Reestructuración de grupos familiares: las garantías otorgadas por los socios personas físicas y el alcance de los efectos de la protección preconcursal

La Ley Concursal permite proteger frente a la ejecución las garantías prestadas por otras sociedades del grupo, primero mientras despliegue efectos la comunicación de apertura de negociaciones y después en el propio plan de reestructuración, cuando la ejecución pueda causar la insolvencia de la garante y de la deudora. En este contexto, a nuestros tribunales se les está planteando una pregunta clave que afecta particularmente a la empresa familiar: ¿alcanza también esa protección a los socios que garantizaron personalmente las deudas de la empresa?

Los planes de reestructuración son una herramienta muy eficaz para salvar la empresa familiar cuando se enfrenta a dificultades financieras (como vimos aquí: caso Naviera Armas). Pero, cuando la iniciativa de la reestructuración la toman los acreedores, puede costarle a la familia su completa salida de la estructura de capital post-reestructuración. Basta con que los acreedores conviertan sus créditos en capital mediante un plan "hostil" homologado sin el consentimiento de la deudora ni de sus socios (casos Celsa o Rator).

Como explicábamos cuando analizamos esos casos, la anticipación, la iniciativa y una actuación temprana son claves para reestructurar grupos familiares sin que ello implique necesariamente la pérdida de la totalidad del capital por parte de los socios.

En este artículo vamos a tratar otro riesgo igualmente relevante y habitual en los grupos familiares, como son las garantías otorgadas por otras empresas del grupo o por los propios socios para garantizar las deudas de la empresa.

Y es que, aunque una sociedad o un grupo familiar logre reestructurarse y garantizar su viabilidad mediante un plan de reestructuración, otras sociedades del grupo o los socios últimos que, en muchos casos, serán igualmente los gestores que la dirigen, pueden quedar expuestos por los avales personales u otras garantías que otorgaron. 

A este respecto, la reciente introducción en el ordenamiento español de una herramienta de origen anglosajón denominada “third party release” ha cambiado sustancialmente el tratamiento de las garantías intragrupo en el contexto de las reestructuraciones empresariales.

Cuando se cumplan ciertos requisitos, será posible extender forzosamente ciertos efectos de una comunicación de apertura de negociaciones o de un plan de reestructuración a las garantías otorgadas por sociedades del mismo grupo que no están sometidas a aquellos. 

De hecho, una línea jurisprudencial cada vez más amplia acogida por distintos juzgados de lo mercantil está abriendo la puerta a una interpretación de la norma que regula esta herramienta (recogida en los artículos 596.3 y 652.2 de la Ley Concursal), permitiendo extender igualmente dichos efectos no solo a las sociedades garantes del grupo sino también a los socios personas físicas que han garantizado las deudas de la empresa.

Esta cuestión marca la diferencia entre dos escenarios muy distintos. En el primero, se reestructura financieramente la empresa familiar, manteniéndose los socios gestores al frente del negocio y en la estructura de capital, sin que lleguen a ejecutarse avales u otras garantías que pudieran haber prestado como personas físicas. 

En el segundo, se logra igualmente una reestructuración que deja la empresa saneada en términos financieros, pero, como las garantías otorgadas personalmente por los socios gestores han quedado fuera del plan, los acreedores podrían ejecutarlas posteriormente, lo que podría llevarles a perder su participación en la estructura de capital de la misma sociedad que se acaba de reestructurar y, además, que esta pierda a sus gestores con todo lo que ello puede conllevar.

Dicho de otro modo, cuando los socios gestores garanticen personalmente las deudas de una empresa familiar (algo habitual en la práctica), estos no solo tienen el riesgo de perder su participación en la estructura de capital como consecuencia de un plan "hostil" homologado sin su consentimiento ni el de la deudora, sino también como consecuencia de la ejecución de las garantías prestadas personalmente en favor de esta última.

A continuación, analizaremos brevemente la figura del third party release y cómo una reciente línea jurisprudencial resulta relevante respecto a la posibilidad de afectar a las garantías personales prestadas por los socios de la empresa familiar reestructurada, con las consiguientes implicaciones para la preservación de su patrimonio y de su posición en la estructura de capital.

Garantías intragrupo y third party release

La financiación intragrupo es una práctica habitual entre sociedades de un mismo grupo y suele perseguir un uso eficiente de sus recursos conjuntos. 

