Las ZEDT como herramienta para dinamizar la inversión privada en el sector turístico peruano
En esta newsletter ofrecemos las últimas novedades sobre todo lo relacionado con la economía del dato (derecho tecnológico, innovaciones tecnológicas, inteligencia artificial, derecho digital, e-Commerce), privacidad (protección de datos y derechos fundamentales relacionados) y ciberseguridad (seguridad de la información y de las redes y los sistemas que la tratan). Abordamos las resoluciones más recientes de las autoridades y agencias competentes, sentencias clave y lo más relevante de la actualidad en este ámbito.
Ignacio Suárez
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 4 de septiembre de 2025 en el caso EDPS v SRB (asunto C 413/23 P) supone un hito importante en el campo de la protección de datos personales, al tratar un tema tan esencial para la práctica como el mismo concepto de “dato personal”.
Manuel Liberal y Luisa Cyrne
En julio de 2025, el Gobierno portugués reanudó el proceso de transposición de la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS II) mediante la presentación del Proyecto de Ley n.º 7/XVII/1. En este análisis, comparamos dicha transposición con el proyecto de ley español, examinando los ámbitos de aplicación sujetos y exentos en cada caso, así como el régimen sancionador previsto.
La inteligencia artificial (IA) está transformando industrias y mejorando procesos, al impulsar innovaciones que revolucionan sectores como la salud, la educación y el comercio. Su expansión, sin embargo, plantea desafíos éticos y legales que requieren una regulación responsable. En Colombia, la IA se perfila como una herramienta clave para el desarrollo económico y la modernización del Estado, con políticas públicas orientadas a promover su adopción segura, equitativa y sostenible. Hacemos un repaso por los avances legales más importantes en este país.
La inteligencia artificial (IA) está impulsando, a nivel mundial, innovaciones que redefinen industrias, optimizan procesos y generan nuevas oportunidades en sectores como la salud, la educación, el comercio y la infraestructura. Su uso marca una nueva era en la que los avances tecnológicos no solo prometen mayor eficiencia, sino también la posibilidad de abordar desafíos globales.
Sin embargo, su implementación también plantea riesgos sociales, económicos y políticos, especialmente asociados a cuestiones éticas y legales como el sesgo algorítmico, la privacidad de los datos y el impacto en el empleo.
Desde el punto de vista técnico, la inteligencia artificial es un campo de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que, si las hiciera una persona, requerirían algún tipo de inteligencia o razonamiento. Estos sistemas no imitan el funcionamiento del cerebro humano, sino que procesan información mediante modelos matemáticos y algoritmos que identifican patrones, extraen relaciones o toman decisiones a partir de datos.
Dentro de la IA se incluyen diversas técnicas, entre ellas:
En América Latina, la IA representa una herramienta con un gran potencial para impulsar el crecimiento económico, optimizar la prestación de servicios públicos y fomentar la innovación en distintos sectores. En los últimos años, varios países de la región han puesto en marcha estrategias nacionales de IA, acompañadas de inversiones en infraestructura digital y programas de formación en competencias tecnológicas.
No obstante, factores como las brechas en el acceso a la educación, la conectividad y la infraestructura tecnológica influyen en la velocidad y el alcance de su implementación. Esto subraya la necesidad de continuar promoviendo políticas públicas que garanticen una adopción equitativa, segura y sostenible de la IA.
Este mapa ofrece un panorama actualizado de los avances más relevantes en materia de regulación y políticas públicas de IA en Colombia en el ámbito legal y gubernamental. En este país, diversos actores gubernamentales, académicos y tecnológicos están impulsando iniciativas para fortalecer las capacidades nacionales en investigación, desarrollo y uso ético de la IA. En esa medida, el país avanza hacia la construcción de un marco normativo y operativo que permita un aprovechamiento responsable y sostenible de esta tecnología, por lo cual desde diferentes instancias de la administración pública se han venido impulsando iniciativas para desarrollar un marco regulatorio y proyectos puntuales que permitan desarrollar capacidades en materia de IA.
A continuación, presentamos algunos de los avances más relevantes:
El 14 de febrero de 2025 se publicó el documento CONPES 4144, que establece la Política Nacional de Inteligencia Artificial en Colombia. Esta política propone una hoja de ruta para generar capacidades en investigación, desarrollo, adopción y uso ético y sostenible de la IA, con el objetivo de impulsar la transformación social y económica del país hacia 2030.
La estrategia contempla una inversión aproximada de 479.273 millones de pesos para ejecutar 106 acciones distribuidas en seis ejes:
Entre las acciones destacadas se encuentra el diseño de modelos prospectivos de uso de espectro para habilitar el despliegue de 6G entre 2026 y 2027, la mejora del acceso y la calidad del servicio de internet mediante proyectos del Ministerio TIC, y la creación de un espacio colaborativo de datos (data trust) que facilite la portabilidad y movilidad de datos personales.
