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La contratación regida por criterios de selección o condiciones de ejecución de tipo ecológico y sostenible se incrementó un 176,8% en España de 2018 a 2020, según el Informe trienal relativo a la contratación pública en España en 2018, 2019 y 2020. Ese último año, esta contratación representó casi el 21% de la contratación armonizada total de España. Es decir, que la contratación ecológica, entendida como el proceso a través del cual las entidades del sector público adquieren bienes, obras y servicios con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, está cobrando cada vez más peso. 

En el contexto de Los diálogos de Garrigues Sostenible, el ciclo de webinars que tiene por objeto que profesionales del despacho y expertos en diferentes materias conversen sobre cuestiones de actualidad en materia de sostenibilidad y criterios ESG, el socio de Garrigues Javier Fernández Rivaya hizo un recorrido por la normativa española desde el Plan de Contratación Pública Verde de la AGE y el Código de buenas prácticas medioambientales para los contratos de mantenimiento y obras menores, ambos de 2008, “en los que ya se plantearon objetivos interesantes”. Fue la aprobación de la vigente Ley de Contratos del Sector Público de 2017 la que determinó que la ecología y, en general, la sostenibilidad condicionasen la concepción de la contratación pública. “El espíritu presente en todas estas normas se vio después renovado con el vigente Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social, que persigue objetivos incluso más ambiciosos, como promover la adquisición de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible, lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrado, o servir como instrumento al servicio de la Estrategia Española Economía circular”, entre otras cosas. “En definitiva, la contratación pública está llamada a desempeñar un papel muy relevante en la movilización de esfuerzos hacia un desarrollo más sostenible y social de las actividades económicas, como así lo reconocen las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030”, afirmó Fernández Rivaya.

Rafael Domínguez Olivera, abogado del Estado-Jefe en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, afirmó que la Ley de cambio climático, aprobada hace apenas un año, refuerza “el proceso de cambio de concepto en la contratación pública en el que estamos”. Considera que, aunque es fundamental avanzar en este camino, “no hay que perder la referencia de que se trata de contratar en el mercado y es importante encontrar un equilibrio para lograr la máxima eficiencia”. En este sentido, en vez de prohibir determinadas actuaciones, la Ley propicia que el mercado opere con cierta libertad mientras el sector público sirve de ejemplo, lo que supone un impulso importante para la contratación pública ecológica. Por el contrario, considera que el hecho de que las determinaciones en materia de contratación pública se encuentren dispersas en diferentes textos normativos puede suponer una dificultad para su aplicación en la práctica..

El socio de Garrigues Juan Manuel Cabeza aseguró que a nivel autonómico y local se están dando también pasos importantes en este sentido. Citó los casos de Madrid, con su Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático y su Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, y Barcelona, que “ha introducido este tipo de cláusulas ecológicas en sus regulaciones y contratos de manera cada vez más vinculante y expansiva”.

En relación al catálogo de prestaciones para cuya contratación deben tenerse en cuenta criterios de lucha contra el cambio climático, que la ley encomendó a los Ministerios para la Transición Ecológica y Hacienda, Domínguez señaló que el plazo para su aprobación culmina el próximo 22 de mayo y que “cambiará la perspectiva”, ya que las especificaciones técnicas se exigirán en todas las licitaciones.

Por último, los ponentes se refirieron al peso que van a tener los criterios ecológicos en los contratos que vayan a financiarse con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “El aspecto ambiental tiene una importancia determinante en la asignación de los fondos europeos, ya que todos tienen que ajustarse al principio de no causar daño medioambiental”, afirmó Domínguez. Añadió que “el aspecto ecológico debe estar presente en todas las fases de la contratación y adjudicación, ya que lo está en juego es la propia financiación del proyecto”.