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¿Apoderado o representante? El control empresarial en Polonia desde la perspectiva de un inversor español

¿Apoderado o representante? El control empresarial en Polonia desde la perspectiva de un inversor español

Polonia - 

La prokura es una figura clave del derecho polaco que todo inversor extranjero debería conocer. Este artículo explica cómo funciona, en qué se diferencia de un poder ordinario y cómo se compara con las fórmulas de representación empresarial en España.

Un inversor extranjero que opere en el mercado polaco se encontrará rápidamente con la figura de la prokura, es decir, un tipo especial de poder de representación que no existe en el derecho español. A diferencia del poder de representación ordinario (pełnomocnictwo), la prokura otorga al apoderado (prokurent) un alcance de autorización muy amplio, que no puede limitarse con efectos frente a terceros. El presente artículo presenta las características más importantes de la prokura en el marco del derecho polaco, señala las diferencias respecto al poder de representación ordinario (pełnomocnictwo), analiza los distintos tipos de prokura y, a continuación, compara estas instituciones con los mecanismos de representación corporativa españoles, en particular con las figuras del consejero delegado y el apoderado.

Cuándo considerar el nombramiento de un 'prokurent'

Un inversor extranjero que entra en el mercado polaco a través de una sociedad de capital (sp. z o.o. o S.A.) debería considerar el establecimiento de una prokura en las siguientes situaciones:

  • cuando los miembros del consejo de administración no residen de forma permanente en Polonia y necesitan una persona de confianza para la gestión diaria de los asuntos de la sociedad;
  • cuando es necesaria una actuación rápida y flexible en las relaciones comerciales (por ejemplo, al celebrar contratos habituales para ese tipo de empresa en cuestión) sin tener que otorgar poderes específicos en cada ocasión; y
  • cuando la sociedad desea permitir que una persona que no es miembro del consejo de administración (por ejemplo, un director de operaciones) represente plenamente a la sociedad en las relaciones con los contratistas, los bancos y las autoridades.

En comparación con el poder general, la prokura ofrece una ventaja significativa en cuanto a la seguridad de las transacciones: el contratista de la sociedad puede verificar fácilmente la autorización del prokurent en un registro público, y el amplio alcance legalmente definido de la prokura elimina el riesgo de que se cuestione el ámbito de la autorización. Desde la perspectiva de un inversor español, la prokura cumple una función similar a la del consejero delegado con un amplio alcance de delegación, con la importante diferencia de que el prokurent no necesita ser miembro de un órgano de la sociedad.

¿Qué es la 'prokura' y por qué conviene distinguirla del poder de representación ordinario?

La prokura es un tipo especial de poder de representación (pełnomocnictwo) que se distingue, ante todo, por el ámbito limitado de sujetos legitimados a otorgarla. Solo tienen esta competencia los empresarios sujetos a la obligación de inscribirse en el Registro Central de Información sobre la Actividad Económica (CEIDG) o en el Registro Nacional Judicial (KRS).

Conforme al Código Civil, como regla general, cualquier sujeto de derecho puede ser apoderado (pełnomocnik). Tampoco resulta relevante el hecho de poseer plena capacidad jurídica, ya que incluso una capacidad limitada en este ámbito no impide el otorgamiento eficaz de un poder de representación (pełnomocnictwo) a dicha persona.

En el caso de la prokura, este ámbito se ha reducido considerablemente. Solo puede ser prokurent una persona física con plena capacidad jurídica.

La prokura abarca un ámbito de facultades muy amplio y legalmente definido que corresponde al prokurent, el cual incluye el conjunto de los actos, tanto judiciales como extrajudiciales, relacionados con la gestión de la empresa. El alcance de la autorización del prokurent, que se deriva directamente del Código Civil (art. 109¹–109⁸ del C.C.) es la característica clave que distingue la prokura de otros tipos de poder de representación (art. 98 y ss. del C.C.), en los que el poderdante determina por sí mismo el alcance de las facultades del apoderado.

La prokura debe otorgarse por escrito bajo pena de nulidad, al igual que el poder general (pełnomocnictwo). Solo en el caso de que, para la validez del acto jurídico en el que se actúa como apoderado (pełnomocnik), se requiera una forma especial (por ejemplo, la venta de participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada requiere forma escrita con firma notarialmente legitimada, y la venta de bienes inmuebles requiere la forma de escritura notarial), el poder para realizarlo también deberá otorgarse en la misma forma.