Puede articularse esencialmente en tres modalidades: ascendente (upstream), en la que la filial presta fondos a su matriz o garantiza sus obligaciones; descendente (downstream), en la que la matriz presta o garantiza en favor de su filial; y cruzada (cross-stream), entre sociedades horizontales o “hermanas” del mismo grupo. 

Ello permite a determinadas sociedades de un grupo acceder a financiación en mejores condiciones. Especialmente cuando otras sociedades o los propios socios actúen como garantes. También facilita una gestión financiera centralizada y el desarrollo de la actividad empresarial. 

No obstante, desde una perspectiva jurídica, cada una de las sociedades que participa en estas operaciones conserva su propia personalidad jurídica, lo que en ciertas ocasiones puede dar lugar a escenarios jurídicamente complejos cuando surjan situaciones de insolvencia de manera sobrevenida.

En el marco preconcursal español la regla general es clara. Ni la comunicación de apertura de negociaciones ni el plan de reestructuración homologado protegen por sí solos a los garantes. Esto se ha denominado “regla de inmunidad”.

Un acreedor podrá ejecutar su garantía contra el garante mientras estén en vigor los efectos de la comunicación del deudor garantizado cuando se cumplan los requisitos contractuales, así como tras la homologación del plan del deudor si no votó a favor del mismo, ya que conserva intactos sus derechos frente a quien garantizó su posición. Respecto a los acreedores que votaron a favor del plan, habrá que estar a lo pactado con el garante y, en su defecto, a las normas aplicables a la garantía.

Sin embargo, la Ley Concursal prevé una excepción a dicha regla de inmunidad cuando la garantía ha sido prestada por otra sociedad del mismo grupo y la ejecución de dicha garantía pueda causar la insolvencia de la garante y del propio deudor.

Con ello se pretende evitar que la insolvencia de una sociedad de un grupo se contagie a otras como consecuencia de las garantías que estas se hubieran prestado, sin necesidad de obligar al garante a formular, aprobar y homologar su propio plan.

De esta forma, la comunicación de apertura de negociaciones podrá suspender la ejecución de garantías reales o personales prestadas por cualquier otra sociedad del grupo. Asimismo, los efectos de un plan de reestructuración homologado podrán extenderse a dichas garantías (lo que permitirá modificarlas en contra de lo previsto en la regla general de inmunidad).

Si se parte de una interpretación literal y restrictiva de los preceptos que recogen esta excepción, a priori solo aplicaría a sociedades de un grupo. Sin embargo, la nueva línea jurisprudencial apuntada está realizando una interpretación amplia del requisito subjetivo. 

La disposición adicional primera de la Ley Concursal dispone que, a efectos concursales, se entenderá por grupo de sociedades el definido en el artículo 42 del Código de Comercio, aunque el control lo ostente una persona natural. Este criterio tiene su origen en la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo. 

De hecho, el Alto Tribunal ha llegado incluso a admitir que el control del grupo lo ejerza un núcleo familiar integrado por varias personas que actúan en concierto (sentencia de 22 de noviembre de 2022). 

Partiendo de lo anterior, algunos juzgados están interpretando el requisito subjetivo (sociedad del grupo) de forma que permite aplicar el third party release también a las garantías otorgadas por los socios personas físicas que ostentan el control del grupo.

Esto resulta particularmente relevante en el caso de reestructuraciones de grupos familiares, en los que es habitual que los socios últimos tengan cargos de gestión en las empresas del grupo y, a la hora de obtener financiación, actúen como garantes de las mismas.

Precedentes jurisprudenciales recientes

Expuesto el contexto, procede examinar brevemente cómo han abordado nuestros tribunales esta concreta cuestión. 

La práctica judicial muestra una jurisprudencia todavía en construcción, pero con una tendencia a admitir que los efectos de un plan de reestructuración alcancen también a las garantías otorgadas por los socios garantes personas físicas cuando se acredite debidamente el requisito material, esto es, que la ejecución de la garantía pueda causar la insolvencia del garante y del propio deudor.

Si bien algunos tribunales han seguido una línea literal y restrictiva sobre la aplicación del third party release a dichas garantías, parece que, en este momento, predomina la posición flexible. Veamos.

La primera resolución relevante sobre esta cuestión fue el auto del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona de 17 de abril de 2024 (GST 3D), que extendió los efectos del plan al socio mayoritario que había avalado deudas de la sociedad deudora, sin entrar detalladamente en la cuestión.

