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En los procedimientos contencioso-administrativos, los dictámenes periciales preparados por funcionarios públicos no tienen más valor que los aportados por el recurrente

El Tribunal Supremo entiende que cuando la Administración es parte en un procedimiento, no se puede presumir que los informes periciales preparados por sus funcionarios para defender sus intereses gozan de objetividad e imparcialidad.

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