Limitaciones

Una característica distintiva de la prokura es que su alcance no puede limitarse con efectos frente a terceros. Los posibles acuerdos internos entre el poderdante y el prokurent vincularán únicamente a las partes de dicha relación, pero no a los contratistas. La situación es diferente en el caso del poder de representación ordinario, donde el poderdante configura libremente el alcance de la autorización.

A pesar de la autorización muy amplia, el legislador ha definido expresamente un catálogo de actos que el prokurent no puede realizar sin un poder específico aparte. Son estos:

  • la enajenación de la empresa,
  • la realización de un acto jurídico en virtud del cual se cede la empresa para uso temporal, y
  • la enajenación y el gravamen de bienes inmuebles (por ejemplo, el establecimiento de servidumbres).

El acto realizado por el prokurent que exceda estas limitaciones es absolutamente nulo.

Tipos de 'prokura'

El Código Civil prevé varios tipos de prokura, que se distinguen por la forma de ejercer la facultad conferida. La elección del tipo adecuado de prokura tiene una importancia práctica fundamental, ya que determina si el prokurent puede actuar de forma autónoma o si requiere la colaboración de otras personas.

  • La prokura individual (unipersonal) constituye la forma más sencilla: el prokurent está facultado para realizar de forma autónoma todos los actos comprendidos en el alcance de la prokura, sin necesidad de colaboración con ninguna otra persona. Se trata de una solución que ofrece la máxima flexibilidad operativa, pero al mismo tiempo conlleva el mayor riesgo para el poderdante, ya que el prokurent actúa con plena autonomía.
  • La prokura conjunta consiste en que, para la realización eficaz de un acto jurídico, se requiere la actuación conjunta de al menos dos prokurent. El poderdante puede determinar si se requiere la actuación conjunta de todos los prokurent o si basta la actuación de un número determinado de ellos. La prokura conjunta constituye un mecanismo de control interno que aumenta la seguridad de las operaciones a costa de la flexibilidad operativa.
  • La prokura conjunta mixta ofrece la posibilidad de limitar la actuación del prokurent exclusivamente de forma conjunta con un miembro del consejo de administración de la sociedad. La admisibilidad de esta solución fue objeto de controversia durante años en la doctrina y la jurisprudencia polacas. Todas las especulaciones académicas concluyeron tras la reforma del Código Civil que entró en vigor el 1 de enero de 2017, cuando se admitió expresamente el otorgamiento de la prokura con la indicación de que el prokurent puede realizar actos conjuntamente con un miembro del órgano de administración o con un socio facultado para representar a una sociedad mercantil de personas.
  • El Código Civil prevé, además, la prokura de sucursal, cuyo alcance se limita a los asuntos inscritos en el registro de la sucursal de la empresa. Es el único caso en que el legislador admite la restricción territorial y material del alcance de la prokura con efectos frente a terceros.

Inscripción en el registro

La prokura se constituye mediante un acto jurídico unilateral de carácter autorizatorio. Su existencia jurídica depende, por tanto, estrictamente de la formulación de la correspondiente declaración de voluntad. El empresario debe notificar el otorgamiento y la extinción de la prokura al registro competente. Sin embargo, la inscripción tiene carácter meramente declarativo, es decir, la prokura se establece en el momento del nombramiento del prokurent y no en el momento de la inscripción de dicha información en el registro.

Hasta el momento del registro nos encontramos ante la denominada prokura no registrada. Los actos realizados por el prokurent antes de la inscripción en el registro seguirán siendo válidos. No obstante, esto supondrá una dificultad significativa en la actividad operativa, ya que el contratista no podrá verificar este hecho en el registro correspondiente y exigirá que se le presente para su consulta la resolución de nombramiento de la prokura.

Revocación del apoderado y del 'prokurent'

Tanto el poder de representación como la prokura pueden revocarse en cualquier momento. En ambos casos, la revocación constituye un acto jurídico unilateral del poderdante y no requiere el consentimiento de la otra parte.

Es importante señalar que el derecho polaco no admite la prokura irrevocable. Se trata de una normativa diferente a la del poder, en la que el poderdante puede renunciar al derecho a revocarlo, siempre que esté justificado por el contenido de la relación jurídica en la que se basa dicho poder. Aunque es legalmente posible y frecuente en el caso de relaciones contractuales y transaccionales complejas, en la actividad operativa cotidiana este tipo de poder irrevocable prácticamente no se presenta.

