La tutela del socio minoritario en la empresa familiar: el papel de las materias reservadas

El artículo 159.2 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece que los acuerdos de la junta general vinculan a todos los socios, incluidos los disidentes y quienes no hayan participado en la reunión. Esta regla, conforme a la cual los acuerdos se adoptan por mayoría, plantea una cuestión especialmente relevante en la empresa familiar: ¿qué mecanismos tiene el socio minoritario para proteger su posición cuando discrepa de las decisiones de la mayoría?

La cuestión adquiere especial importancia en sociedades en las que la condición de socio está ligada a la pertenencia a una familia o a la voluntad de preservar el patrimonio familiar, y en las que la transmisión de las participaciones no siempre constituye una alternativa realista. En estos casos, no basta con atender al porcentaje de capital que representa cada socio, sino que resulta fundamental determinar qué decisiones puede adoptar la mayoría sin su consentimiento.

Para analizar la posición del minoritario conviene distinguir entre la protección que le reconoce directamente la ley y la que puede articularse mediante acuerdos entre los socios. La primera establece límites al poder de la mayoría y reconoce determinados derechos al minoritario. La segunda permite reforzar esa protección mediante la atribución de mayorías reforzadas o el sometimiento de determinadas decisiones a requisitos adicionales. Es en este segundo ámbito donde cobran relevancia las llamadas materias reservadas, cuyo fundamento y alcance deben distinguirse de los mecanismos de tutela legal.

La tutela individual frente a la mayoría

La LSC establece distintos mecanismos de protección del socio frente a determinadas decisiones de la mayoría. En algunos supuestos se exige el consentimiento individual del afectado, como para la modificación estatutaria que imponga nuevas obligaciones a los socios y, en la sociedad de responsabilidad limitada, la que afecte a sus derechos individuales (artículos 291 y 292 de la LSC). La creación o modificación de prestaciones accesorias también requiere el consentimiento de los obligados (artículo 89.1 de la LSC).

Otros acuerdos requieren el consentimiento unánime de todos los socios, como la incorporación de causas estatutarias de separación o de exclusión y la introducción de cláusulas que prohíban la transmisión voluntaria de las participaciones sociales (artículos 108.3, 347.2 y 351 de la LSC). En este último supuesto, la prohibición debe reconocer al socio el derecho a separarse de la sociedad en cualquier momento, sin perjuicio de la posibilidad de establecer determinadas limitaciones temporales en los términos previstos en el artículo 108.4 de la LSC.

En la sociedad anónima, la protección puede adoptar la forma de una votación separada. Si una modificación estatutaria afecta a los derechos de una clase de acciones, el acuerdo de la junta debe contar también con el respaldo de la mayoría de las acciones de la clase afectada. La misma protección se extiende al supuesto en que la modificación afecte solo a una parte de las acciones de una misma clase y suponga un trato discriminatorio entre ellas (artículo 293 de la LSC).

A estas garantías se suma el control del abuso de la mayoría. Un acuerdo puede ser impugnable, aunque no cause daño al patrimonio social cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, la mayoría lo adopta en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios (artículo 204.1 de la LSC). Por su parte, el régimen del conflicto de interés priva al socio del voto en determinados acuerdos y, en los demás, desplaza la carga de la prueba cuando su voto ha sido decisivo para la adopción del acuerdo (artículo 190 de la LSC).

Estos mecanismos protegen al socio minoritario frente a determinadas decisiones, pero no le permiten intervenir en otras decisiones de la sociedad que, sin afectar directamente a sus derechos, pueden resultar relevantes para sus intereses.

Las materias reservadas como mecanismo de protección del minoritario

Frente a las limitaciones de la protección legal, los socios pueden acordar que determinadas decisiones queden sujetas a requisitos adicionales o mayorías reforzadas. Estas son las llamadas materias reservadas. No son un derecho que la ley atribuya al minoritario por su condición de tal, sino que su contenido depende de lo que acuerden los socios. Su fundamento está en la autonomía de la voluntad y, en el ámbito estatutario, en la posibilidad de incluir los pactos que los socios juzguen convenientes, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del tipo social elegido (artículo 28 de la LSC).

La forma de articularlas depende del tipo social y de la decisión de que se trate. En la sociedad de responsabilidad limitada, los estatutos pueden exigir para todos o algunos asuntos un porcentaje de votos superior al legal, sin llegar a la unanimidad, y añadir el voto favorable de un determinado número de socios (artículo 200 de la LSC). En la sociedad anónima, es posible elevar las mayorías previstas en la ley (artículo 201.3 de la LSC). Además, salvo disposición estatutaria en contrario, la junta puede impartir instrucciones al órgano de administración o someter a su autorización determinados asuntos de gestión (artículo 161 de la LSC). Esta última posibilidad permite sujetar al acuerdo de la junta y a sus mayorías reforzadas decisiones que, de otro modo, corresponderían a los administradores.

La libertad de configuración no es ilimitada. Deben respetarse tanto las competencias que la ley atribuye a la junta general (artículo 160 de la LSC) como las facultades indelegables del consejo de administración (artículo 249 bis de la LSC), que condicionan la posibilidad de someter determinados asuntos de gestión a la autorización de la junta.

Estatutos o pacto parasocial: dónde recoger las materias reservadas

No basta con acordar qué decisiones quedan reservadas; también hay que decidir dónde recoger la reserva. Los estatutos vinculan a la sociedad y a quienes adquieran en el futuro la condición de socio. En cambio, los pactos que se mantengan reservados entre los socios no son oponibles a la sociedad (artículo 29 de la LSC). Esta diferencia tiene especial relevancia en la empresa familiar, donde la transmisión del capital entre generaciones puede modificar la composición del accionariado y exigir que los mecanismos de adhesión al pacto se hayan previsto adecuadamente para mantener la continuidad de los compromisos asumidos por los socios.

La tutela legal y las materias reservadas cumplen, por tanto, funciones distintas. Mientras que la primera ofrece una protección limitada a los supuestos previstos en la ley, las segundas permiten ampliar la capacidad de intervención del minoritario en determinadas decisiones. Su alcance dependerá de cómo se configuren y de dónde se recojan. Por eso conviene abordar estas cuestiones al diseñar los estatutos o negociar la entrada de un nuevo socio, y no esperar a que surja un conflicto, cuando el margen de negociación puede ser mucho menor.