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A continuación, se resumen las principales disposiciones que regirán durante el tiempo que se encuentre vigente la alerta sanitaria:

1. Obligación del empleador de acordar la modalidad de teletrabajo y/o trabajo a distancia

1. En la medida que la naturaleza de las funciones del trabajador lo permita y que éste consintiere en ello, el empleador deberá implementar la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, sin reducción de remuneraciones, en aquellos casos que:
   
   1. El trabajador acredite padecer alguna condición que genere un alto riesgo de presentar cuadros graves de infección, tal como:
   • Ser mayor de 60 años.
   • Tener hipertensión.
   • Padecer enfermedades cardiovasculares.
   • Tener diabetes.
   • Padecer una enfermedad pulmonar crónica u otras afeccione pulmonares graves.
   • Padecer una enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar.
   • Ser trasplantado y continuar con medicamentos inmunosupresores .
   • Padecer cáncer diagnosticado y encontrarse bajo tratamiento.
   • Tener un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones o medicamentos inmunosupresores o corticoides.
   2. Tener bajo su cuidado a un menor de edad, personas con discapacidad, adulto mayor,o ser beneficiario de la Ley N°21.247 (crianza protegida).

2. El empleador deberá cumplir con esta obligación dentro de los 10 días posteriores a la notificación que se le haga de la condición del trabajador, pudiéndose reclamar su incumplimiento ante el respectivo Inspector del Trabajo. El trabajador no podrá ser obligado a concurrir presencialmente a su trabajo.
3. En caso que la naturaleza de las funciones que desempeña el trabajador no sea compatible con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de éste y sin reducir sus remuneraciones, lo destinará a labores que no requieran atención al público o en las que se evite el contacto permanente con terceros que no desempeñen funciones en dicho lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para el trabajador.   

2. Obligación del empleador de implementar un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19

1. Los organismos administradores del seguro de la Ley N°16.744 deberán elaborar dentro de los 10 días siguientes a la publicación de la ley un protocolo tipo para sus empresas adheridas y afiliadas. El propósito es que cada empresa pueda aplicar el Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19.
2. El Protocolo de cada empresa, deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones:

3. Aquellas empresas cuyos trabajadores se encontraban prestando servicios de forma presencial al momento de entrar en vigencia la ley, tendrán un plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación de la misma en el Diario Oficial para confeccionar el Protocolo. 
4. El incumplimiento de la obligación de elaborar y aplicar el Protocolo importará las siguientes consecuencias:

3. Obligación del empleador de contratar un Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado a COVID-19

1. El empleador deberá contratar con un seguro individual de carácter obligatorio, que será de su cargo, en favor de los trabajadores que se encuentren desarrollando funciones de forma presencial, ya sea de manera total o parcial, con el objeto de financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador, asociados a enfermedad COVID-19. Este seguro individual obligatorio, incluirá, asimismo, una indemnización en caso de fallecimiento natural del asegurado ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza, derivado de contagio de COVID-19.
2. La contratación del seguro por parte del Empleador, deberá realizarse dentro del plazo de 30 días corridos, contado desde que la respectiva póliza sea incorporada en el depósito de la CMF, para el caso de trabajadores existentes a esa fecha.
3. En caso de trabajadores que vuelvan a prestar servicios de forma presencial, después del mencionado depósito, la contratación del seguro deberá realizarse, dentro de los 10 días corridos siguientes al inicio de las labores del trabajador.
4. El plazo de vigencia del contrato de seguro será de 1 año desde la respectiva contratación y mantendrá su cobertura en caso que la relación laboral concluya antes de dicho plazo.
5. Esta obligación de contratación de seguro perdurará para el empleador hasta la fecha de término de la alerta sanitaria decretada con ocasión del COVID-19.
6. En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de contratación del seguro mencionado, será responsable del pago de las sumas que le habría correspondido cubrir al asegurador, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan.
7. Se otorga a Fonasa e Isapres, la facultad para ejercer acciones, en representación de los asegurados que sean sus beneficiarios, tendentes a perseguir el pago de las indemnizaciones que corresponden por la cobertura de salud.