El Parlamento Europeo fija posición sobre la propuesta que simplifica la normativa de reporte (CSRD) y diligencia debida (CSDDD) en materia de sostenibilidad
La propuesta de la Comisión Europea, incluida en el paquete Ómnibus, entra ahora en la fase final de su tramitación.
El pasado 13 de noviembre de 2025 la propuesta de simplificación normativa Ómnibus, adoptada por la Comisión Europea en febrero de 2025, ha dado un nuevo paso en su tramitación con la aprobación por parte del Pleno del Parlamento Europeo de su posición en relación con la propuesta planteada por la Comisión.
En concreto, sobre el contenido de la Directiva (UE) 2022/2464 sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD), el Parlamento propone, entre otras cuestiones, acotar la obligación de reportar a las grandes empresas con más de 1.750 empleados y una facturación neta superior a 450 millones de euros. Por otra parte, propone simplificar aún más los estándares de reporte evitando, por ejemplo, el doble reporte y cualquier solapamiento con obligaciones derivadas de otros instrumentos legislativos; así como asegurar la interoperabilidad con otros estándares internacionales.
A este respecto, está previsto que EFRAG haga públicos los nuevos estándares de reporte (NEIS) este mismo mes de noviembre.
Sobre la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD) alguno de los cambios fundamentales que propone el Parlamento Europeo sobre la propuesta planteada en febrero de 2025 por la Comisión Europea son: (i) la modificación del ámbito de aplicación, incrementando el umbral a las empresas de más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de volumen de negocios; (ii) el incremento del nivel de armonización que deben mantener las legislaciones de los Estados miembros que transpongan las directiva; (iii) la realización del proceso de diligencia debida con un enfoque basado en el riesgo, en el que las empresas identifiquen impactos negativos con la información disponible, solicitando únicamente información a sus socios comerciales en casos excepcionales como último recurso; y (iv) la eliminación de la obligación de adoptar un plan de transición para la mitigación del cambio climático.
Tras esta aprobación, se abre ahora la fase de negociación en trílogos entre las tres principales instituciones europeas: el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Se espera que este proceso finalice en diciembre de 2025.