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Colombia: Novedades en materia de derecho administrativo

Comentario Administrativo Colombia

En esta publicación del equipo de derecho administrativo de la oficina de Bogotá, compartimos las novedades de las últimas semanas en el sector público y sectores regulados en Colombia. Así, destacamos los temas jurídicos más relevantes en asuntos de contratación estatal, derecho disciplinario y de los sectores de hidrocarburos, energía y telecomunicaciones.

Contratación estatal

Suspensión provisional de la Directiva Presidencial 08 de 2022

El 22 de febrero de 2023 el Consejo de Estado decretó una medida cautelar consistente en la suspensión provisional del inciso 4º del numeral 1.1 de la Directiva Presidencial 08 de 2022, que impedía a entidades del orden nacional celebrar contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión con personas naturales que ya tuvieran con contratos de esa naturaleza con otras entidades públicas.

Los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual, diferentes a los de consultoría, que se derivan del cumplimiento de las funciones de las entidades del Estado, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales.

Frente a la directiva presidencial, el Consejo de Estado señaló que el presidente de la República se extralimitó en sus competencias de reglamentación, ya que impuso una restricción que el legislador no previó. Bajo este contexto, reiteró que el régimen de incompatibilidades para celebrar este tipo de contratos tiene reserva de ley.

Decreto 142 de 2023

Este decreto, expedido el 1º de febrero, busca promover el acceso al sistema de compras públicas de las MiPymes, las cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, y adicionalmente incorporar criterios sociales y ambientales para la contratación con el Estado.

Con este objetivo, el decreto busca que las entidades estatales dividan sus contratos en lotes o segmentos que permitan la participación de MiPymes, tomando en consideración criterios tales como el tipo de entregable, el valor del contrato y el ámbito geográfico de la entrega. Además, las entidades estatales podrán establecer en estos contratos el número máximo de lotes que se adjudicarán a cada MiPymes para así evitar la concentración en un solo contratista. Asimismo, se usarán catálogos de bienes y servicios con características técnicas no uniformes que pueden ser provistos por las MiPymes.

Por otro lado, este decreto señala que en licitaciones y selecciones abreviadas de menor cuantía podrán usarse criterios ambientales o sociales para evaluar la mejor relación calidad – precio. Estos criterios podrán ser incluidos dentro de las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos. Además, en los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con Mipymes y Grandes Almacenes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, podrán tomarse en consideración criterios sociales y ambientales para permitir el ingreso de los proveedores al catálogo.

Novedades en materia disciplinaria

Competencias de la Procuraduría General de la Nación

Mediante sentencia C-030 de 2023 – cuyo alcance se conoció mediante el Comunicado 04 de 2023 -, la Corte Constitucional se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la Ley 2094 de 2021, por medio de la cual se reformó el Código General Disciplinario en punto a otorgar funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación para suspender, destituir e inhabilitar a servidores públicos de elección popular.

En la sentencia, la Corte declaró la inexequibilidad de las facultades jurisdiccionales otorgadas a la Procuraduría. Sin embargo, declaró exequibles condicionadamente los artículos de la ley que permiten a esa entidad suspender, destituir e inhabilitar a servidores públicos de elección popular, bajo el entendido de que esas funciones son de naturaleza administrativa y de que las decisiones que se tomen con base en esas funciones deberán tener un control automático por parte del juez natural, esto es, el juez de lo contencioso administrativo.

La Corte Constitucional indicó que otorgar funciones jurisdiccionales a la Procuraduría de suspender, destituir e inhabilitar servidores públicos de elección popular vulneran el artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 8 y 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos que hace parte del bloque de constitucionalidad, en tanto que desconoce la garantía de juez natural, garantía fundamental para asegurar que las decisiones administrativas no generen una interferencia indebida en el mandato popular y en los derechos políticos del sancionado.

Hidrocarburos y energía

Precios de combustibles

Por medio de las Resoluciones 40161 y 40162 de 2023, el Ministerio de Minas y Energía estableció el valor del ingreso al productor previsto en las estructuras de precios de la gasolina motor corriente, del ACPM y del biocombustible. Así, a partir del 1º de febrero de 2023 tienen aplicación las siguientes medidas:

  • Para la gasolina motor corriente se fijó un valor correspondiente al ingreso al productor de COP$5.916,50 por galón, que operará en todas las zonas del país, sin importar el nivel de mezclas con alcohol carburante fijado para cada una de ellas.
  • Para el combustible fósil ACPM se fijó un valor correspondiente al ingreso al productor de COP$4.428,95 por galón, que operará en todas las zonas del país sin importar el nivel de mezclas con biocombustible para uso en motores diésel fijado para cada una de ellas.
  • Para el biocombustible para uso en motores diésel se fijó un valor correspondiente al ingreso al productor de COP$20.303,34 por galón, que no se verá afectado por la modificación en el nivel de mezclas con ACPM.

Telecomunicaciones

Permisos de uso del espectro radioeléctrico

Por medio de la Resolución 706 de 2023, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) declaró abierto el proceso de selección objetiva número 001 de 2023, con el que se busca asignar dos bandas del espectro radioeléctrico, así:

1) Segmentos atribuidos a los servicios fijos radioeléctricos para su operación mediante enlaces de comunicación punto a punto, en los siguientes rangos:

  • Banda SHF en el rango de 3.7 GHz a 23.6 GHz.
  • Banda EHF en los rangos de 71 GHz a 76 GHz y 81 GHz a 86 GHz.

El plazo para presentar propuestas es desde el 22 de febrero hasta las 6:00 pm del 17 de noviembre de 2023.

2) Segmentos atribuidos a los servicios radioeléctricos fijo y móvil terrestre para la operación de sistemas de cubrimiento, en los siguientes rangos:

  • Banda HF en el rango 3 MHz a 30 MHz.
  • Banda VHF en el rango de 30 MHz a 300 MHz.
  • Banda UHF en el rango de 300 MHz a 3000 MHz, exceptuando los rangos de 806 MHz a 824 MHz y de 851 MHz a 869 MHz.

El plazo para presentar propuestas es desde el 22 de febrero hasta las 6:00 pm del 9 de noviembre de 2023.

Proyecto de resolución sobre política pública de vigilancia preventiva del MinTIC

El MinTIC publicó para comentarios un proyecto de resolución para actualizar la política pública de vigilancia preventiva – PrevenTIC-, política mediante la cual se busca prevenir el incumplimiento de obligaciones normativas por parte de los vigilados del MinTIC.

Como principal novedad que trae esta iniciativa, se observa que los vigilados ya no podrán asumir compromisos que sean producto de procesos de autoevaluación sobre el estado de cumplimiento de sus obligaciones normativas. En efecto, los vigilados actualmente cuentan con la posibilidad de realizar dichas autoevaluaciones para compartir sus resultados con el MinTIC, asumiendo compromisos de mejora, cuyo cumplimiento sería verificado por esta autoridad.

A pesar de lo anterior, el proyecto permitiría realizar procesos de diagnóstico sobre el cumplimiento de las obligaciones normativas de los vigilados. De esta manera, el MinTIC espera tener un rol más relevante en los procesos de evaluación que voluntariamente decidan adelantar sus vigilados para determinar el estado de cumplimiento de sus obligaciones.

Por último, se resalta que el proyecto normativo establece que el MinTIC deberá realizar actividades de promoción del cumplimiento de las obligaciones en cabeza de sus vigilados tomando en consideración las particularidades de los diferentes operadores y proveedores de servicios postales y de telecomunicaciones.