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Para esto la ley plantea entre otras cosas:

1. Mejoramiento de condiciones para acceso a créditos, subsidios, beneficios y financiación de vivienda VIS, VIP y vivienda rural.
2. Racionalización del procedimiento de concertación en materia ambiental dentro del trámite de adopción de planes de ordenamiento territorial, que incluye expresamente la obligación de concertación conjunta, cuando existan dos o más autoridades ambientales con jurisdicción sobre el mismo municipio/distrito.
3. Modificación del procedimiento de expedición de planes parciales, en donde se destaca la inclusión de un régimen de transición en caso de cambio normativo, según el cual, el interesado tendrá derecho a escoger la norma urbanística aplicable más favorable para su proyecto.
4. Eliminación del requisito de otorgamiento de escritura pública de urbanización o parcelación como requisito previo para la iniciación de ventas del proyecto inmobiliario.
5. Moderación del régimen de propiedad horizontal para proyectos VIS y VIP con menos de 5 unidades de vivienda.
6. Aumento del plazo del derecho real de superficie (DRS) en materia de infraestructura de transporte, ampliando su término hasta por 80 años, incluidas sus prórrogas. De igual manera, regulación de ciertos temas del régimen del DRS que suscitaban controversia, como la titularidad de las licencias urbanísticas, fijándola en cabeza del superficiario, así como la definición del sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana, impuesto predial y contribución por valorización, todos en cabeza del superficiario.

La ley rige a partir del 14 de enero de 2021, y puede consultarla en el siguiente enlace.