El requisito de la principal fuente de renta en el régimen de empresa familiar: qué han aclarado los tribunales y qué sigue sin ser resuelto

La exención de la empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) es una de las piezas centrales de la planificación patrimonial en España. El artículo 4. Ocho. Uno de la Ley 19/1991, de 6 de junio (LIP), establece que están exentos los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y constituya su principal fuente de renta. Para las participaciones en entidades, el artículo 4. Ocho. Dos. c) de la misma ley exige, en paralelo, que el sujeto pasivo ejerza funciones de dirección, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal. Su formulación es sencilla, su aplicación no tanto.

La relevancia práctica del requisito trasciende con mucho al propio IP. La exención opera como llave de acceso a la reducción del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) prevista en los artículos 20.2.c) (adquisiciones mortis causa) y 20.6 (donaciones) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre –LISD-, mejorada por muchas comunidades autónomas, así como a la no tributación de la ganancia patrimonial del donante en el IRPF (artículo 33.3.c) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre –LIRPF-). Un error en este cálculo supone, por tanto, mucho más que la cuota anual del IP, porque puede hacer perder el beneficio fiscal en el relevo generacional.

En los últimos meses, tribunales y Administración se han pronunciado sobre varias cuestiones que inciden directamente en el cumplimiento de este requisito: cómo se cuantifican las rentas que se comparan, qué ocurre cuando la actividad arroja pérdidas y cómo se computan las retribuciones en el ejercicio de una reestructuración societaria.

Rendimientos íntegros o netos

El primero de los pronunciamientos relevantes de 2026 es la sentencia del Tribunal Supremo 827/2026, de 1 de julio (recurso de casación 2632/2024), que desestima el recurso del Abogado del Estado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. El contribuyente había donado a su hijo inmuebles afectos a una actividad agraria y no declaró ganancia patrimonial al amparo del artículo 33.3.c) de la LIRPF, que remite, como ya hemos anticipado, a la reducción del artículo 20.6 de la LISD y, por esta vía, a la exención del artículo 4. Ocho. Uno de la LIP.

El contribuyente percibía una pensión de jubilación y los rendimientos de la actividad agrícola (determinados en estimación objetiva); y la no tributación de la ganancia patrimonial, que exige cumplir los requisitos de la exención en el IP, dependía de la magnitud que se tomara. En términos íntegros, la actividad (9.653,11 euros) superaba a la pensión (8.471,40 euros) y se cumplía el umbral. En términos netos ocurría lo contrario: el rendimiento del trabajo ascendía a 6.471,40 euros y el de la actividad, a 842,72 euros, lejos del 50 % de la base imponible.

La Administración y el TEAR, con apoyo en la literalidad del Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre, y en la resolución del TEAC de 11 de julio de 2017 (RG 2275/2013), compararon rendimientos netos. El Abogado del Estado añadió que, si el contribuyente se había acogido voluntariamente a la estimación objetiva por resultarle más beneficiosa, no podía pretender ahora que se considerara otra magnitud.

El Tribunal Supremo fija como doctrina que, para verificar si la actividad económica constituye la principal fuente de renta en comparación con otras fuentes, las rentas se deben computar por sus rendimientos íntegros o brutos, no por los netos. La Sala no inaplica el reglamento, sino que acota su alcance: la referencia a los rendimientos netos del artículo 3.1 del Real Decreto 1704/1999 rige, dice el tribunal, “para aquellos casos en que se utilice el mismo método para el cálculo de los rendimientos netos, pero no en supuestos, como el examinado, en que se han utilizado métodos distintos para su determinación”. 

Según el criterio del Alto Tribunal, comparar un rendimiento neto en estimación directa (ingresos menos gastos) con un rendimiento neto en estimación objetiva, que “deja al margen la capacidad real del sujeto pasivo”, supone comparar magnitudes que no miden lo mismo y conduce a la “incongruencia de entender como principal fuente de renta aquella que ha sido inferior”, en contra del principio de capacidad económica.

La Sala rechaza, además, el argumento de la voluntariedad del régimen de módulos, que confunde la forma de determinar la base imponible con el cálculo de la principal fuente de renta. Y aparta expresamente la resolución del TEAC de 2017, que se refería a otro requisito: la remuneración por funciones de dirección del artículo 4. Ocho. Dos. c) de la LIP.

