RDL 29/2026: Resumimos las principales medidas en materia de alquiler de vivienda y tributarias
La nueva norma, recientemente convalidada, incorpora modificaciones significativas en la regulación de los arrendamientos urbanos, incluyendo restricciones aplicables a determinadas adquisiciones de vivienda. Además, al igual que hacía el Real Decreto-ley 26/2026, que no fue finalmente convalidado, introduce diversas medidas de relevancia en el régimen de las SOCIMI y en el de imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF, así como medidas para favorecer el ahorro.México: La nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral refuerza el control sobre la información de los inmuebles y facilita la detección de inconsistencias
La integración de la información catastral y registral facilitará la detección de posibles discrepancias sobre los inmuebles y puede tener implicaciones relevantes en materia de contribuciones locales.Fianzas en contratos de obra en México: consideraciones prácticas para una adecuada protección
Las fianzas son una herramienta clave para proteger al propietario frente a incumplimientos en una obra. Su eficacia exige elegir las garantías adecuadas y, sobre todo, mantenerlas actualizadas cuando cambien el precio, los plazos o el alcance del proyecto.El Ayuntamiento de Madrid aprueba el plan especial para regular las condiciones de cambio de uso a VPO en el municipio
El nuevo plan especial fija las condiciones para implantar en la ciudad de Madrid vivienda de protección pública (VPO) en suelos terciarios y dotacionales privados, incrementar la edificabilidad y la densidad de vivienda protegida y habilitar alojamientos temporales en parcelas industriales.Colombia: Bogotá introduce nuevos incentivos y cargas tributarias que reconfiguran la planificación inmobiliaria y urbanística
Bogotá ha aprobado el Acuerdo Distrital 1084 de 2026, mediante el que se introducen diversas medidas destinadas a fomentar la inversión, impulsar la renovación urbana y promover la sostenibilidad en la ciudad. La norma incorpora tanto incentivos tributarios como nuevas cargas fiscales con incidencia directa en el sector inmobiliario y urbanístico.Así quedan las medidas de vivienda con el Real Decreto-ley 28/2026: la no renovación del arrendador exige seis meses de preaviso y puede generar una indemnización a cargo del arrendador
El Real Decreto-ley 28/2026, pendiente de convalidación, prevé que los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, llegado el vencimiento del contrato o de sus prórrogas, se prorroguen tácita y obligatoriamente por periodos sucesivos de cinco años, o de siete si el arrendador es persona jurídica, salvo preaviso válido. Si el arrendador no prorroga, debe pagar una indemnización, salvo en determinados supuestos tasados. La norma entrará en vigor el 15 de noviembre de 2026.Regulación de los arrendamientos de vivienda y de vivienda temporal tras el Real Decreto-ley 29/2026 y limitaciones a la adquisición de vivienda
La nueva norma incorpora modificaciones significativas en la regulación de arrendamientos urbanos, incluyendo restricciones aplicables a determinadas adquisiciones de vivienda.Real Decreto-ley 27/2026: la no renovación del arrendador exige seis meses de preaviso y puede generar una indemnización a cargo del arrendador
El texto, sujeto a convalidación parlamentaria, prevé que los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, llegado el vencimiento del contrato o de sus prórrogas, se prorroguen obligatoriamente por periodos sucesivos de cinco años, o de siete si el arrendador es persona jurídica, salvo preaviso válido. Si el arrendador no prorroga, debe pagar una indemnización, salvo en determinados supuestos excepcionales.El Real Decreto-ley 26/2026 endurece la regulación de los arrendamientos e introduce limitaciones a la adquisición de viviendas
La norma incorpora importantes novedades en materia de vivienda, entre ellas, limitaciones temporales a determinadas adquisiciones de inmuebles, una nueva regulación de los arrendamientos temporales y por habitaciones y cambios relevantes en materia de rentas, derechos de adquisición preferente y procedimientos de desahucio.