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El pasado 23 de marzo se publicó la Ley No. 31992, ley de fomento del hidrógeno verde, cuya finalidad es brindar un marco normativo que contemple las medidas necesarias que se deben implementar a fin de impulsar el desarrollo y crecimiento de una industria que permita el uso del hidrógeno verde como combustible y como vector energético.

Entre las principales disposiciones de la ley destacan las siguientes:

1. Se define el hidrógeno verde como un vector energético producido con tecnologías de baja emisión de gases de efecto invernadero.
2. Atribuye al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) la responsabilidad de fomentar la generación, la producción y el uso del hidrógeno verde en la industria a partir de energías renovables. Asimismo, la entidad deberá formular políticas y planes energéticos sectoriales que permitan el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno verde a través del establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo que se encuentren alineadas con la política energética nacional.
3. Las políticas, los planes y la normativa complementaria que fomenten el desarrollo del hidrógeno verde deberán garantizar, entre otros: (i) La implementación de las recomendaciones del grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de proponer alternativas regulatorias y promocionales que impulsen y viabilicen el desarrollo de proyectos; (ii) planificación territorial en todo el ámbito nacional para el establecimiento de polos productivos con centros de desarrollo y plantas de producción y transformación de hidrógeno verde; y, (iii) otorgamiento de beneficios económicos y tributarios para la investigación, la producción, la transformación, el transporte, la comercialización, la exportación y el uso del hidrógeno verde como combustible y como vector energético en sus diferentes aplicaciones.
4. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), a través del del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (PROCIENCIA), fomenta la investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de tecnología en materia de energía por medio de la formación de profesionales especializados en la materia en colaboración con universidades públicas y privadas.

Finalmente, se ha determinado que el reglamento de la ley y toda normativa que se requiera para la correcta aplicación de la ley deberá publicarse como máximo el 20 de septiembre de 2024.