Economía inicia la consulta pública sobre el anteproyecto de ley que transpone la Directiva europea de diligencia debida en materia de sostenibilidad (CS3D)

España - 23 / 03 / 2026

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa español ha abierto una consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley que incorporará al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

El 19 de marzo de 2026, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha publicado una consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2024/1760, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (la CS3D).

Puede consultarse el documento de la consulta pública aquí.

Contexto normativo

La Directiva (UE) 2024/1760 fue adoptada el 13 de junio de 2024 con el objetivo de establecer un marco europeo armonizado de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente. Esta directiva ha sido recientemente modificada por la Directiva (UE) 2026/470, de 24 de febrero de 2026 (ambas analizadas en nuestras alertas previas, aquí y aquí, respectivamente), que forma parte del paquete de simplificación denominado Ómnibus I y que ha introducido cambios sustanciales en su ámbito de aplicación y en sus requisitos.

Objetivos de la norma

El anteproyecto de ley desarrollará obligaciones de diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente, obligando a las empresas incluidas en su ámbito de aplicación a realizar un proceso de debida diligencia con el objetivo de eliminar o minimizar impactos adversos actuales o potenciales relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente. Dicho proceso deberá tener en cuenta los impactos que se produzcan o se puedan producir en las propias operaciones de la empresa, las operaciones de sus filiales y las operaciones de sus socios comerciales que estén relacionadas con sus cadenas de actividades.

Asimismo, establecerá una o varias autoridades supervisoras independientes con capacidad sancionadora y la responsabilidad civil de las empresas en la materia.