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Chile: Se da inicio al proceso constituyente versión 2.0

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El pasado 12 de diciembre de 2022, buena parte de los partidos políticos suscribieron el “Acuerdo por Chile” con el que se da inicio a un nuevo proceso constituyente. El acuerdo, que todavía no tiene fuerza jurídica puesto que requiere ser plasmado en una ley de reforma constitucional, dispone que este nuevo proceso debe desarrollarse entre marzo de 2023 y enero de 2024, cuando el pueblo será convocado nuevamente a un plebiscito ratificatorio.

Un órgano colegiado, paritario, con escaños indígenas supernumerarios, elegido popularmente y que lleva el nombre de “Consejo Constitucional” (50 integrantes), será el encargado de discutir y aprobar el texto de nueva Constitución, por las 3/5 partes de las y los consejeros.

A diferencia del proceso constitucional anterior, esta vez el órgano constituyente será acompañado por una comisión de expertos (24 personas) designados por el Senado y la Cámara de Diputados, cuya función será preparar un anteproyecto de Constitución, participar con derecho a voz en todas las instancias del Consejo y proponer mejoras de redacción y comprensión del texto de nueva Constitución. En todo caso, los expertos que participen en la comisión mixta que resuelva rechazos de normas constitucionales tendrán derecho a voto en dicha instancia, igualándose así su posición a la de los y las consejeros. También, existirá un comité técnico de admisibilidad (14 personas) a cargo de la revisión de las normas aprobadas en las instancias que se presenten en el Consejo Constitucional o en la Comisión Experta, a fin de declarar su inadmisibilidad cuando aquéllas sean contrarias a las bases institucionales.

Las bases institucionales son 12 ideas o materias que se estiman fundamentales y que deben contenerse en la nueva Constitución. Ellas también se contienen en el Acuerdo por Chile (entre otras, Chile es una república democrática, el Estado de Chile es unitario y descentralizado; la soberanía es limitada en su ejercicio por la dignidad de la persona y los derechos humanos, el reconocimiento de pueblos originarios como parte de la nación chilena, el Estado social y democrático de derecho).