Administrativo

30-08-2022
El pasado 26 de julio de 2022 se radicó en el Senado el Proyecto de Ley 066 de 2022, que tiene como objeto fortalecer el derecho a la protección de los datos personales frente al envío de mensajes publicitarios a través de mensajes de texto (SMS), mensajes web y correos electrónicos, por parte de las empresas que prestan los servicios de comercio.
22-08-2022
Las disposiciones que regulan la tutela de derechos fundamentales en el proyecto de nueva Constitución (NC) pronto a someterse a plebiscito, se hallan en los artículos 119 a 122 y en las disposiciones transitorias cuadragésima segunda y cuadragésima tercera. En este artículo nos detendremos en la acción de tutela del artículo 119, una acción diseñada para reemplazar la acción de protección del artículo 20 de la actual Constitución (CPR).
01-08-2022
En los últimos meses hubo varias novedades en el ámbito del derecho de la competencia y del consumidor, incluyendo un nuevo proyecto de ley sobre competencia desleal y sentencias de la SIC que sientan precedentes innovadores en el país. En esta alerta resumimos los principales puntos de la nueva ley y sentencias.
21-07-2022
Después de una serie de reformas en el sector energético mexicano implementadas por la actual administración, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) ha presentado una solicitud de consultas al gobierno mexicano de conformidad con los artículos 31.2 y 31.4 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
28-06-2022
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pone fin a un procedimiento de infracción iniciado en 2016. La Comisión Europea argumentaba que determinados requisitos de la norma española (establecidos en 2015) para que los particulares pudieran reclamar indemnizaciones por daños derivados de la aplicación de normas con rango de ley contrarias al Derecho de la Unión Europea (UE) convertían en excesivamente difícil la obtención de dichas indemnizaciones (lo que contravenía el principio general de efectividad) y que, además, eran más estrictos que los que se exigen en supuestos de responsabilidad patrimonial por daños producidos por la aplicación de normas contrarias al Derecho español (vulnerando el principio de equivalencia).

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