Derecho Penal
Los modelos de 'compliance' penal como manifestación de la gestión de los factores ESG y la sostenibilidad en las empresas
Gabriel Castro y Beatriz Bustamante, socio y asociada principal, respectivamente, del Departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues, y Juan Pablo Regojo, director de la Unidad de Cumplimiento de Grupo Nueva Pescanova, abordan los ‘Modelos de organización y gestión en la empresa para la prevención de delitos desde una perspectiva práctica’, en una nueva edición de ‘Los diálogos de Garrigues Sostenible’.'Compliance': La nueva ISO 37301 permitirá certificar la cultura de cumplimiento implantada en las empresas
Las organizaciones cuentan con un nuevo estándar internacional en el ámbito del cumplimiento normativo. La nueva ISO 37301 es transversal y permite integrar en la gestión de los riesgos de cumplimiento los relativos a la corrupción, entre otros. La principal novedad es que es una norma certificable, lo que permitirá evidenciar el funcionamiento y vigencia de un estándar exigente en materia de ‘compliance’.COVID-19: La responsabilidad penal de las empresas ante el aumento de situaciones de insolvencia
Resulta esencial gestionar correctamente las situaciones de crisis que puedan estar atravesando en estos momentos las empresas para evitar incurrir en conductas que se consideran delictivas, algunas de las cuales, en la anterior crisis económica, únicamente constituían incumplimientos desde el punto de vista mercantil y concursal.COVID-19: El CGPJ propone un plan de choque para evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado una propuesta con más de un centenar de medidas entre las que destaca la habilitación del mes de agosto. La propuesta se presentará al Ministerio de Justicia para contribuir al plan de agilización de la actividad judicial previsto en la disposición adicional décimo novena del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Se proponen medidas comunes a todos los órdenes jurisdiccionales y también específicas.