Chile impulsa varias modificaciones al marco bancario para fortalecer el gobierno corporativo, la gestión de riesgos y la planificación de recuperación
La CMF ha propuesto una actualización clave para modernizar el gobierno corporativo bancario y reforzar la gestión integral de riesgos en línea con estándares internacionales. La iniciativa incorpora formalmente los planes de recuperación y promete mayor resiliencia, transparencia y capacidad de respuesta para las instituciones financieras.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó una propuesta normativa orientada a consolidar y actualizar las directrices sobre gobierno corporativo bancario, reforzar la gestión integral de riesgos e incorporar formalmente la planificación de la recuperación. Mediante esta, se modificarían los capítulos 1-4 y 13 de la Recopilación Actualizada de Normas para Bancos de la CMF (RAN) y se introduciría un nuevo capítulo 21-15. El objeto de estas modificaciones es incorporar principios y buenas prácticas internacionales, de conformidad con lo señalado por el Programa de Evaluación del Sistema Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés).
Principales modificaciones regulatorias
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Consolidar y actualizar los lineamientos de los gobiernos corporativos bancarios
En el año 2021 el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial elaboraron el FSAP, que incluyó recomendaciones para Chile.
La norma propuesta busca alinear la normativa legal con los principios y buenas prácticas internacionales, y plantea requerimientos mínimos de información sobre planes de recuperación de los bancos.
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Gestión y solvencia
Se modificará el actual capítulo 1-13 de la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos (RAN) para incorporar, de modo más robusto, los planes de recuperación dentro de la gobernanza y la gestión de riesgos. Estos planes buscan asegurar que las instituciones se encuentren preparadas para enfrentar distintos escenarios críticos del ámbito financiero, a través del desarrollo de opciones de recuperación sólidas y factibles que puedan ser activadas por la propia entidad.
Implicancias prácticas para empresas y el sector privado
Se espera que la propuesta normativa permita lo siguiente:
- Mayor capacidad de respuesta de las entidades frente a situaciones de estrés financiero.
- Robustecer la resiliencia sistemática e idiosincrática de las instituciones financieras.
- Fortalecer la transparencia y la calidad del proceso de toma de decisiones.
- Promover una supervisión más simple y efectiva en las materias reguladas.
Entrada en vigencia y disposiciones transitorias
La propuesta normativa estará sometida a consulta pública hasta el 29 de abril de 2026. Por su parte, el proceso de calificación de gestión comenzaría a aplicarse a partir del año 2028, permitiendo así una implementación paulatina y proporcional.
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