Chile: Una nueva ley impone exigencias adicionales de seguridad y vigilancia a concesionarios viales
La Ley 21.750, publicada el 26 de julio de 2025, establece estándares técnicos mínimos en seguridad y vigilancia, obliga a modificar contratos vigentes y redefine los requisitos para futuras licitaciones de concesiones de obras públicas.
El 26 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.750, que Modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas para Establecer la Obligación de Adoptar Medidas de Seguridad a las Concesionarias de Obras Públicas Viales. Esta normativa incorpora nuevas obligaciones para las concesionarias viales en materia de seguridad, interoperabilidad y colaboración con autoridades. Entre los principales aspectos, destacan:
- Obligación de implementar medidas de seguridad en las obras concesionadas. Las concesionarias viales deberán instalar dispositivos como cámaras de televigilancia, lectores de patentes, cámaras térmicas y sistemas lumínicos, entre otros. Estas medidas deben estar estipuladas en las bases de licitación, así como las sanciones por su incumplimiento.
- Interoperabilidad con autoridades y tratamiento de datos. Se establece la obligación de permitir el acceso automatizado, en tiempo real, de las policías a datos clave de circulación vehicular (como patentes, marcas y modelos), así como la entrega de información al Ministerio Público en procesos de investigación penal. Todo tratamiento de datos deberá adecuarse a la normativa de protección de datos personales.
- Modificación de contratos de concesión vigentes. El Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, tendrá un plazo de cinco años para modificar los contratos actuales que no contemplen medidas de seguridad. Dichas modificaciones se realizarán conforme a lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley de Concesiones, permitiendo compensaciones económicas al concesionario por los costos adicionales que estas obligaciones impliquen, lo cual será evaluado caso a caso.
Esta nueva normativa refuerza el marco regulatorio en seguridad vial, asigna nuevas responsabilidades para las concesionarias viales y promueve una mayor coordinación público-privada. Asimismo, establece un proceso gradual de adecuación contractual, con el objetivo de mejorar la prevención y respuesta ante contingencias en la infraestructura vial.
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