Novedades Litigación y Arbitraje 3-2012

Entre los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros celebrado este 27 de julio de 2012, se incluye la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social se presenta por el Gobierno como un elemento más del conjunto de medidas de mejora de la eficacia de los instrumentos de control y del gasto público adoptadas con motivo de la crisis económica que sirva para incrementar la confianza y credibilidad.

De hecho, dicho Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal cuya remisión a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria fue acordada en el referido Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012, se anuncia, como su propio nombre indica, como complementaria de dos reformas legislativas adicionales que también han sido remitidas en la misma fecha para su valoración por el legislador: (i) la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y (ii) la Ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Aun tratándose de solo un Proyecto, toda vez que el texto pretende una modificación sustancial de figuras tan sensibles como el delito contra la Hacienda Pública, consideramos de interés efectuar un análisis de la nueva regulación propuesta. A este respecto y si bien todavía no se ha dado publicidad al contenido íntegro del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal, gracias al análisis de los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado sobre el Anteproyecto que le precedía (que contaban con transcripciones literales de la reforma del Código Penal propuesta por el Gobierno) y el contenido de la referencia del Consejo de Ministros del 27 de julio de 2012, estamos en disposición de adelantar cuáles serían  las modificaciones que se presentan por parte del Ejecutivo en atención al texto de Anteproyecto de Ley Orgánica que, por el contenido de la rueda de prensa dada tras la reunión del Consejo de Ministros por la Vice-Presidenta del Gobierno, parecen haber quedado inalteradas en lo que a las novedades aquí analizadas se refiere.

Así la reforma pivota sobre aquellos sectores en los que existe una mayor percepción del fraude: delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores y cuentas públicas –ligado con la gestión del gasto público y la mentada Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de la que, insistimos, este proyecto de reforma del Código Penal se presenta como complementaria–.
Para ello, en lo que a las conductas defraudatorias se refiere, el texto parece proyectarse en tres direcciones fundamentales: (i) el tratamiento agravado de ciertas conductas que se entienden merecedoras de un mayor reproche penal (lo que implica que en determinados supuestos la pena máxima de prisión se incremente y, consiguientemente, el plazo de prescripción asciende de los cinco a los diez años); (ii) la introducción de incentivos para regularizar las conductas de los presuntos defraudadores; y (iii) la dinamización del procedimiento (bien sea para perseguir tramas organizadas o para permitir el cobro de la deuda defraudada antes de que finalice el procedimiento penal).

1. ILÍCITOS PENALES CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA
2. FRAUDE A LOS PRESUPUESTOS DE LA UNIÓN EUROPEA
3. DELITO CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL
4. NUEVO DELITO DE OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE PRESTACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
5. FRAUDE DE SUBVENCIONES
6. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA POR LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL
7. DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
8. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE CERTIFICADOS
9. NUEVA FIGURA DELICTIVA DE “MALA GESTIÓN” DE LOS RECURSOS PÚBLICOS