Para el agricultor o el pequeño negocio en módulos con otras rentas, la cuestión queda zanjada: puede comparar rendimientos íntegros. Ahora bien, la doctrina no resuelve todos los casos, y la incertidumbre subsiste en uno muy habitual, el de la comparación entre rendimientos del trabajo y rendimientos de actividades económicas determinados en estimación directa. El fundamento de la sentencia es precisamente la diferencia de método y la propia Sala afirma que la referencia reglamentaria a los rendimientos netos sigue siendo aplicable cuando se utiliza el mismo método. Sin embargo, aun en estimación directa, la comparación de netos puede producir resultados tan distorsionados como los que la Sala censura, pues el rendimiento neto del trabajo apenas admite gastos deducibles, mientras que el de la actividad se ve reducido por amortizaciones, gastos de personal, financiación o provisiones.

Esta distorsión en la forma de cálculo también podría afectar al cumplimiento del requisito de principal fuente de renta en el caso de tenencia de participaciones, respecto al que el artículo 4. Ocho. Dos. c) de la LIP exige que el sujeto pasivo “ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal”. Es decir, el término de comparación no es la base imponible, sino la suma de esos rendimientos. 

El citado precepto no dice, sin embargo, si los rendimientos se computan en bruto o en neto. El TEAC se ha pronunciado al respecto en sus resoluciones de 11 de julio de 2017 (RG 2275/2013) y de 17 de mayo de 2018 (RG 3348/2015), señalando que la remuneración percibida se ha de comparar con la suma algebraica de la totalidad de los rendimientos netos reducidos del trabajo y de actividades empresariales y profesionales (es el criterio que la sentencia 827/2026 del Tribunal Supremo separa del suyo por estar referido a un requisito distinto).

Queda por ver si el Tribunal Supremo extenderá a estos casos su razonamiento finalista y de capacidad económica, más allá de la literalidad del propio Reglamento. 

Los resultados negativos

Si reglamentariamente se exige que al menos el 50% de la base imponible del IRPF provenga de rendimientos netos de la actividad, un rendimiento neto negativo impide por definición alcanzar ese porcentaje. Así lo confirma la Sentencia 935/2026 del TSJ de Andalucía, de 15 de septiembre de 2026 (recurso 66/2024). La titular de una explotación de cítricos, cuya otra renta era una pensión de viudedad, obtuvo en 2017 rendimientos netos reducidos de actividades económicas negativos debido a una renovación varietal y a factores ajenos a su control y pidió que se atendiera a los ejercicios anteriores y posteriores, en los que sí cumplía.

El tribunal desestima el recurso. Según el tribunal, el artículo 8 del referido Real Decreto 1704/1999 refiere los requisitos “al momento en el que se produzca el devengo” del impuesto, lo que es coherente con el carácter periódico del IP, que se devenga el 31 de diciembre de cada año. Añade que tampoco se puede trasladar sin más al IP la jurisprudencia del ISD, que maneja un marco temporal más amplio, porque ese impuesto se devenga una sola vez. La Sala admite que el resultado es “un tanto paradójico”, pues la misma actividad queda exenta cuando gana dinero y deja de estarlo cuando lo pierde.

La conclusión es clara: un ejercicio con pérdidas en la actividad supone, en el IP, el incumplimiento del requisito de la principal fuente de renta, con independencia del volumen de negocio, de la dedicación del titular o del carácter coyuntural de las pérdidas.

En el caso de las participaciones en entidades, el problema es el inverso. No se trata de las pérdidas de la entidad, sino de si los rendimientos negativos de otra actividad del sujeto pasivo se deben restar del denominador del porcentaje del artículo 4. Ocho. Dos. c) de la LIP, lo que inflaría el peso relativo de la retribución directiva.

El TSJ de Cataluña, en su sentencia 4794/2025, de 29 de diciembre (recurso 1432/2023), responde que no. El contribuyente, titular de participaciones en una entidad en la que percibía una retribución por el ejercicio de funciones de dirección, cobraba además un salario como jefe de almacén en otra sociedad y una pensión de jubilación y desarrollaba una actividad de rotulación y serigrafía con pérdidas recurrentes entre 2013 y 2017. Excluidas esas pérdidas, su retribución por funciones de dirección solo representaba el 34 %, el 33 % y el 35 % de sus rendimientos en 2014, 2015 y 2016. 

