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La Dirección del Trabajo emitió los dictámenes Nº1124/10 y Nº1189/11, de fechas 30 de marzo y 1 de abril de 2021, respectivamente, pronunciándose sobre la legitimidad de exigir y realizar exámenes PCR a sus trabajadores para la detección del virus SARS-CoV-2, entre otras materias.

Al respecto, la autoridad laboral fiscalizadora ha plasmado los siguientes planteamientos relacionados con la emergencia sanitaria generada por el COVID-19:

• En caso de no haberse otorgado una licencia médica en virtud de las instrucciones establecidas por la autoridad sanitaria, el trabajador no se encontrará autorizado para ausentarse de sus labores, debiendo, además, el empleador otorgar el trabajo convenido y pagar la remuneración pactada.
• El empleador, en virtud de su potestad de mando, podrá solicitar a sus trabajadores el examen PCR, como un mecanismo idóneo para prevenir y controlar el contagio de COVID-19 en los lugares de trabajo, y cumpliendo con el siguiente listado de requisitos:
  
  1. El costo económico de la realización del PCR debe ser asumido por el empleador;
  2. La aplicación del PCR no puede ser constitutiva de un acto de discriminación;
  3. La aplicación no puede ser atentatoria contra los derechos fundamentales de los trabajadores; y
  4. La aplicación de PCR como medida de control en el contexto de la pandemia, deberá encontrarse regulada en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad; garantizándose la idoneidad, impersonalidad y adecuación de la medida.