiano. Considerando el impacto de tales disposiciones en las diferentes áreas de práctica del Despacho, a continuación, hacemos un breve recuento de las principales disposiciones expedidas entre la semana del 1 y el 6 de abril de 2020.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado una propuesta con más de un centenar de medidas entre las que destaca la habilitación del mes de agosto. La propuesta se presentará al Ministerio de Justicia para contribuir al plan de agilización de la actividad judicial previsto en la disposición adicional décimo novena del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Se proponen medidas comunes a todos los órdenes jurisdiccionales y también específicas.
La actual crisis sanitaria a causa del COVID-19 (coronavirus) está teniendo un fuerte impacto en el ámbito empresarial y trayendo consigo efectos jurídicos desde el punto de vista tributario que requieren un tratamiento individualizado y bajo una perspectiva multidisciplinar. Como parte de la promesa de valor de Garrigues, consistente en ofrecer un acompañamiento permanente e integral a sus clientes a través de un equipo altamente especializado y multidisciplinario dedicado a identificar potenciales riesgos y mitigar sus consecuencias, ha preparado el presente documento que contiene algunas recomendaciones y aspectos relevantes que deben ser considerados debido a la coyuntura actual que afronta la región.
Con fecha 3 de abril, la Comisión Europea ha propuesto, al amparo de los artículos 114 y 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una modificación parcial del reglamento sobre productos sanitarios, respecto de aquellas disposiciones cuya fecha de aplicación es el próximo 26 de mayo de 2020. La propuesta contempla posponerlas hasta el 26 de mayo de 2021.
La ley n° 21.217 tiene por objeto regular y limitar el plazo que se podrá estipular libremente por las partes para efectos de pago de facturas emitidas por empresas de menor tamaño. Esta ley viene a complementar la modificación realizada por la ley n° 21.131 que estableció el pago de facturas a 30 días, salvo un acuerdo escrito entre las partes que no sea abusivo para el acreedor.