Responsabilidad

El ejercicio de la prokura, al igual que el del poder de representación ordinario, puede conllevar también responsabilidad legal. El prokurent o el apoderado que, en el ejercicio de sus funciones, cause un daño al poderdante o a terceros incurre en responsabilidad civil conforme a las reglas generales del Código Civil. Frente al poderdante, la base de la responsabilidad la constituyen las disposiciones sobre responsabilidad contractual (art. 471 del C.C.) si el prokurent o el apoderado y el poderdante están vinculados por una relación jurídica (por ejemplo, un contrato de trabajo, un contrato de mandato o un contrato de gestión), o bien las disposiciones sobre responsabilidad extracontractual (art. 415 del C.C.) si tal relación no existe.

En el caso de que el prokurent actúe excediendo el alcance de su autorización (por ejemplo, constituyendo una hipoteca sobre un inmueble de la sociedad sin un poder específico aparte), dicho acto es nulo de pleno derecho, y el prokurent puede incurrir en responsabilidad indemnizatoria frente al tercero que haya sufrido un daño como consecuencia de la celebración de un contrato nulo.

En el caso del apoderado y de las consecuencias de la extralimitación de sus facultades, el mecanismo es diferente. Dicho apoderado se denomina falsus procurator (art. 103 del C.C.) y el acto jurídico (por ejemplo, un contrato celebrado) estará afectado por una ineficacia suspendida, y no por una nulidad absoluta. En otras palabras, el poderdante puede confirmar dicho acto, en cuyo caso este adquiere plena eficacia. Solo la falta de confirmación por parte del poderdante da lugar a la nulidad del acto, y el supuesto apoderado responde ante el tercero, que desconoce la falta de poder del supuesto apoderado, por los daños causados.

Cabe señalar también el riesgo potencial de responsabilidad penal, que se deriva directamente del Código Penal (art. 296 del C.P.). La actuación en perjuicio del poderdante puede dar lugar a responsabilidad por el delito de abuso de confianza si, mediante el abuso de las facultades otorgadas o el incumplimiento de la obligación que incumbre al prokurent o al apoderado, esta causa un daño patrimonial significativo (superior a 200.000 PLN). Es importante destacar que no solo la causación de dicho daño será punible, sino también el mero hecho de provocar el riesgo de causar un perjuicio patrimonial considerable.

‘Prokura’ y poder de representación frente a las instituciones españolas de representación

Al analizar las instituciones polacas de la prokura y el poder de representación ordinario, conviene referirse a las soluciones vigentes en el derecho español, que ha desarrollado mecanismos de representación diferentes en el ámbito mercantil.

El derecho español, regulado en particular por la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010), distingue dos tipos fundamentales de representación de la sociedad: la representación orgánica, ejercida por los miembros del órgano de administración (administradores), y la representación voluntaria, ejercida por los apoderados. En el marco de la representación orgánica, desempeñan un papel clave las figuras del consejero y del consejero delegado.

El consejero es un miembro del Consejo de Administración, es decir, del órgano de administración de la sociedad, que debe contar con al menos tres miembros. Es importante señalar que el consejero por sí mismo no posee facultades individuales para representar a la sociedad. Como regla general, el consejo actúa de forma colegiada. No obstante, los estatutos pueden atribuir facultades de representación a determinados miembros del consejo. Los acuerdos se adoptan en sesión con el quórum exigido y por mayoría de votos (dependiendo del tipo de sociedad y de los estatutos).

El consejero delegado es, por su parte, un miembro del consejo al que este órgano ha delegado parte de sus competencias, permitiéndole actuar de forma autónoma en nombre de la sociedad sin necesidad de convocar una sesión del consejo. Esta delegación requiere un acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios de los miembros del consejo y la celebración de un contrato independiente que determine el alcance de las facultades delegadas. El consejero delegado puede representar plenamente a la sociedad con efectos frente a terceros, siempre que dicha competencia le haya sido conferida e inscrita en el Registro Mercantil.

Por su parte, el apoderado es el equivalente del apoderado polaco (pełnomocnik), una persona designada por el órgano de administración de la sociedad para actuar en su nombre en virtud de un poder otorgado (generalmente notarial). A diferencia del consejero delegado, el apoderado no necesita ser miembro del órgano de administración y puede ser un tercero ajeno a la sociedad. El alcance de su autorización está estrictamente determinado en el contenido del poder y puede limitarse libremente, siendo dichas limitaciones oponibles a terceros, lo que constituye una diferencia significativa en comparación con la prokura polaca, cuyo alcance no puede limitarse con efectos frente a los contratistas. Es importante señalar que existen facultades que no pueden transmitirse al apoderado. Se trata, ante todo, de las competencias estrechamente vinculadas al ejercicio de la función de miembro del órgano de administración, como, por ejemplo, la elaboración de las cuentas anuales.

