La Suprema Corte valida el límite al incremento de rentas en la Ciudad de México

El 25 de febrero de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el Amparo en Revisión 546/2025, declarando la constitucionalidad de las reformas al Código Civil para la Ciudad de México en materia de arrendamiento de vivienda, publicadas en agosto de 2024.

Antecedentes

El pasado 28 de agosto de 2024 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un decreto que reformó los artículos 2448 D y 2448 F del Código Civil local, estableciendo: (i) un límite al incremento anual de la renta de inmuebles destinados a casa habitación, que no puede exceder la inflación del año anterior, y (ii) la obligación de registrar los contratos de arrendamiento en un registro digital de contratos de arrendamiento administrado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Derivado de lo anterior, una empresa dedicada al arrendamiento de inmuebles para casa habitación promovió juicio de amparo contra del Congreso de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el director general Jurídico y de Estudios Legislativos del Gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, argumentando que dichas reformas vulneraban sus derechos de propiedad, libertad contractual, libertad de comercio, seguridad jurídica y protección de datos personales.

Decisión de la SCJN

La SCJN determinó que ambas medidas son constitucionales. Respecto del límite al incremento de rentas, concluyó que persigue una finalidad legítima: proteger el derecho a una vivienda adecuada y prevenir aumentos desproporcionados que afecten la asequibilidad. Asimismo, determinó que la norma no elimina la libertad contractual ni el derecho a la propiedad, ya que permite a las partes seguir fijando libremente el monto inicial de la renta y las demás condiciones del arrendamiento. Además, la SCJN enfatizó que la norma no prohíbe los aumentos ni congela las rentas, sino que únicamente los delimita conforme a un parámetro objetivo, sin afectar la libertad contractual.

En lo relativo al registro digital de contratos de arrendamiento, la SCJN sostuvo que su propósito es recabar únicamente la información indispensable para identificar los inmuebles arrendados y verificar que los incrementos de renta se ajusten al límite permitido. Además, la SCJN también sostuvo que la información proporcionada deberá administrarse bajo estrictas medidas de confidencialidad y con pleno respeto a la normativa en materia de protección de datos personales, para garantizar su adecuado tratamiento y, de esa manera, no violar la protección de datos personales.

Implicaciones

Con esta resolución, la SCJN confirma la validez del marco regulatorio aplicable al arrendamiento de vivienda en la Ciudad de México, lo que proporciona certeza jurídica tanto a arrendadores como a arrendatarios respecto de los límites permitidos en los incrementos anuales de renta. Para los arrendadores, implica la obligación de ajustar cualquier aumento conforme a la inflación anual y de registrar sus contratos en el registro digital de contratos de arrendamiento. Para los arrendatarios, la decisión fortalece la protección de su derecho a una vivienda asequible y garantiza que las rentas no puedan incrementarse por encima de la inflación, evitando así aumentos desproporcionados o injustificados.

La resolución de la SCJN no solo consolida un precedente relevante en materia de regulación de rentas, sino que también reafirma que la intervención legislativa puede armonizar la libertad contractual con la necesidad de asegurar condiciones razonables de asequibilidad en el mercado habitacional. Con ello, se configura un esquema normativo claro y predecible que evita incrementos excesivos, protege a los arrendatarios frente a variaciones injustificadas y contribuye a un entorno de mayor estabilidad y transparencia para todas las personas involucradas en el mercado de arrendamiento en la Ciudad de México.