El 12 de agosto de 2024, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia T-232 de 2024, en la que resolvió una acción de tutela interpuesta por la madre de un menor de edad para garantizarle los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas.
Durante el proceso, el juez de segunda instancia indicó haber utilizado herramientas generativas de IA, lo que llevó a la Corte a revisar si se había vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. La preocupación se centró en determinar si la decisión fue tomada por un juez o por una IA, y si la motivación del fallo respondía a criterios jurídicos o a posibles sesgos derivados del uso de la herramienta.
La Corte concluyó que no hubo reemplazo de la función judicial, ya que la IA se usó una vez adoptada la decisión. No obstante, requirió al Consejo Superior de la Judicatura a establecer guías sobre el uso de IA generativa en el ejercicio jurisdiccional, tomando como base los criterios orientadores definidos en la sentencia. Además, exhortó a los jueces a evaluar el uso adecuado de estas herramientas, de manera que se garantice el respeto por los derechos fundamentales, en especial el debido proceso, y se preserve la independencia y autonomía judicial.
En cumplimiento de la sentencia T-323 de 2024, el 16 de diciembre de 2024 se expidió el Acuerdo PCSJA24-12243 por parte del Consejo Superior de la Judicatura, un documento que marca un hito en la regulación del uso de IA en la rama judicial colombiana, al fijar criterios para su implementación responsable, segura y ética.
El acuerdo distingue entre los usos permitidos y prohibidos de la IA en la actividad judicial. Se permite su aplicación en tareas administrativas (p.ej. la clasificación de jurisprudencia, la asistencia en la redacción de documentos y la automatización de procesos de gestión), pero se prohíbe expresamente su uso en funciones sustantivas como la valoración de pruebas, la interpretación de normas o la emisión de decisiones judiciales, preservando así la racionalidad humana en el ejercicio de la justicia.
Además, establece deberes específicos para los funcionarios y empleados judiciales que utilicen herramientas de IA, así como directrices para el desarrollo de proyectos institucionales basados en IA generativa. El marco regulatorio se apoya en principios como la primacía de los derechos fundamentales, la supervisión humana, la protección de datos personales y la prevención de sesgos y discriminación.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTic) anunció la construcción de centros de datos en Colombia para fortalecer la infraestructura tecnológica y promover el uso de la IA y el Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés). Estos centros impulsarán la transformación digital en sectores clave como la salud, educación, comercio y agricultura, generando empleo y competitividad.
El MinTic ejecuta cuatro estrategias principales:
Estas estrategias están respaldadas por habilitadores clave como datos, infraestructura y financiación. Entre los proyectos destacan la creación de una zona franca tecnológica y centros de formación en todo el país.
Además, el Congreso trabaja en nueve proyectos de ley para regular la IA, buscando un marco ético y responsable para esta tecnología en Colombia.
El 16 de octubre de 2024, el Congreso de Colombia instaló la Comisión Accidental sobre Proyectos de Ley de IA para coordinar y unificar criterios entre las distintas iniciativas legislativas.
Entre ellas destaca el Proyecto de Ley de inteligencia artificial ética y sostenible para el bienestar social, que busca establecer un marco regulatorio para el desarrollo y uso de la IA en Colombia, garantizando su aplicación ética, segura, sostenible y equitativa. Pretende promover la protección de derechos, la inclusión social y la reducción de la brecha digital. Además, aborda aspectos como la privacidad de los datos, la ciberseguridad, la responsabilidad ética, la sostenibilidad ambiental y el impacto de la IA en la salud mental, estableciendo estándares mínimos para su creación y uso.
También sobresale el Proyecto de Ley de Datos, que busca regular la infraestructura de datos del Estado (IDEC) para mejorar la interoperabilidad entre los sistemas de información de las entidades públicas, y garantizar la calidad y seguridad de los datos.
El Congreso también prevé la creación de centros tecnológicos en Zipaquirá y Usme, y 75 “8Centros PotencIA'” en 26 departamentos del país, junto con programas de formación gratuita en IA.
Finalmente, el Proyecto de ley 225 de 2024 pretende modificar el artículo 269 del Código Penal con el fin de establecer un agravante al delito de falsedad personal consistente en el uso de IA para suplantar una identidad.
En diciembre de 2024, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó su Evaluación del panorama de la IA en Colombia, destacando que el país se encuentra en un nivel "diferenciador" de 3,4 sobre 5 en su preparación para desarrollar, adoptar e implementar IA.
El informe resalta avances en el ecosistema de datos y en la visión del sector público, pero identifica desafíos en habilidades digitales, conectividad y capacidad de innovación en el sector privado.
El 9 de diciembre de 2024 la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) lanzó su nuevo gestor normativo “Alejandría 2.0”, que incorpora herramientas avanzadas de búsqueda mediante lenguaje y respuestas automatizadas con IA.
El 7 de mayo de 2025 se radicó en el Congreso el Proyecto de Ley 442, que busca establecer un marco normativo unificado para el desarrollo y uso de sistemas de IA.
