Administrativo

Artículo de José Miguel de la Calle, socio del departamento Administrativo de Garrigues en Bogotá ('Asuntos legales').

Desde el pasado 23 de marzo, con esta newsletter en Garrigues hemos hecho un esfuerzo por acercaros aquellos temas regulatorios de los que semana a semana las empresas teníais que estar más pendientes desde todas las áreas de práctica del derecho de los negocios. Dado que el estado de alarma toca a su fin en unos pocos días, esta será la última entrega de una publicación que esperamos haya cumplido su función. A partir de ahora, os seguiremos manteniendo informados a través de nuestros formatos habituales de Alertas, Comentarios, Perspectivas o Newsletters.

Esta quincena destacamos la formulación de cuentas anuales y el Impuesto sobre Sociedades, la reanudación de plazos, los juicios telemáticos, el regreso gradual a los centros de trabajo, los concursos de acreedores y el ‘compliance’ penal

Artículo de Julián Esteban Lozano, asociado del Departamento Administrativo de Garrigues en Bogotá ('Asuntos Legales').

Analizamos el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, publicado en el BOE del 29 de abril, por el que se adoptan medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 (RDL 16/2020). El texto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, esto es el 30 de abril de 2020.

Con ocasión de la Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica a través de la expedición del Decreto 417 de 2020, se ha suscitado la expedición de una gran cantidad de normas que tienen como objetivo controlar y convivir con el contagio del virus COVID-19 en el territorio colombiano. Considerando el impacto de tales disposiciones en las diferentes áreas de práctica del Despacho, a continuación, hacemos un breve recuento de las principales disposiciones expedidas entre la semana del 8 y al 14 de abril de 2020.

Aunque hasta el momento el Gobierno de la República no ha otorgado estímulos fiscales o facilidades administrativas a los contribuyentes para hacer frente a los impactos económicos que pueda producir la pandemia del COVID-19, la gran mayoría de los Estados sí han emitido diversas facilidades administrativas, apoyos y/o estímulos fiscales al respecto. 

Con el objeto de mitigar la propagación del COVID-19, la Comisión Permanente de la CRE  (Comisión Regulatoria de Energía) determinó ampliar el periodo de suspensión de plazos y términos de todos los actos y procedimientos ante la CRE. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado una propuesta con más de un centenar de medidas entre las que destaca la habilitación del mes de agosto. La propuesta se presentará al Ministerio de Justicia para contribuir al plan de agilización de la actividad judicial previsto en la disposición adicional décimo novena del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.  Se proponen medidas comunes a todos los órdenes jurisdiccionales y también específicas.