Posteriormente, el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona, en su auto de 25 de julio de 2024 (GRUPO SERVY LLAR), hizo lo mismo con los socios avalistas. No obstante, más adelante la Audiencia Provincial de Barcelona dejaría sin efecto esa extensión de efectos mediante sentencia de 21 de julio de 2025, atendiendo a una interpretación literal de la norma (la ley solo permite la extensión de los efectos a garantías prestadas por cualquier otra “sociedad del grupo”), si bien en un caso en el que tampoco se acreditó el cumplimiento del requisito material exigido por la propia norma, como es que su ejecución afectara al deudor garantizado y, en particular, comprometiera su solvencia.

De forma similar, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería consideró en su auto de 4 de febrero de 2025 (HERMANOS LÓPEZ URRUTIA) que no procedía extender efectos del plan al garante socio único persona física por cuanto la literalidad de la norma solo permite su aplicación excepcional en el caso de que nos encontremos ante sociedades del mismo grupo. No considera aplicable la doctrina del Tribunal Supremo al considerar que su objeto es identificar cuándo existe un grupo de empresa a efectos de la subordinación de créditos.

Una resolución relevante a este respecto por el análisis pormenorizado que realiza de la figura del third party release es la sentencia de 21 de julio de 2025 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba (EMERGIAL WERLINCO).

En lo que respecta a la posibilidad de extender los efectos de un plan a un garante persona física, si bien a modo de obiter dicta, dicho juzgado consideró oportuno que el third party release fuera aplicable al garante persona física dado que, en ese concreto caso, podía considerarse que dicha persona física tenía la condición de sociedad del mismo grupo a efectos concursales conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 437/2018 de 11 de julio), la disposición adicional primera de la Ley Concursal y el artículo 42 del Código de Comercio.

Con posterioridad a dichas resoluciones, la práctica totalidad de las decisiones judiciales que han tratado esta cuestión se han inclinado a favor de esta interpretación amplia. Es decir, a considerar que la extensión de efectos del plan operará de forma idéntica respecto de las garantías prestadas por garantes personas jurídicas y por garantes personas físicas que pertenezcan al grupo del deudor, sin que quepa distinción en cuanto al alcance de la protección dispensada a unos y otros. 

Entre otras, en las siguientes resoluciones: (i) auto de 6 de marzo de 2026 de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Tarragona, plaza núm. 1 (VIVERS BAIX CAMP); (ii) auto de 24 de junio de 2026 de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Cádiz, plaza núm. 2 (TINCASUR y otras); y (iii) auto de 22 de julio de 2026 de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de A Coruña, plaza núm. 3 (FASHION EL PULPO).

A este respecto, el Tribunal de Instancia de Tarragona entiende que “considerar que las sociedades son grupo, pero la persona física “holding” no, comportaría reconocer la existencia de grupos de sociedades descabezados, algo que debe rechazarse porque la existencia de grupo precisamente implica la existencia de un nexo común”.

Por su parte, la resolución del Tribunal de Instancia de Cádiz sostiene que la interpretación literal de la norma no debe ser un impedimento, y que si la doctrina del Tribunal Supremo sobre el concepto de grupo a efectos concursales se aplicó en perjuicio de las personas naturales afectadas en esos supuestos, no ve razones para no aplicar esta doctrina a un supuesto en el que la persona natural se vería beneficiada por su posición de control efectivo en un grupo de empresas a los efectos de la extensión de efectos de un plan de reestructuración.

A la luz de lo anterior, parece que la práctica judicial está pivotando de una interpretación literal y restrictiva del third party release hacia una interpretación flexible que permite su aplicación a personas físicas que actúan como garantes del deudor siempre que se cumpla el requisito material de la doble insolvencia.

Cabe advertir, no obstante, que en ninguno de estos casos parece haberse alegado (ni, por tanto, enjuiciado) que el third party release analizado sintéticamente en conjunto fuera contrario a los test de distribución económica del valor y, en especial, al BIC (prueba del interés superior de los acreedores) en caso de haberse impuesto a acreedores disidentes.

Aún es pronto para saber si terminará por imponerse esta interpretación porque son pocas las audiencias provinciales que han tenido que resolver sobre esta cuestión, pero el movimiento pendular denota cierta tendencia a esta interpretación más amplia.