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La reciente aprobación de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular (Ley 7/2022, de 8 de abril) plantea toda una serie de retos para las empresas, que deberán conocer las nuevas obligaciones y figuras tributarias que introduce la norma. La nueva regulación entró en vigor el pasado 10 de abril, a excepción de las medidas fiscales, que lo harán el 1 de enero de 2023. El texto, que incopora al ordenamiento jurídico español, entre otras, la Directiva que modificó en 2018 la Directiva Marco de Residuos y la Directiva sobre reducción del impacto de determinados productos de plástico, supone una oportunidad para reconducir la gestión de residuos y reducir el impacto medioambiental de los plásticos.

La relevancia de esta ley -que llega tras una intensa tramitación parlamentaria de un año y con más de 1.300 enmiendas presentadas entre Congreso y Senado- ha centrado una nueva edición de Los Diálogos de Garrigues Sostenible.

Javier Fernández Rivaya, socio del Departamento de Derecho Administrativo de Garrigues y moderador del encuentro, explicó que los objetivos de la nueva regulación son intensificar la lucha contra el cambio climático, proteger el medioambiente y la salud, progresar en el cumplimiento de algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y cumplir el objetivo europeo de avanzar en la economía circular (con especial foco en el sector del plástico).

Este experto recordó, además, que la nueva norma presta atención a aspectos como seguir reforzando la aplicación del principio de jerarquía de residuos, fortalecer la prevención de la generación de residuos, incrementar los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos (con un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas), o especificar los requisitos mínimos obligatorios aplicables en materia de responsabilidad ampliada del productor. La ley también introduce medidas de reducción del consumo, sensibilización, marcado y ecodiseño de determinados productos de plástico de un solo uso e incluso de prohibición de introducción en el mercado de algunos de ellos. A estas novedades se suma una importante batería de medidas fiscales en materia medioambiental.

Por su parte, Victoria Esteban, counsel de la práctica de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medioambiente de Garrigues, destacó que uno de los principales cambios es el que afecta al modelo actual de gestión en la recogida de residuos. Se establece la obligación de la recogida separada de nuevas fracciones de residuos, adicionales a las ya existentes, que afectan, concretamente, a los biorresiduos, los residuos textiles, los aceites de cocina usados, los residuos domésticos peligrosos y los residuos voluminosos (muebles, enseres…). Esta recogida separada no se limita al ámbito doméstico, sino que afectará también a residuos comerciales e industriales. El calendario de implantación varía en función de la fracción de residuo de que se trate y de quién sea el responsable de su recogida.

Victoria Esteban también abordó otra de las grandes novedades del texto: las medidas orientadas a limitar los plásticos de un solo uso. Según apuntó, la ley establece unos objetivos de reducción de comercialización de los envases alimentarios y los vasos: en 2026 se deberá reducir en un 50% en peso respecto de 2022 y en un 70% en 2030. Mientras que la introducción en el mercado de productos de plástico oxodegradable, como cubiertos, platos o vasos, quedará prohibida.

Según recordó, la nueva regulación incide, además, en el régimen de responsabilidad ampliada del productor, desarrollando de un modo más preciso sus obligaciones. Entre otras cuestiones, se introduce la necesidad de que aporten un mayor grado de información, tanto al público como a las Administraciones Públicas. Además, la ley incluye nuevos regímenes de responsabilidad ampliada para los textiles, muebles y enseres, y los plásticos de uso agrario no envases, así como para los plásticos de un solo uso como son los recipientes alimentarios, vasos, bolsas ligeras o toallitas húmedas y productos del tabaco.

En cuanto a las obligaciones de financiación, subrayó que será necesario cubrir todos los costes, tanto para la recogida separada como para su posterior transporte y tratamiento.

José María Cobos, socio del Departamento Tributario de Garrigues y especialista en fiscalidad medioambiental, analizó las novedosas medidas fiscales introducidas en la ley: la creación del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables; el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos; o la obligatoriedad de que las entidades locales establezcan una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria sobre la recogida, transporte y tratamiento de residuos, entre otras. En este sentido, recordó que la ley impone a la Administración la obligación de usar instrumentos económicos y otras medidas incentivadoras para la aplicación de la jerarquía de los residuos y regula también de manera específica las medidas para la reducción de residuos alimentarios.

En opinión de este experto, hasta ahora había un cierto desorden en la tributación medioambiental en España. La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular viene a poner orden en relación con los impuestos sobre depósitos de residuos y lleva a cabo un esfuerzo de armonización, fijando el impuesto a nivel estatal -aunque con gestión y recaudación autonómica-, evitando así la proliferación de tributos en las diferentes comunidades autónomas.

Finalmente, Máximo Martín, socio de G-advisory, filial de Garrigues que ofrece asesoramiento técnico, económico y estratégico en todo tipo de energías y servicios ESG (Environment, Social & Governance), llamó a la urgencia en la adopción de medidas en favor de la sostenibilidad, teniendo en cuenta que en España la mitad de los residuos urbanos llegan a vertedero y los objetivos de mejora fijados para el año 2020 se han incumplido. Pero dejó espacio para el optimismo: en su opinión, la nueva regulación puede ser una oportunidad para la iniciativa privada en ámbitos como el biogás, el combustible sólido recuperado o los nuevos SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor) previstos. También planteó algunos interrogantes que surgen, por ejemplo, en relación con el reciclaje de las baterías de los coches eléctricos, totalmente necesario para el desarrollo del vehículo eléctrico.

Máximo Martín puso de relieve que en la nueva ley se ha puesto el foco en los plásticos, un tema que, según dijo, requiere una reflexión profunda y supone un importante reto tecnológico, especialmente por la diversa tipología de plásticos existente. Finalmente, confirmó que el tema de la responsabilidad ampliada de los productores es el que más inquietud está generando entre los clientes, con nuevos SCRAP (plásticos, textiles), ampliación de los existentes o potenciales Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para envases.

Para más información, en este documento los expertos de Garrigues analizan todas las claves de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.