La prokura polaca no tiene un equivalente directo en el derecho español. Su equivalente funcional más próximo sería el consejero delegado con un amplio alcance de facultades delegadas, aunque las diferencias estructurales siguen siendo significativas. El consejero delegado actúa como órgano de la sociedad en el marco de una delegación interna, mientras que el prokurent actúa en virtud de un poder especial previsto por la ley. Las características descritas anteriormente hacen de la prokura polaca una solución específica que requiere una atención especial por parte de los inversores extranjeros que se incorporan al mercado polaco.

Perú: El plazo para adecuarse a la obligación de designar un oficial de datos personales vence el 30 de junio

Perú: El plazo para adecuarse a la obligación de designar un oficial de datos personales vence el 30 de junio

Perú - 

El 30 de junio vence el plazo para adecuarse a las nuevas exigencias del oficial de datos personales. Abordamos qué empresas deben designarlo, qué perfil se exige y qué riesgos conlleva incumplir esta obligación.

Las empresas obligadas a designar un oficial de datos personales tienen de plazo hasta el 30 de junio de 2026 para adecuarse a la nueva directiva. A continuación, algunas de los temas suelen ser más consultados por los clientes:

La directiva que establece disposiciones para la designación, desempeño y funciones del oficial de datos personales (ODP), aprobada mediante la Resolución Directoral N.° 100-2025-JUS-DGTAIPD el 31 de diciembre de 2025, fijó un plazo de adecuación de 180 días. En la práctica, ello implica que las entidades alcanzadas deben cumplir con estas disposiciones a más tardar el 30 de junio de 2026.

¿Qué entidades están obligadas actualmente a designar a un ODP?

Hoy, la obligación es exigible para empresas con ventas anuales superiores a 2300 UIT (más de S/ 12 millones) que, además, encajen en los supuestos previstos por la directiva. Aun cuando no sea exigible formalmente en todos los casos, la Autoridad de Protección de Datos Personales (ANPD) lo viene promoviendo como buena práctica.

¿Puedo designar como ODP a una persona que físicamente se encuentra en el extranjero?

Sí, pero debe ser una persona con plena accesibilidad y disponibilidad para atender cualquier solicitud de la ANPD y para los titulares de datos. Sus datos de contacto deben informarse a la Autoridad y a los titulares, y la comunicación debe poder darse de manera eficaz en español.

¿Qué formación debe tener el ODP?

La Autoridad exige conocimientos especializados y experiencia práctica –como mínimo por 2 años- en protección de datos personales o materias afines. La formación puede acreditarse no solo con estudios formales, sino también con docencia, investigación o capacitación especializada (mínimo de 90 horas).

¿Cómo se realiza la designación interna del ODP?

La designación debe formalizarse mediante decisión del máximo órgano de administración de la entidad, por ejemplo, mediante sesión de Directorio siempre que resulte aplicable.

¿El oficial de cumplimiento puede asumir el cargo de ODP?

No es lo recomendable. Aunque ambos roles comparten una función de supervisión, el ODP requiere especialización específica en protección de datos personales, por lo que acumular ambos cargos puede resultar cuestionable.

¿Es pública la designación de ODP?

Sí. Desde el 13 de abril de 2026, la ANPD publica un listado de oficiales de datos personales, lo que facilita verificar si una entidad ya cumplió con comunicar su designación.

¿Cuáles son las implicancias de incumplir la obligación de designar a un ODP?

No designar al ODP dentro del plazo puede constituir una infracción leve (USD 5,000.00) y exponer a la entidad a otras sanciones. Más allá de la multa, el riesgo práctico aumenta porque cualquier titular puede contrastar públicamente si la designación fue comunicada.

Con el plazo próximo a vencer, se debe confirmar si su organización está obligada a designar un ODP y, de ser el caso, validar que la designación cumpla con las exigencias formales y de perfil previstas por la normativa. En muchos casos ya se designó al ODP, pero sin tomar en cuenta las obligaciones que trae esta directiva, por lo que el cumplimiento sería parcial. 

