Litigación y Arbitraje

Garrigues

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  • El proyecto de ley que crea la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero retoma su tramitación parlamentaria

    La nueva regulación configura una vía extrajudicial para la resolución de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes, y atribuye carácter vinculante a las resoluciones de reclamaciones inferiores a 20.000 euros dictadas por la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Analizamos el texto desde una perspectiva procesal civil.
  • Cártel de camiones: el Tribunal Supremo entra a valorar (y rechaza) un informe pericial aportado a cientos de procedimientos que ha dado lugar a resoluciones contradictorias

    En una nueva tanda de sentencias, el Alto Tribunal español confirma su doctrina en relación con la estimación judicial del daño en este tipo de reclamaciones, extendiéndola ahora a una serie de casos a los que se acompañaba un concreto informe pericial que, si bien es más sofisticado que los aportados por los demandantes en los casos analizados por el Supremo en sus sentencias relativas a la llamada primera oleada, sigue siendo insuficiente para acreditar la cuantía del daño.
  • Plazos procesales y derecho de defensa: novedades tras la entrada en vigor de la reforma de la LEC

    El Real Decreto-ley 6/2023 amplía los supuestos que se resolverán bajo las reglas del juicio verbal, cuyo plazo para contestar a la demanda es más breve que el de un procedimiento ordinario. Esta novedad lleva a reflexionar sobre los exigentes plazos judiciales del proceso civil y en qué medida pueden suponer un riesgo para el derecho de defensa.
  • Avanza en el Congreso el proyecto de ley orgánica para la eficiencia del servicio público de justicia y la regulación de las acciones colectivas

    El proyecto busca reformar la organización judicial, promover métodos alternativos de resolución de controversias (MASC) y consolidar las acciones colectivas en defensa de los consumidores.
  • Se puede denegar la asistencia a la junta general a una socia persona jurídica por falta de acuerdo para la designación de su representante

    En caso de que dos administradores de una persona jurídica estén enfrentados y no se pongan de acuerdo a la hora de designar a su representante en la junta general de otra empresa, la justicia considera adecuado denegar su asistencia y tener por no comparecida a esa sociedad.
  • Las empresas podrán recibir notificaciones de demandas por medios electrónicos a partir del próximo 20 de marzo

    Las empresas deberán extremar la diligencia y revisar adecuadamente las notificaciones que puedan recibir a través de medios electrónicos. Conviene que adopten medidas para un mejor control de las notificaciones y así minimizar riesgos.
  • Secretos empresariales y competencia desleal

    Artículo de Marta González Pajuelo, socia de Resolución Conflictos: Litigación y Arbitraje en Garrigues Murcia ('La Verdad de Murcia').
  • El Tribunal Supremo fija un nuevo plazo de prescripción de la acción de responsabilidad de los administradores por deudas sociales

    En una reciente sentencia, el Alto Tribunal sienta un nuevo criterio respecto del plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas sociales: está sometida al plazo de prescripción de la acción para reclamar la deuda de la sociedad y empieza a computar al mismo tiempo que ésta.
  • El 'compliance' como instrumento necesario para la continuidad y protección de la empresa familiar

    Más allá de la necesaria prevención de delitos y la mejora de las opciones de defensa ante un eventual procedimiento penal, un ejercicio adaptado en materia de cumplimiento penal puede aportar muchos beneficios para la empresa familiar: fomenta la transparencia y objetividad en la toma de decisiones, generando confianza en las partes interesadas distintas de la propia familia, lo que refuerza la garantía de continuidad.
  • El Tribunal Supremo aplica la preclusión en litigación bancaria

    Una reciente sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo desestima una demanda interpuesta contra una entidad financiera al considerar que se estaba volviendo a solicitar lo mismo que ya se había pedido, sin éxito, en un procedimiento judicial anterior, con la mera modificación consistente en el cambio de la fundamentación jurídica.