El TEAR de Cataluña había admitido computar los rendimientos negativos con la tesis de la suma algebraica de los rendimientos, lo que llevaba a porcentajes superiores al 100 % o de signo negativo. La Sala, sin embargo, estima el recurso de la Agencia Tributaria de Cataluña, anula la resolución del TEAR y concluye que los rendimientos negativos de actividades ajenas a la entidad no pueden integrar el denominador, que debe incluir solo los rendimientos positivos efectivamente obtenidos. Este criterio se aparta de la tesis de la suma algebraica de los rendimientos netos que mantiene el TEAC en las resoluciones antes citadas.

Conforme a lo anterior, las pérdidas no son renta. En la actividad individual impiden que esta sea la principal fuente de renta; en las participaciones no sirven para incrementar el peso de la retribución directiva.

Retribuciones en caso de una reestructuración societaria

En lo que se refiere a participaciones, el artículo 4. Ocho. Dos. c) de la LIP excluye del cómputo los rendimientos de la actividad empresarial exenta del número Uno del mismo artículo y el artículo 5.2 del Real Decreto 1704/1999 excluye los derivados de funciones de dirección en otras entidades en las que el sujeto pasivo participe directamente, de modo que el cálculo se hace por separado para cada entidad.

En este supuesto, surge un problema propio cuando, a mitad de ejercicio, el socio directivo deja de cobrar de una entidad y pasa a cobrar de otra surgida de una reestructuración. 

En la resolución vinculante V0145-26, de 27 de enero de 2026, dos socios sin parentesco, titulares al 50% de cuatro sociedades, aportaron sus participaciones a una entidad holding constituida en agosto de 2025 y desde entonces solo percibían remuneración de esta. En 2025, lo cobrado de las filiales superaba lo percibido de la entidad holding.

La DGT aplica el artículo 5.2 del Real Decreto 1704/1999, pensado para el ejercicio simultáneo de funciones directivas en varias entidades, también al desempeño sucesivo y sin solución de continuidad, como ya había hecho en las resoluciones V0525-08, V0539-17 y V2317-17, con base, principalmente, en el objetivo de neutralidad fiscal de las reestructuraciones. Si en el ejercicio de la operación hay remuneraciones de ambas entidades, a los solos efectos de la exención en el IP, las remuneraciones percibidas antes por funciones de dirección en las participadas (considerando que se cumplen las restantes condiciones del artículo 5.1 del Real Decreto 1704/1999), se excluyen de la totalidad de los rendimientos con la que se compara la remuneración por funciones directivas en la entidad holding. El socio puede cumplir así el requisito respecto de la entidad holding en el mismo año de su constitución.

La resolución V0145-26 confirma, por tanto, el criterio de las anteriores y lo aplica a una aportación de participaciones a una entidad holding, operación en la que, a diferencia de una fusión, no hay sucesión universal, porque las filiales siguen existiendo. Distinto es el resultado de la resolución V2347-23, relativa a la escisión total de una entidad holding familiar: como a 31 de diciembre los socios ya no eran titulares de la antigua entidad holding, la DGT entendió que lo percibido de ella durante el ejercicio se debía incluirse en la totalidad de los rendimientos, es decir, en el denominador.

Conclusiones

Los pronunciamientos analizados muestran que el requisito de la principal fuente de renta continúa siendo, más de veinticinco años después de la entrada en vigor del Real Decreto 1704/1999, fuente de litigiosidad. La norma no ofrece una solución completa: no define con precisión las magnitudes a comparar, no armoniza las reglas de cómputo y no contempla una solución ante pérdidas coyunturales. Siguen abiertas, entre otras, la comparación de rendimientos netos calculados por un mismo método, la posible extensión de la doctrina del Tribunal Supremo al requisito de la remuneración por funciones de dirección y el tratamiento de los rendimientos negativos en el denominador.

Si bien el Tribunal Supremo ha corregido por vía interpretativa una aplicación literal del reglamento contraria a la capacidad económica, hoy en día aún conviven criterios administrativos y judiciales no siempre coincidentes, por lo que, mientras no haya una aclaración normativa o jurisprudencial, recomendamos a los titulares de empresas familiares revisar anualmente el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la exención.