El carácter “social” de los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno para el 2018, parece fuera de toda duda. La nota explicativa de los mismos insiste en que su principal prioridad es el gasto social. Se remarca la “clara vocación social” de los presupuestos (en sintonía, se dice, con lo que siempre ha sido la política presupuestaria del Gobierno desde el año 2012), y la apuesta por “seguir reforzando el gasto social”, hasta el punto de que se afirma que son los “presupuestos más sociales de la historia”.
En el actual escenario de intenso debate en torno a la denominada brecha salarial, son muchas las preguntas que se plantean: ¿existe realmente la brecha salarial?, ¿cuáles son los motivos de que exista la misma?, ¿encontramos en nuestro ordenamiento jurídico normas con las que hacer frente al problema?, ¿hay actualmente mecanismos efectivos para atajarla?