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El sector agroalimentario ya cuenta con su propio Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 8 de febrero.

Dicho proyecto tiene por finalidad fortalecer el sector agroalimentario, dotándole de financiación y herramientas para impulsar su modernización y digitalización, y contribuir a consolidar una producción agroalimentaria sostenible, competitiva y resiliente, al tiempo que se promueve la creación de empleo y se da respuesta al reto demográfico.

Para ello, este PERTE establece los siguientes objetivos específicos:

• Mejorar la competitividad del sector agroalimentario, mediante actuaciones dirigidas a impulsar la digitalización de las empresas que permita la automatización y eficiencia de procesos, así como la toma y tratamiento masivo de datos.
• Potenciar la sostenibilidad del sector, favoreciendo el ahorro energético en planta y la reducción en el consumo de recursos utilizados en los procesos productivos.
• Mejorar la trazabilidad y seguridad alimentaria en el sector, mediante la implantación de tecnología blockchain, de sistemas de marcado y lectura y sistemas de control de calidad y seguridad alimentaria.

Para alcanzar dichos objetivos, se articulan las siguientes líneas estratégicas:

• Impulsar la transformación y desarrollo tecnológico del sector agroalimentario y los actores implicados, el uso del big data y de nuevas herramientas digitales, así como su adaptación a un entorno digital.
• Promover el suministro de alimentos sanos, seguros y saludables, ligados a procesos industriales que mejoren la descarbonización y minimicen su impacto en términos de sostenibilidad.
• Mejorar la dimensión y la cohesión social del sector agroalimentario mediante el apoyo de jóvenes, protección de segmentos más vulnerables, incorporación de las mujeres y adopción de medidas en materia de transporte, almacenamiento, envasado y desperdicio de alimentos.
• Impulsar el desarrollo de la economía circular y reducir el impacto ambiental del sector agroalimentario mediante el uso eficiente de recursos naturales y energía en la producción de alimentos y la adopción de medidas en materia de transporte, almacenamiento, envasado y desperdicio de alimentos.

En total, se prevé una inversión de más de 1.002,91 millones de euros para el periodo 2021-2023, que se calcula atraerá más de 1.000 millones de euros de inversión privada.

Esta agenda de inversiones se articulará a través de los siguientes tres ejes de actuación:

Eje 1: medidas de apoyo específico para el fortalecimiento de la industria agroalimentaria, con una dotación de 400 millones de euros y dirigidas a mejorar procesos de producción, vinculado con su competitividad, sostenibilidad y trazabilidad en la producción de alimentos.

En concreto, se requiere que los proyectos presentados (i) integren a todos los agentes de la industria agroalimentaria necesarios para la producción y puesta en comercialización de un producto (esto es, que abarquen toda la cadena de valor) e (ii) incluyan tanto actuaciones a nivel individual (por empresa solicitante) como a nivel colectivo (respecto de la agrupación) en dos de los tres bloques siguientes: competitividad, sostenibilidad y trazabilidad/seguridad alimentaria, siendo obligatoriamente, uno de ellos, el relativo a la trazabilidad.

Como ejemplo de las actuaciones individuales que se consideran obligatorias para las empresas solicitantes que opten por el bloque de competitividad cabe citar la automatización o la sensorización de procesos y la toma de datos masivos. Por su parte, dentro del bloque de las actuaciones individuales obligatorias a acometer por las empresas en el bloque de sostenibilidad, se incluyen la adopción de medidas de ahorro energético en planta (i.e utilizando maquinaria más eficiente que genere un menor consumo o innovando en la utilización de nuevos combustibles) o la reducción en los consumos de recursos (i.e mediante una reingeniería de los procesos productivos de la empresa orientada a conseguir dicha reducción).

En el bloque de trazabilidad, cuyo cumplimiento es obligatorio para todas las empresas solicitantes, habrá de presentarse un Plan Integral de Trazabilidad y Seguridad Alimentaria (PITSA) que permita ofrecer al consumidor una información transparente sobre todo el ciclo de vida del producto, desde la materia prima, incluyendo todo el proceso de transformación hasta llegar al proceso de venta.

Estas ayudas, que serán gestionadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se articularán mediante la concesión de préstamos con un tramo no reembolsable y serán financiadas con cargo al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia en la parte de subvención (con una dotación máxima prevista de 150 millones de euros) y con cargo al presupuesto nacional en la parte de préstamo (estimada en un total de 250 millones de euros).

Eje 2: medidas para la digitalización del sector agroalimentario, con una dotación presupuestaria de 454,35 millones de euros, destinados a alcanzar los objetivos de sostenibilidad y competitividad y de cohesión social y territorial vinculados a la producción de alimentos a través de nuevas aplicaciones tecnológicas.

