La desalinización gana peso en Latinoamérica, pero con marcos regulatorios muy distintos según el país

Las plantas de desalinización constituyen infraestructura crítica para el aseguramiento del suministro de agua dulce en un contexto global marcado por la creciente escasez hídrica (Water Matters: Resilient, Inclusive and Green Growth through Water Security in Latin America. World Bank. 2022). Estas instalaciones, que transforman agua de mar o agua salobre en agua apta para el consumo humano, el riego agrícola y los procesos industriales mediante tecnologías como la ósmosis inversa o la destilación térmica, se han consolidado como una herramienta fundamental para garantizar la seguridad hídrica de poblaciones y actividades productivas, tal y como señala el Blue Economy Observatory de la Unión Europea.  Su relevancia estratégica se ha intensificado de forma acelerada en los últimos años, impulsada por el cambio climático, la recurrencia de sequías prolongadas, el crecimiento demográfico y la expansión de sectores intensivos en agua como minería, agricultura, energía y, ahora último, centros de datos.

Latinoamérica ha emergido como un destino relevante para la inversión en infraestructura de desalinización, motivada por factores como la extensa franja costera de la región, la presión hídrica que enfrentan sus zonas áridas y semiáridas, la disponibilidad de fuentes de energía renovable que permiten reducir la huella ambiental del proceso (Water Desalination Using Renewable Energy, Technology Brief. IRENA. 2012), y la creciente demanda de agua por parte de centros urbanos e industrias. Sin embargo, el desarrollo de proyectos de desalinización en la región enfrenta un panorama regulatorio heterogéneo y en constante evolución, que abarca desde la concesión de uso de aguas marítimas y los derechos de aprovechamiento, hasta las exigencias en materia de evaluación de impacto ambiental, manejo y disposición de salmuera, y ordenamiento del borde costero. Esta dispersión normativa exige un análisis jurisdiccional detallado para cada proyecto, considerando que los requisitos pueden variar significativamente entre cada país.

En este artículo, se proporciona una visión comparada de los principales aspectos regulatorios aplicables a la instalación y operación de las plantas desalinizadoras en las jurisdicciones relevantes de Latinoamérica, identificando tanto los requisitos comunes como las particularidades de cada marco normativo nacional. El análisis permitirá a los desarrolladores e inversionistas anticipar los desafíos regulatorios, optimizar los tiempos de implementación y estructurar sus proyectos en cumplimiento con la normativa aplicable.