México impulsa la inversión privada con el Plan México al reducir plazos, riesgos regulatorios y cargas administrativas

El pasado 4 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la actualización del Plan México bajo el título "Acciones inmediatas para la inversión", una estrategia integral que busca acelerar la puesta en marcha de proyectos productivos a través de la simplificación administrativa, incentivos regulatorios concretos y una movilización de recursos estimada en 5.6 billones de pesos dirigidos a sectores estratégicos de la economía nacional.

Esta actualización responde, precisamente a un entorno económico global marcado por la relocalización de cadenas de suministro (nearshoring), la revisión de tratados comerciales como el T-MEC, y las solicitudes directas del sector empresarial para reducir barreras burocráticas e incentivar la inversión.

Principales medidas anunciadas

• Infraestructura carretera. Finalmente, en el rubro de infraestructura, se contempla una inversión superior a 523,000 millones de pesos en 44 proyectos que abarcarán más de 5,100 kilómetros de carreteras. El esquema combina recursos públicos por 230,000 MDP con participación privada por 295,000 MDP, y se estima que generará alrededor de 1.4 millones de empleos directos e indirectos.
• Decreto de autorización inmediata de inversiones. Este decreto establece un mecanismo expedito para aprobar proyectos ubicados en los Polos de desarrollo económico para el bienestar (PODECOBI), con montos iguales o superiores a 2,000 millones de pesos, o pertenecientes a sectores estratégicos (automotriz, semiconductores, farmacéutico o aeroespacial, entre otros), fijando un plazo máximo de autorización de 30 días hábiles. En cuanto al resto de las inversiones privadas, el plazo se amplía a 90 días hábiles. Se incorpora la disposición de que, en caso de que la autoridad no emita respuesta dentro de dicho periodo, el trámite se considerará aprobado conforme a la figura de la afirmativa ficta.
• Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones. Para articular y dar seguimiento al proceso anterior, se crea esta oficina junto con un Comité de Inversiones integrado por titulares de diversas secretarías, cuya función será evaluar los proyectos, emitir las constancias de autorización correspondientes y brindar acompañamiento directo a los inversionistas en sus gestiones ante autoridades estatales y municipales.
• Energía. En materia energética, el Gobierno dio pasos concretos para abrir espacios a la inversión privada en generación limpia: ya se autorizaron permisos por 5,000 MW de fuentes renovables, y en los próximos días se darán a conocer los ganadores de un concurso de 11,000 MW que abarca 81 proyectos. Con estas acciones, el Gobierno aspira a incrementar la participación de energías renovables del 24% al 38%, reduciendo, además, los tiempos de permisos hasta en un 60%.

En conjunto, estas acciones buscan atender simultáneamente las condiciones que el sector privado ha señalado como indispensables para detonar inversiones de gran escala (plazos predecibles, ventanillas únicas, afirmativa ficta y acompañamiento institucional), al tiempo que el Gobierno canaliza recursos públicos hacia corredores logísticos y polos de desarrollo que podrían redefinir la geografía económica del país.  El reto, sin embargo, es de ejecución: la credibilidad de los plazos de 30 y 90 días hábiles, la operatividad real de la ventanilla única y la capacidad de coordinación interinstitucional determinarán si este impulso normativo se traduce efectivamente en proyectos productivos, generación de empleo y un desarrollo territorial más equilibrado.