Se propone conseguir tales objetivos a través de la ejecución de las siguientes 10 actuaciones canalizadas desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: (i) el Impulso de la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y del medio rural (con una dotación de 42,15 millones de euros); (ii) la ejecución de proyectos innovadores en el marco de la iniciativa europea AEI-Agri (12,20 millones de euros); (iii) el desarrollo de un paquete formativo y asesoramiento en materia de digitalización dirigido a titulares de explotaciones agrarias en el marco del Programa Nacional del Desarrollo Rural (3 millones de euros); (iv) el desarrollo del Centro de Competencias Digitales en el sector agroalimentario español (1 millón de euros); (v) la articulación del Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (20 millones de euros); (vi) su inclusión en el Programa de Espacios de Datos Sectoriales (50 millones de euros); así como (vii) a través del Programa Kit Digital (275 millones de euros) al que pueden tener acceso las pymes del sector; (viii) el Programa de Agentes del Cambio (27 millones de euros); (ix) el despliegue del 5G (y otras medias de conectividad digital) en el ámbito agrícola (a las que se destinan 15 millones de euros); y, (x) finalmente, a través del Programa de Formación para expertos en transformación digital de las pymes (con un presupuesto específico de 9 millones de euros).
               
Eje 3: medidas específicas de apoyo a la innovación y la investigación, a las que se destina 148,56 millones de euros para mejorar la competitividad del sector agroalimentario en todos sus eslabones.

Son 5 líneas de inversión promovidas desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, consistentes en (i) la modernización de laboratorios de sanidad animal y vegetal (con una dotación de 18 millones de euros); (ii) las actuaciones incluidas en los Planes complementarios con CCAA en I+D+I (95,63 millones de euros); (iii) la Plataforma Española de Germoplasma Vegetal (4,53 millones de euros); (iv) mediante proyectos de I+D de vanguardia en el área agrícola y agroalimentario incluidos en el marco del Programa Misiones para la Ciencia e Innovación (21,9 millones de euros); y (v) las ayudas a Centros Tecnológicos de Excelencia Cervera para la realización de actuaciones en I+D en tecnologías consideradas prioritarias en este ámbito (8,5 millones de euros).

Por último, el PERTE incluye (i) 11 medidas facilitadoras de carácter transversal, no dirigidas exclusivamente al sector agroalimentario, pero de las que podrían beneficiarse las empresas del sector (i.e Plan para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad del regadío, conservación de la biodiversidad terrestre y marina, impulso de las energías renovables eléctricas y térmicas en el sector agrícola, programa de capacidades emprendedoras, línea de apoyo al emprendimiento de mujeres, programas de apoyo público para el despliegue de banda ancha ultrarrápida en las zonas rurales, etc.) así como (ii) 3 medidas facilitadoras ligadas al PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno renovable y Almacenamiento, en particular, vinculadas con las materias de autoconsumo, renovables térmicas y uso de biogás con las que se aprecian indudables sinergias.

Según las previsiones del Gobierno, se espera que el PERTE contribuya al PIB en una cifra mínima de 3.000 millones de euros, sin perjuicio de los impactos generados en la economía por la creación de nuevos modelos y oportunidades de negocio, las nuevas oportunidades laborales generadas por las actuaciones ligadas al PERTE y los ahorros generados en el tejido productivo, las economías domésticas y los presupuestos públicos. Todo ello sin olvidar el efecto vertebrador del territorio que se espera que esta iniciativa produzca a la hora de la fijación de las explotaciones y de la población al medio rural para garantizar su permanencia en el futuro.

Cronograma

De conformidad con la Memoría Descriptiva del PERTE Agroalimentario, está previsto que en el primer semestre de 2022 se aprueben diversas órdenes de bases reguladoras y convocatorias de proyectos tales como:

• Medidas de apoyo al sector industrial (MINCOTUR);
• Ejecución de proyectos innovadores en el marco de la iniciativa europea AEI-Agri para apoyar la transformación digital del sector agroalimentario y del medio rural (MAPA);
• Programa Kit Digital (C13.I3, SEIDA, MINECO);
• Programa de Agentes del Cambio (c13.i3, SEDIA, MINECO) o
• Programa de Formación de expertos en transformación digital de las pymes (C19.I3, SEDIA, MINECO).

La aprobación de las mencionadas órdenes marcará el momento en el que las empresas del sector deberán analizar las condiciones de los mencionados programas y la posibilidad de presentar proyectos.