Colombia: El Decreto Legislativo 1417 de 2026 plantea retos interpretativos y operativos que condicionarán la efectividad de las medidas laborales de emergencia

El Gobierno Nacional de Colombia expidió el Decreto Legislativo 1417 del 17 de septiembre de 2026, mediante el cual adoptó medidas extraordinarias y temporales para proteger el empleo y los ingresos de las personas damnificadas por el sismo del 10 de agosto de 2026, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica.

Si bien el decreto incorpora distintos mecanismos para mitigar los efectos laborales y económicos de la emergencia, su aplicación plantea varios retos prácticos y operativos. Entre ellos se encuentran la definición del ámbito territorial, algunas dudas interpretativas sobre sus requisitos y la implementación de medidas que dependen de actuaciones previas de otras autoridades administrativas.

Uno de los principales retos es justamente la determinación de su ámbito territorial. Aunque la norma parte de los municipios comprendidos dentro del estado de emergencia y permite incorporar posteriormente otros territorios cuando se acredite una afectación concreta derivada del sismo, no define con claridad cuál debe ser el criterio territorial relevante frente a cada relación laboral.

Esto puede generar dudas cuando el domicilio del empleador, el establecimiento afectado, el lugar de prestación del servicio y la residencia del trabajador se encuentran en municipios distintos. Por ejemplo, una empresa puede tener su domicilio principal en una zona no afectada, pero operar una planta o sucursal en un municipio cobijado por la emergencia.

También puede ocurrir lo contrario, es decir que el empleador esté ubicado en un municipio incluido, mientras que algunos de sus trabajadores se encuentren prestando sus servicios permanentemente desde otros territorios. En estos casos, no es claro si la aplicación de las medidas debe depender de la ubicación de la empresa, del establecimiento afectado, del lugar de prestación del servicio o de los tres indistintamente.

La misma dificultad puede presentarse frente a teletrabajadores, pues el decreto no precisa si debe atenderse al domicilio del empleador o al lugar desde el cual presta efectivamente sus servicios.

Además de las dificultades territoriales, el decreto deja algunos aspectos que podrían requerir mayor precisión en su reglamentación.

Uno de ellos es la identificación de las micro y pequeñas empresas beneficiarias. La norma las clasifica exclusivamente según su número de trabajadores, pero no señala expresamente en qué momento debe verificarse el tamaño de la empresa. Esto puede generar dudas en compañías cuya nómina varíe entre un mes y otro, o que se encuentren cerca del límite de trabajadores previsto por la norma.

También pueden surgir dudas sobre el salario que debe tener el trabajador para que el empleador pueda acceder al apoyo a la nómina. El decreto exige que el trabajador respecto del cual se solicita el beneficio devengue entre uno y dos salarios mínimos, pero no aclara qué período debe tomarse como referencia para verificar ese límite ni cómo deben contabilizarse pagos variables, como comisiones, horas extras o recargos, que pueden hacer que en un determinado mes se supere dicho rango.

Asimismo, el decreto prevé un trámite excepcional para las solicitudes de suspensión temporal de actividades, que deberán ser decididas por el Ministerio del Trabajo dentro de los 15 días hábiles siguientes a su radicación en debida forma. Sin embargo, no precisa con suficiente detalle qué debe entenderse por una solicitud presentada “en debida forma” ni cuál es el efecto sobre el cómputo de este término ante eventuales requerimientos posteriores de información. Esta indeterminación puede generar dudas sobre el momento exacto a partir del cual empieza a correr el plazo de 15 días y, en consecuencia, afectar la finalidad de agilizar este tipo de procedimientos.

Por otro lado, el decreto permite que los trabajadores damnificados cuyo contrato haya sido suspendido por causa de la emergencia retiren parcialmente sus cesantías para compensar los salarios que dejarán de percibir durante ese período. Sin embargo, el retiro depende de que la suspensión haya sido previamente autorizada por las autoridades. Por ello, el trabajador debe esperar primero la actuación administrativa correspondiente antes de acudir al fondo de cesantías, lo que puede retrasar el acceso efectivo a estos recursos.

Finalmente, el decreto introduce una regla excepcional en materia de vacaciones. Cuando la operación del empleador o la situación del trabajador hayan sido directamente afectados por el sismo, el empleador podrá comunicar el inicio de las vacaciones con solo un día calendario de anticipación. A su vez, el trabajador damnificado podrá solicitar sus vacaciones con ese mismo plazo. No obstante, esta posibilidad únicamente reduce el término para presentar la solicitud y no obliga al empleador a concederlas de manera automática, por lo que este conserva la facultad de evaluar su procedencia conforme a las necesidades de la operación.

Sin duda, el decreto refleja un esfuerzo por proteger el empleo mediante apoyos a la nómina, medidas para trabajadores cesantes y mecanismos laborales temporales. Sin embargo, su efectividad dependerá en buena medida de una actuación ágil y coordinada de las entidades encargadas de su implementación.

Este esfuerzo, además, continúa desarrollándose, ya que recientemente el Ministerio del Trabajo de Colombia publicó para comentarios un proyecto de decreto que busca poner en marcha el programa El Empleo Responde en la Patria Milagro, orientado a generar empleos temporales para personas damnificadas, con vinculaciones de hasta seis meses e incentivos para los empleadores participantes. De ser expedido en los términos propuestos, este programa complementaría el enfoque del decreto, incorporando mecanismos de generación de empleo en el marco de la reconstrucción de las afectaciones causadas por el sismo del 10 de agosto de 2026.