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ARGENTINA

Una empresa italiana solicita la ejecución de un laudo dictado hace 7 años

La constructora italiana Webuild ha solicitado recientemente ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia la ejecución de un laudo del CIADI contra Argentina por importe de 21,3 millones de USD. El laudo en cuestión se dictó en 2014, después de que el tribunal arbitral concluyera que en 2006 Argentina expropió indirectamente la inversión de Webuild, entonces denominada Salini Impregilo.

A principios de los 2000, Argentina estaba sufriendo una grave recesión económica, que llevó al país a desvincular su moneda, el peso argentino, del dólar estadounidense y al congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Salini Impregilo era por aquel entonces accionista mayoritario de Aguas del Gran Buenos Aires, empresa adjudicataria de la concesión del suministro de agua para la provincia de Buenos Aires. La política de pesificación impidió que Aguas del Gran Buenos Aires facturara a sus clientes, por lo que la empresa se vio obligada a suspender el suministro de agua, con la consiguiente retirada de la concesión por parte del Gobierno. Salini Impregilo consiguió que se estimaran sus alegaciones en el sentido de que las medidas de Argentina habían afectado gravemente a las operaciones económicas de Aguas del Gran Buenos Aires y constituían incumplimiento del principio de trato justo y equitativo consagrado en el APRI entre Argentina e Italia. La indemnización de daños que Argentina fue condenada a pagar en el laudo arbitral sigue pendiente. Según se ha informado, Salini Impregilo, y posteriormente Webuild, han estado intentando desde hace años negociar con Argentina el cobro de la indemnización sin ningún éxito, por lo que la empresa italiana ha recurrido a los órganos jurisdiccionales estadounidenses para intentar que se ejecute el laudo.

PANAMÁ

Una empresa minera canadiense amenaza con acudir al CIADI

La minera canadiense Petaquilla Minerals ha anunciado que va a presentar una demanda de arbitraje ante el CIADI contra el Estado panameño, al que acusa de incumplir la obligación de protección de su inversión conforme al APRI entre Canadá y Panamá. Petaquilla Minerals, que opera en Panamá a través de su filial local, Petaquilla Gold, obtuvo una concesión sobre una mina de oro en 2005. La explotación de la mina ha estado rodeada de controversia. La empresa ha sido acusada de dañar gravemente el entorno local, de no haber pagado los cánones correspondientes y de adeudar a los trabajadores de la mina salarios por más de 11 millones de USD.

El Gobierno de Panamá canceló la concesión minera en 2015, medida que según Petaquilla Minerales fue injustificada y constituyó incumplimiento del principio de trato justo y equitativo del APRI entre Canadá y Panamá.