Luz verde al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que obliga a implantar planes de movilidad sostenible y marca la hoja de ruta hacia la descarbonización del transporte en España

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y ha acordado su remisión al Senado para continuar la tramitación parlamentaria.

El proyecto persigue dotar al ordenamiento de un marco homogéneo que integre infraestructuras, servicios y políticas de movilidad, alinee los objetivos nacionales con la normativa y estrategias de la UE en energía y clima, y fortalezca la cooperación entre administraciones. Entre sus ejes, destacan:

• Establecer la movilidad como derecho colectivo y fijar principios rectores de sostenibilidad ambiental, social y económica, digitalización, accesibilidad universal, resiliencia del sistema y transparencia.
• Crear instrumentos de gobernanza y cooperación: el Sistema General de Movilidad Sostenible, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible y el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM).
• Reforzar la financiación del transporte público urbano mediante un nuevo Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO-FCPJ), con metodología reglada y criterios objetivos.
• Promover la movilidad activa y el transporte público en entornos urbanos, habilitar carriles reservados y desplegar infraestructura de recarga rápida y ultrarrápida, con especial atención a las necesidades de los vehículos pesados.
• Descarbonizar el transporte aéreo y marítimo fomentando electricidad renovable, hidrógeno, biometano y combustibles sostenibles, con marcos de actuación específicos en aeropuertos y puertos.
• Implantar planes de movilidad sostenible al trabajo: obligación para centros de trabajo con más de 200 trabajadores o 100 por turno, que deberá implantarse por parte de las empresas en un plazo de 24 meses desde la entrada en vigor. Los planes deberán negociarse con la representación legal de los trabajadores en los términos previstos en la norma, deberán ser registrados en el EDIM y ser objeto de seguimiento bienal.
            
  La norma determina el contenido que deberán tener los planes, incluyendo la posibilidad de compensar la huella de carbono sobre la que no se haya podido actuar, y establece que para su elaboración deberá tenerse en cuenta el plan de movilidad sostenible de la entidad local en cuyo ámbito territorial se ubique el centro y los instrumentos de regulación de la movilidad aprobados por la administración competente en materia de transportes y movilidad. Se prevé un contenido específico para los planes de los centros de trabajo de alta ocupación (centros de más de 1.000 trabajadores situados en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes) y se remite al desarrollo reglamentario para la implantación de la figura del gestor de movilidad.

Además, el texto fija múltiples hitos de despliegue, entre los que destacan, por ejemplo:

• Aprobación de un primer Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS), en un plazo de 18 meses.
• Elaboración de una metodología de evaluación de inversiones, en 2 años.
• Publicación de las bases reguladoras de las subvenciones al transporte urbano, en 12 meses.
• Digitalización obligatoria de determinados documentos de control en el transporte de mercancías, en 10 meses.
• Marcos normativos sectoriales específicos en puertos y aeropuertos con calendarios definidos.

El proyecto prevé desde un principio la aprobación progresiva de numerosos desarrollos reglamentarios, así como de órdenes ministeriales para concretar metodologías e indicadores para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el mismo.

Un nuevo modelo de movilidad en España

En definitiva, la futura Ley de Movilidad Sostenible constituye un hito en la configuración de un nuevo modelo de movilidad en España, orientado a garantizar el derecho a desplazarse de forma segura, accesible y sostenible, en coherencia con los compromisos climáticos y energéticos de la Unión Europea. Su aprobación permitirá disponer de un marco jurídico integral que articule infraestructuras, servicios y políticas bajo criterios de eficiencia, digitalización y neutralidad climática, reforzando al mismo tiempo la cooperación interadministrativa y la financiación estable del transporte público.

Será necesario estar pendientes de su tramitación en el Senado, para comprobar si el texto aprobado por el Congreso es o no objeto de modificaciones.