Publicaciones

Mediante la ratificación de la Carta Social Europea, España reconoce como objetivo de su política el establecimiento de las condiciones en que puedan hacerse efectivos una serie de derechos y principios de carácter social.

Dentro de los 31 principios y derechos recogidos en la Carta, desde el punto de vista jurídico laboral destacamos los siguientes:

• Toda persona tendrá la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido y con unas condiciones de trabajo equitativas. Los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso.
• Todos los trabajadores tienen derecho a la seguridad y a la higiene en el trabajo.
• Todos los trabajadores y empleadores tienen derecho a asociarse libremente en organizaciones nacionales o internacionales para la protección de sus intereses económicos y sociales, a la negociación colectiva, a la información y a la consulta en el seno de la empresa y a tomar parte en la determinación y en la mejora de las condiciones de trabajo y del entorno de trabajo en la empresa.
• Las trabajadoras, en caso de maternidad, tienen derecho a una protección especial.
• Todos los trabajadores y las personas a su cargo tienen derecho a la seguridad social.
• Toda persona discapacitada tiene derecho a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad.
• Todos los trabajadores tienen derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo.
• Todos los trabajadores tienen derecho a protección en caso de despido y a ser informados y consultados en los procedimientos de despido colectivo.
• Todos los trabajadores tienen derecho a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador.
• Todos los trabajadores tienen derecho a la dignidad en el trabajo.
• Todas las personas con responsabilidades familiares y que ocupen o deseen ocupar un empleo tienen derecho a hacerlo sin verse sometidas a discriminación y, en la medida de lo posible, sin que haya conflicto entre su empleo y sus responsabilidades familiares.
• Los representantes de los trabajadores en la empresa tienen derecho a protección contra los actos que puedan causarles un perjuicio y deben contar con las facilidades adecuadas para desempeñar sus funciones.