Inspirado en Reglamento de IA de la Unión Europea, propone una clasificación basada en riesgos según el impacto de los sistemas de IA en los derechos fundamentales, e incluye prohibiciones para sistemas considerados de riesgo inaceptable (p.ej. manipulación del comportamiento humano de forma subliminal o implementación de mecanismos de puntuación social). También contempla la creación de una Autoridad Nacional de Supervisión de Sistemas de IA, con funciones de inspección, vigilancia y acompañamiento técnico.
Entre los avances más relevantes del proyecto, destacan:
A pesar de haber sido archivado por tránsito de legislatura, el proyecto representa un avance significativo y se espera su reactivación por el respaldo técnico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Expertos del sector público y privado coincidieron en que la transparencia y la trazabilidad son ya exigencias asumidas por las grandes compañías.
El nuevo Reglamento de Datos de la UE (Data Act) introduce un régimen inédito para facilitar el cambio de proveedor en la nube. Su objetivo: eliminar las trabas técnicas y contractuales que han mantenido cautivos a muchos usuarios. A partir de septiembre de 2025, la portabilidad será un derecho exigible con obligaciones concretas para los proveedores.
Es el único despacho que alcanza ‘Tier 1’ en las ocho áreas de práctica analizadas
Garrigues consolida su posición como firma líder en España en el ranking del directorio internacional IFLR1000, que identifica a las mejores firmas del mundo especializadas en derecho mercantil y financiero de entre más de 120 jurisdicciones.
Por noveno año consecutivo, el despacho es la única firma española reconocida en la banda 1 en las ocho áreas de práctica evaluadas en esta clasificación: restructuring and insolvency; project finance; capital markets: debt; capital markets: structured finance and securitisation; capital markets: equity; banking; M&A; y project development.
Además, Garrigues sigue siendo el único despacho que alcanza la máxima distinción en todas las categorías de mercados de capitales.
Con 36 ediciones, el directorio IFLR1000 es uno de los más prestigiosos en materia mercantil y financiera del sector jurídico. Su clasificación se elabora a partir de entrevistas con clientes y abogados, así como del análisis de las operaciones más relevantes desarrolladas durante el último año.
El Tribunal Supremo reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder al código fuente de las aplicaciones de titularidad pública utilizadas para la adopción de decisiones automatizadas.
El despacho resultó ganador en Financiación de infraestructuras del año: Andes en los LatinFinance Project and Infrastructure Finance Awards
En la última edición de los premios LatinFinance Project and Infrastructure Finance, organizados por la publicación económica LatinFinance, Garrigues ha sido distinguido por su asesoramiento legal en dos proyectos de financiación.
Concretamente, el despacho resultó ganador en la categoría de Financiación de infraestructuras del año: Andes por su asesoramiento a Orygen Energía (filial peruana de Niagara Energy) en una operación de refinanciación integral que combinó un préstamo a plazo de 100 millones de dólares y una línea de crédito renovable de 150 millones. Esta operación se enmarcó dentro de una transacción mayor, que incluyó la emisión de bonos por 1.200 millones de dólares.
Asimismo, Garrigues recibió una mención honorífica por asesorar a entidades crediticias en la refinanciación de varios préstamos vinculados a la cartera de las denominadas “Big Three” (Quillagua, Víctor Jara y Gabriela Mistral) en Chile. Esta operación, valorada en más de 1.000 millones de dólares, generará más de 500 MW.
Durante este año, los equipos locales de Chile, Colombia, México y Perú han sido reconocidos con distintos premios, como el de Empresa Socialmente Responsable para Garrigues México (por décimo año consecutivo); Law Firm of the Year: Peru en los premios LatinFinance Deals of the Year; Deal of the year (Finance) en Legal 500 Awards Colombia; y Highly recommended firm in Chile, Colombia, México and Peru en el ranking Latin Lawyer 250.
El despacho, situado en la posición 19, destaca especialmente por su compromiso con la sostenibilidad
Garrigues ha sido reconocido, un año más, como una de las cien mejores empresas para trabajar en España, según el ranking de Actualidad Económica. En esta edición, el despacho se sitúa en el puesto 19, ascendiendo seis posiciones respecto al año anterior, y se consolida como el primer despacho de abogados en la clasificación. Destacan, además, sus excelentes resultados en las categorías de Ambiente, Gestión del Talento y Formación.
La publicación subraya el compromiso de Garrigues con la sostenibilidad, reflejado tanto en la inauguración de su nueva sede –más eficiente y sostenible, y considerada el primer edificio de negocios en España reconocido como Edificio de Consumo Casi Nulo (ECCN) conforme a las directivas de la Unión Europea- como en la “reducción sostenida de sus emisiones, así como la neutralización del impacto de sus emisiones residuales mediante la compra de créditos equivalentes de CO2”. Asimismo, la publicación recuerda que este año Garrigues ha sido reconocido como el despacho español líder en la lucha contra el cambio climático en el prestigioso ranking Europe's Climate Leaders elaborado por Financial Times y Statista.