Reforma a la Ley de Aguas Nacionales en México: un nuevo paradigma de gestión hídrica para las industrias

La reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales transforma de manera profunda el marco jurídico que regula el uso, manejo y aprovechamiento del agua en México. Las modificaciones fortalecen la gestión pública del recurso hídrico e introducen obligaciones más estrictas para todos los usuarios (industriales, comerciales, agrícolas, turísticos, inmobiliarios y de servicios) con un enfoque en la sostenibilidad, la seguridad hídrica y la participación social.

A continuación, se presentan los cambios más relevantes y sus implicaciones prácticas para el sector productivo.

1. Prioridad del consumo humano y doméstico

• Se establece como eje rector la prioridad del uso humano y doméstico. Esto significa que todas las concesiones, autorizaciones y prórrogas deberán ajustarse a este criterio.
• La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) podrá disminuir o cancelar volúmenes concesionados cuando exista riesgo para dicho uso prioritario, previa valoración técnica y notificación a los usuarios.
• Se incorpora la responsabilidad hídrica, exigible a todos los usuarios, así como el principio de seguridad hídrica para garantizar el derecho humano al agua.

Recomendación a seguir por parte de las empresas:
Mantener un expediente documental sólido sobre el uso del recurso, el cumplimiento de las condiciones de los títulos y la operación de la infraestructura hídrica para evitar sanciones y facilitar la obtención de prórrogas o nuevos títulos.

2. Nuevo régimen de concesiones, asignaciones y reasignaciones

La reforma endurece y redefine los criterios para el otorgamiento, modificación y continuidad de los títulos:

• Se prohíbe la transmisión de concesiones y permisos, salvo en casos específicos: sucesión, fusiones o escisiones, transmisiones de propiedad con títulos vinculados o transmisión de tierras ejidales/comunales.
• Se crean procedimientos expeditos de reasignación, sin análisis de disponibilidad.
• Se otorgarán prórrogas únicamente si se acredita el cumplimiento hídrico continuo.
• Se limitará a dos prórrogas el uso de la cuota de garantía de no caducidad.
• Se eliminará la posibilidad de modificar el uso autorizado, evitando la mercantilización del agua.
• Se implementará un programa voluntario de regularización para títulos y obras en zonas de libre alumbramiento.

Recomendación a seguir:
Preparar con anticipación la documentación de cumplimiento hídrico para aprovechar los mecanismos de regularización y asegurar la continuidad operativa.

3. Impulso al reúso y control de descargas

La reforma promueve una gestión hídrica sostenible mediante:

• Incentivos al reúso de aguas residuales tratadas y no tratadas, conforme a la norma oficial mexicana (NOM) y las mejores prácticas internacionales.
• La obligación de contar con autorización de la CONAGUA para sistemas de captación de agua pluvial con usos distintos al doméstico o urbano.
• Condiciones más estrictas para el tratamiento, reúso y control de descargas industriales.
• La obligación de proteger ecosistemas, cuerpos de agua y salud humana.

Recomendación a seguir:
Implementar programas de control y monitoreo de descargas, así como estrategias de reúso para reducir riesgos penales y administrativos, y generar eficiencias operativas y ahorros significativos.

4. Régimen sancionador y delitos hídricos

La reforma establece un régimen sancionador mucho más severo:

• Multas de hasta 30,000 unidades de medida y actualización (UMAs), clausuras temporales y revocación de títulos.
• Mayor número de infracciones y ampliación de las facultades de inspección de la CONAGUA.
• Sanciones agravadas por reincidencia.
• Evaluación de la responsabilidad hídrica del usuario al determinar las sanciones.
• Exención única para infracciones no graves, si se corrigen oportunamente.
• Tipificación de delitos hídricos, incluyendo la manipulación de los sistemas de medición, la alteración de cauces, la extracción ilegal y actos de corrupción vinculados a la gestión del recurso.

Recomendación a seguir:
Adoptar sistemas de trazabilidad y cumplimiento hídrico para evitar sanciones, reducir riesgos penales y asegurar la continuidad en la operación y en el acceso al recurso.

5. Disposiciones transitorias y reglas de implementación

• La reforma entra en vigor al día siguiente de su publicación.
• Se otorgan 180 días para emitir reglamentos y actualizar la normativa.
• Se aplicará la legislación anterior de forma transitoria, excepto para transmisiones y cambios de uso (los cuales quedan prohibidos).
• El mecanismo de reasignación será aplicable dentro de los primeros 180 días.
• Se mantendrán vigentes las reglas actuales de la cuota de garantía hasta que se expida un nuevo reglamento.
• Se emitirán programas de regularización y simplificación con prioridad en zonas vulnerables.
• Quedan pendientes las reglas sobre responsabilidad hídrica y la modernización de los sistemas de medición.

Como conclusión, la reforma marca un cambio de paradigma: una mayor centralización del Estado, un énfasis en la sustentabilidad, un control estricto del uso del agua y un régimen sancionador reforzado. Las empresas deberán adaptarse rápidamente para garantizar la continuidad operativa y evitar contingencias legales.