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Día Mundial del Medio Ambiente: la legislación española y europea que materializa los compromisos

España - 

La apuesta generalizada de los países por reducir las amenazas al medio ambiente ha hecho proliferar regulación en favor de una economía más verde y sostenible. Ciudadanos y empresas deben prestar especial atención a las normas que se están aprobando para cumplir las nuevas obligaciones tanto a nivel europeo como en España.

Desde 1974, cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Esa fue la fecha en la que, dos años antes, había tenido lugar la apertura de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, conocida como Conferencia de Estocolmo, que, bajo el lema Una sola tierra, proclamó la obligación de los hombres de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras y situó las cuestiones ambientales en el primer plano de las preocupaciones internacionales. Se marcó con ello el inicio de un diálogo entre los países industrializados y en desarrollo sobre la relación entre el crecimiento económico, contaminación del aire, el agua y los océanos, y bienestar de las personas de todo el mundo.

Tras esa Conferencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución que fijó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, e instó a los gobiernos y a las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas a que todos los años emprendieran ese mismo día actividades mundiales que reafirmaran su preocupación por la protección y la mejora del medio ambiente. El objetivo era aumentar la concienciación sobre las amenazas que se ciernen sobre el medio ambiente.

Aunque podríamos remontarnos mucho más atrás, es obligatorio recordar en este día el Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático, adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), que recoge ambiciosas medidas en materia climática, como la reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 °C.

También es necesario hacer mención, en el plano europeo, a la Comunicación relativa al Pacto Verde Europeo (The European Green Deal), de diciembre de 2019, que marca el reto de hacer de Europa el primer continente neutro climáticamente en el año 2050. Un importante pacto al que ha seguido la aprobación de la denominada Ley europea del Clima, aprobada por el Reglamento (UE) 2021/1119, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, que establece el objetivo vinculante para la UE de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55% de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990.

Hacia una regulación más verde en España

Bajo el paraguas general de estos compromisos europeos, se han aprobado en España muy diversas disposiciones de diferente rango y alcance que han seguido su mismo camino.

Entre ellas, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que fija importantes retos para 2030, como alcanzar una penetración de las energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42%, o mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5%.

De igual modo, esta norma impone a determinadas empresas la obligación de presentar anualmente un informe en el que evalúen el impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición de sus actividades, incluyendo los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten en la materia. Asimismo, obliga a las entidades financieras a publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión, alineados con el Acuerdo de París, a partir de 2023.

Por su parte, las entidades del sector público han recibido de esta ley el mandato de incluir en toda contratación, de manera transversal y preceptiva, criterios medioambientales y de sostenibilidad energética cuando guarden relación con el objeto del contrato, exigiéndoles para ello prever en los pliegos, como prescripciones técnicas particulares, criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono dirigidos específicamente a la lucha contra el cambio climático.

Resultan especialmente destacables, asimismo, como medidas encaminadas a proteger aspectos concretos del medio ambiente, la Directiva 2018/851, de 30 de mayo, por la que se modifica la Directiva Marco de Residuos, y la Directiva 2019/904, de 5 de junio, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.

Siguiendo estas directivas y el mandato previsto en la Ley de Cambio Climático, el BOE del pasado 9 de abril publicó la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que se propone objetivos como intensificar la lucha contra el cambio climático, proteger el medioambiente y la salud, avanzar en el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 números 12 (producción y consumo responsables), 13 (acción por el clima) y 14 (vida submarina) o cumplir el objetivo europeo de avanzar en la economía circular. Una norma de suma importancia que presta especial atención a aspectos tales como reforzar la aplicación del principio de jerarquía de residuos; fortalecer la prevención de la generación de residuos (incluyendo medidas relativas al desperdicio alimentario y a la proliferación de basuras marinas); incrementar los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos (fijando un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de determinadas fracciones); o reducir e incluso prohibir algunos productos de plástico de un solo uso.

Junto a estas normas, y como muestra del dinamismo del compromiso en este ámbito, destacan otras iniciativas que aún se encuentran en tramitación, pero que, en un futuro cercano, se convertirán en normas de obligado cumplimiento. Es el caso, por ejemplo, de la revisión de la Directiva Marco sobre Residuos (respecto de la cual el pasado mes de mayo se abrió el trámite de consulta pública) o el proyecto de Reglamento de envases y residuos de envases, recientemente notificado por España a la Comisión Europea.

En definitiva, desde que hace exactamente 50 años se fijó el Día Mundial del Medioambiente, la concienciación y el compromiso de los organismos internacionales y los gobiernos con respecto a la protección del medioambiente ha aumentado exponencialmente. Ello se ha traducido en la aprobación de un gran número de disposiciones destinadas a su protección desde muy variadas perspectivas, como, en España, la Ley de Cambio Climático o la muy reciente Ley de Residuos, a las que tanto ciudadanos como empresas deben prestar especial atención para cumplir las obligaciones que imponen en orden a seguir avanzando en una senda verde y sostenible.

Debemos celebrar que cada vez sea mayor el compromiso de autoridades nacionales e internacionales con el cuidado del medioambiente, y que, de hecho, fruto de su concienciación sean multitud las normas que reflejan la apuesta generalizada de los países por contribuir a ese trascendental, prioritario e irrenunciable objetivo.