Chile: Se crea un contrato especial para trabajadores adultos mayores

Chile: Se crea un contrato especial para trabajadores adultos mayores

Chile  - 

Chile refuerza la protección laboral de las personas mayores con un contrato voluntario para trabajadores desde los 60 años, que incorpora jornada flexible, funciones adaptadas, suspensión pactada y vacaciones anticipadas.

Con fecha 1 de junio de 2026 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.822 que establece un marco integral de protección para las personas mayores en Chile.

Esta nueva ley modifica el Código del Trabajo a fin de regular un contrato especial para los trabajadores de 60 años y más, el cual considera las siguientes características principales:

  • Es voluntario. El nuevo régimen no se aplica automáticamente. Tanto el empleador como el trabajador de 60 años o más deben acordar expresamente que el contrato se regirá por estas nuevas normas. Si no lo pactan, se aplican las reglas generales del Código del Trabajo.
  • Las funciones deben ser compatibles con la salud del trabajador. Las tareas asignadas deben adecuarse a la condición física y capacidades del trabajador adulto mayor, considerando los requerimientos de las funciones en particular, lo que refuerza el deber de cuidado que recae sobre el empleador.
  • Jornada flexible. Se mantienen los límites máximos de jornada semanal y diaria, pero se permite distribuir los horarios de dos formas nuevas:
    • Jornada con bandas horarias: El contrato puede fijar una o más bandas horarias, con horas diferidas de entrada y salida, siendo el trabajador quien elige cuál utilizar, indicándose en el contrato de trabajo la anticipación del aviso para usar uno u otro horario y la cantidad de veces en el mes que el trabajador podrá cambiar de banda horaria. Si el contrato no dice nada sobre aviso previo para uso de este derecho, así como tampoco sobre el límite de cambios de bandas horarias, el trabajador podrá usar este derecho las veces que quiera sin requerir anticipación.
    • Jornada de libre elección horaria: El trabajador decide cómo distribuir su jornada dentro del horario de funcionamiento de la empresa o dentro del rango horario que acuerden las partes, conforme a la naturaleza de las funciones del trabajador.

La elección de la modalidad de jornada flexible deberá constar por escrito y se mantendrá vigente hasta que no se pacte una nueva opción.

También podrá quedar excluido de la limitación de jornada de trabajo cuando la naturaleza de las funciones a desarrollar o la condición física del trabajador adulto mayor lo aconseje.

  • Suspensión del contrato por acuerdo. Empleador y trabajador pueden pactar una pausa en el contrato, período durante el cual el trabajador no prestará servicios ni el empleador pagará remuneraciones, manteniéndose su antigüedad. Al término de la suspensión, el trabajador deberá reintegrarse en condiciones no inferiores a las que tenía antes del inicio de la referida pausa.
  • Durante el período en que se mantenga suspendido el contrato, el trabajador adulto mayor podrá trabajar para otros empleadores.
  • Vacaciones anticipadas. El trabajador adulto mayor puede tomar vacaciones de forma anticipada y proporcional a los días acumulados, desde el séptimo mes de trabajo, sin necesidad de esperar a completar el año.
  • Trabajadores que cumplen 60 años durante el contrato. Si un trabajador cumple 60 años mientras ya tiene un contrato vigente, no se aplican automáticamente las nuevas reglas. Las partes deben acordar expresamente el cambio al nuevo régimen. De lo contrario, se mantendrá el contrato vigente.

Esta ley entrará en vigor el 1 de junio de 2027.

En consecuencia, será importante tener presente esta nueva modalidad de contratación e incorporar oportunamente su regulación en la normativa interna de las empresas.

Garrigues, único despacho de la UE en el ‘ranking’ de FT sobre reducción de emisiones de GEI

Garrigues, único despacho de la UE en el ‘ranking’ de FT sobre reducción de emisiones de GEI

Europa  - 

El despacho ha sido reconocido por su lucha contra el cambio climático en todas las ediciones de este ranking

Garrigues es el único despacho de abogados de la Unión Europea presente en la edición de 2026 del ranking Europe’s Climate Leaders. Esta clasificación, elaborada por Financial Times junto al proveedor de datos Statista, reconoce a las 600 compañías europeas con mayores avances en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El despacho mantiene su presencia en este ranking por sexto año consecutivo. En concreto, Garrigues ha logrado reducir un 51,6% sus emisiones totales, lo que refleja el impacto de las medidas adoptadas en los últimos años.

El ranking pone el foco en las organizaciones que han conseguido mayores reducciones en la intensidad de sus emisiones de GEI de alcance 1 y 2 durante el periodo 2019-2024.