Litigación y Arbitraje

Garrigues

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  • Secretos empresariales y competencia desleal

    Artículo de Marta González Pajuelo, socia de Resolución Conflictos: Litigación y Arbitraje en Garrigues Murcia ('La Verdad de Murcia').
  • El Tribunal Supremo fija un nuevo plazo de prescripción de la acción de responsabilidad de los administradores por deudas sociales

    En una reciente sentencia, el Alto Tribunal sienta un nuevo criterio respecto del plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas sociales: está sometida al plazo de prescripción de la acción para reclamar la deuda de la sociedad y empieza a computar al mismo tiempo que ésta.
  • El 'compliance' como instrumento necesario para la continuidad y protección de la empresa familiar

    Más allá de la necesaria prevención de delitos y la mejora de las opciones de defensa ante un eventual procedimiento penal, un ejercicio adaptado en materia de cumplimiento penal puede aportar muchos beneficios para la empresa familiar: fomenta la transparencia y objetividad en la toma de decisiones, generando confianza en las partes interesadas distintas de la propia familia, lo que refuerza la garantía de continuidad.
  • El Tribunal Supremo aplica la preclusión en litigación bancaria

    Una reciente sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo desestima una demanda interpuesta contra una entidad financiera al considerar que se estaba volviendo a solicitar lo mismo que ya se había pedido, sin éxito, en un procedimiento judicial anterior, con la mera modificación consistente en el cambio de la fundamentación jurídica. 
  • El Tribunal Supremo aborda el plazo y el procedimiento para el cobro forzoso de las costas procesales

    Una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo analiza el plazo para exigir el cumplimiento forzoso de la condena al pago de las costas procesales.  Adicionalmente la resolución judicial deja sentado que, transcurrido dicho plazo procesal, ya no será posible reclamar por vía judicial el abono de las costas procesales.
  • ¿Cuáles son las modificaciones más relevantes de la LEC derivadas del Real Decreto-ley de Eficiencia Digital y Procesal?

    El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas de transformación digital y eficiencia procesal de la Administración de Justicia a través de un real decreto-ley de 187 páginas que modifica más de 130 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). La reforma introduce relevantes novedades en el ámbito procesal y en la relación de los ciudadanos y las empresas con los órganos judiciales.
  • El Gobierno aprueba un paquete de medidas de transformación digital y eficiencia procesal de la Administración de Justicia

    En un real decreto-ley de cerca de 190 páginas, se introducen relevantes novedades en el ámbito procesal y en la relación de ciudadanos y empresas con los órganos judiciales. Repasamos algunas de las medidas de mayor calado de la norma publicada.
  • El TSJ de la Comunidad Valenciana deniega el reconocimiento de un laudo multimillonario dictado en el marco de un arbitraje chino

    El auto del tribunal valenciano aborda el análisis jurídico de una causa de oposición al reconocimiento de laudos extranjeros cuyo acogimiento por los tribunales españoles es muy poco habitual: la violación del orden público español por falta de imparcialidad del árbitro.
  • El cambio climático llega a los tribunales civiles: ¿a qué acciones judiciales pueden enfrentarse las empresas?

    Poco a poco, los tribunales se están convirtiendo en un nuevo escenario para la lucha contra el cambio climático. Analizamos el creciente número de demandas relacionadas con el medioambiente que se están planteando frente a entidades privadas, así como los diferentes tipos de acciones que están emprendiendo los demandantes. 
  • El Tribunal Supremo modifica los plazos de prescripción de las acciones de responsabilidad de administradores

    El Tribunal Supremo dicta su primera resolución desde que, por medio de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, se introdujo el artículo 241 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Concluye que no resulta de aplicación ni este artículo 241 bis, ni el artículo 949 del Código de Comercio, sino que el plazo de prescripción ha de ser el que corresponda a la acción de reclamación de la deuda a la sociedad y comienza a computarse al mismo tiempo que dicha acción contra la sociedad.