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Tal como señalamos en nuestra alerta México: Así serán los efectos fiscales de la iniciativa para eliminar la subcontratación laboral y limitar la prestación de servicios especializados, el pasado 12 de noviembre, el presidente de la República presentó una iniciativa dirigida a eliminar el actual régimen de subcontratación laboral existente (outsourcing e insourcing) y limitar la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Esta iniciativa, de confirmarse su redacción original, tendría importantes efectos en materia fiscal, laboral y de seguridad social, entre otros.

Dada la relevancia de la iniciativa, el Poder Ejecutivo ha mantenido en las últimas semanas diversas reuniones con distintos grupos empresariales y sindicatos. Por su parte, el Poder Legislativo convocó a un parlamento abierto. En ambos casos el objetivo era, precisamente, analizar todas las implicaciones que podrían derivarse de la referida iniciativa. Tras este análisis, una de las principales conclusiones alcanzadas es que aún existen algunas cuestiones que no han quedado lo suficientemente definidas hasta el momento (como es el caso de los efectos en relación con el reparto de utilidades).

En este contexto, y para que los sectores involucrados dispongan del tiempo suficiente para discutir el tema, con fecha 7 de diciembre de 2020, el Poder Ejecutivo ha emitido un comunicado a través del cual solicita al Poder Legislativo que el análisis y discusión de la mencionada iniciativa se posponga hasta el siguiente periodo de sesiones ordinarias, previsto para el mes de febrero de 2021, y que, en dicho momento, se otorgue un plazo preferente de hasta 30 días para su discusión y, en su caso, aprobación.

Asimismo, en el comunicado se menciona que las empresas deberán iniciar un proceso para regularizar sus plantillas laborales en el marco de la iniciativa y se les conmina a evitar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores (como podría ser proceder a su baja de forma masiva en el mes de diciembre).

Finalmente se señala en el comunicado que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria harán un exhorto formal a las empresas que se encuentren en la situación mencionada en el párrafo anterior y, de comprobarse irregularidades o posibles comisiones de delitos, se aplicarán los procesos sancionadores pertinentes.

Considerando todo lo anterior, resultará indispensable seguir de cerca el proceso legislativo, así como los acuerdos que se alcancen entre el Gobierno Federal y la iniciativa privada para determinar las modificaciones que finalmente se aprueben y sus posibles efectos finales.