La Unión Europea recomienda la utilización de incentivos fiscales para conciliar sostenibilidad y competitividad

El Pacto Verde Europeo, de diciembre de 2019, se articuló como una respuesta a los desafíos del clima y el medio ambiente en la Unión Europea (UE), con el fin último de alcanzar la neutralidad climática para 2050; y con un objetivo intermedio de reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero de, al menos, un 55% (respecto a los valores de 1990) para 2030. Dado que la consecución de este objetivo puede penalizar la competitividad de las empresas europeas, los informes Letta y Draghi han venido a plantear la necesidad de combinar la lucha contra los desafíos climáticos con el mantenimiento o recuperación de dicha competitividad. Siguiendo las recomendaciones de los referidos informes, la Comisión Europea, en su Brújula para la Competitividad de la UE, proponía ya en enero de 2025 la elaboración de una hoja de ruta conjunta para la descarbonización y la competitividad, que se articuló en febrero de 2025 en torno al denominado Pacto por una Industria Limpia. Esta hoja de ruta ofrece incentivos empresariales para que la industria europea se descarbonice y hace referencia expresa a los incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades (entre otras, mediante la amortización acelerada o créditos fiscales a las inversiones para la descarbonización de la industria y los proyectos de tecnologías limpias).

Como estas medidas se podrían calificar como ayudas estatales, la Comisión aprobó el pasado mes de junio de 2025 el Marco de ayudas estatales para apoyar el Pacto por una Industria Limpia, que se ha complementado con la Recomendación(UE) 2025/1307 de la Comisión, de 2 de julio de 2025, sobre incentivos tributarios destinados a los objetivos indicados.

En primer lugar, se recomienda la introducción de créditos fiscales (que se podrán materializar mediante deducciones en el Impuesto sobre Sociedades, pero también, o alternativamente, en otros impuestos) para incentivar inversiones que garanticen una capacidad de fabricación suficiente en tecnologías limpias y para la descarbonización industrial y el incremento de la intensidad de dichos créditos cuando los proyectos sean llevados a cabo por pequeñas y medianas empresas. Se plantea igualmente que los créditos no aprovechados se puedan trasladar a los cuatro años siguientes o, incluso, que se acaben monetizando (como sucede en la actualidad, por ejemplo, con la deducción de I+D+i).

Por otro lado, se propone incentivar de forma generosa las tecnologías limpias y las flotas empresariales de vehículos sin emisiones mediante su amortización acelerada (con un mínimo de amortización del 30% de los costes subvencionables en el año de adquisición), o incluso permitiendo la amortización total e inmediata de los costes amortizables. También se anima a dar flexibilidad para que el contribuyente decida su calendario de amortización y a que se permita aplicar este tipo de incentivos de forma más intensa en el caso de inversiones que contribuyan a alcanzar objetivos políticos en materia de resiliencia.

A pocos meses del cierre del ejercicio 2025, es de esperar que se modifique la normativa española para introducir este tipo de incentivos. Actualmente solo se prevé la posibilidad de amortizar libremente determinados vehículos de bajas emisiones y las infraestructuras de recarga, siempre que, en ambos casos, entren en funcionamiento en los períodos impositivos que se inicien en los años 2024 y 2025.