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La Agenda Temprana es un instrumento que las entidades públicas evalúan y publican durante el primer mes de cada año en el marco del Decreto Supremo 063-2021-PCM, en el que se establecen condiciones para el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).

Asimismo, la Agenda Temprana permite a todos los ciudadanos interesados a participar efectivamente en futuras consultas públicas relacionadas con la aprobación de proyectos normativos, así como aportar con sugerencias sobre posibles soluciones a las problemáticas expuestas o hacer notar impactos de las normas a ser aprobadas.

Ahora bien, dentro de los principales temas de interés que han sido identificados en el sector de energía y minas y requieren urgentemente de la emisión de normas para atender la problemática existente, se encuentran:

En el sector minero:

• Riesgo permanente a la salud de la población y al medio ambiente debido a la existencia de pasivos ambientales mineros como consecuencia de la deficiencias normativas relacionadas con el contenido de los Planes de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros.
• Alto índice de conflictividad social debido a la inadecuada participación ciudadana en la gestión de actividades mineras.
• Afectación de la protección del medio ambiente por parte del pequeño productor minero y minero artesanal.

En el sector hidrocarburos:

• Vulnerabilidad del abastecimiento de combustibles líquidos y otros derivados de los hidrocarburos al mercado nacional ante fenómenos climatológicos, anomalías del mercado internacional, interrupción del suministro y reducción de la producción petrolera nacional.
• Alta dependencia al mercado internacional, lo que podría generar potenciales problemas de abastecimiento frente a posibles eventos externos.
• La existencia de relaciones verticales que afectan la competencia en el mercado de hidrocarburos.
• Necesidad de promocionar e incentivar nuevas inversiones en la exploración y explotación (upstream) en el mercado de hidrocarburos debido a la falta de autosuficiencia energética nacional.
• Alto riesgo de ocurrencia de accidentes y desastres en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos.

En el sector eléctrico:

• La existencia de riesgos permanentes a la salud de la población y al medio ambiente debido a la existencia de proyectos eléctricos con gestión deficiente de sustancias químicas y residuos sólidos provenientes de actividades antrópicas.
• La existencia de riesgos permanentes a la salud de la población y al medio ambiente debido a los pasivos ambientales generados por actividades eléctricas abandonadas.
• La falta de una metodología uniforme u oficial para el cálculo del Coeficiente de Electrificación, lo que genera desconfianza en los resultados de los cálculos de las entidades competentes.
• La necesidad de reasignar y reactivar los proyectos del Sistema Complementario de Transmisión (SCT) para evitar la disminución de la continuidad del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
• La alta dependencia de los combustibles fósiles del mercado automovilístico en el Perú, los cuales generan altos niveles de gases de efecto invernadero con potenciales efectos adversos a la salud y al medio ambiente
• La falta de un proceso de planificación energética que promueva la participación de los agentes del sector energético y que oriente hacia una transición energética sostenible a largo plazo.
• Riesgo de disminución de la competencia en la realización de nuevas inversiones en el sector eléctrico.