Publicaciones

REPÚBLICA CHECA

Un antiguo senador checo pierde dos arbitrajes contra la República Checa 

El mismo tribunal de la CNUDMI con sede en Zurich ha dictado dos laudos por los que desestima las demandas presentadas por el ciudadano checo-alemán Václav Fischer, antiguo senador checo, y por su empresa alemana Aircraftleasing Meier & Fischer (AM&F) contra la República Checa.

La empresa presentó la primera de las demandas en 2016 al amparo del TIB entre Alemania y la República Checa por supuestas irregularidades en su procedimiento concursal, que concluyó con la confiscación y subasta de dos de sus aviones. El segundo arbitraje estaba relacionado con la expulsión del senador de su propia agencia de viajes, CK Fischer, como resultado de decisiones oficiales supuestamente erróneas.

Aunque el tribunal se declaró competente en ambas demandas, finalmente desestimó las dos por cuestiones de fondo. Según algunas fuentes, el Sr. Fischer ha iniciado otro arbitraje contra la República Checa, en esta ocasión por el impacto del concurso supuestamente irregular sobre sus inversiones.

POLONIA

Polonia gana una demanda de arbitraje de un proyecto inmobiliario

Polonia ha anunciado que ha obtenido resolución favorable frente al inversor demandante Griffin Financial Group (GFG) en un procedimiento relacionado con la decisión del Gobierno de resolver un contrato de usufructo permanente sobre bienes inmuebles en la capital polaca. 

El proyecto inmobiliario contemplaba, según Griffin, la demolición de unas 1.900 barracas. Después de la demolición, el Gobierno polaco declaró que se había destruido un edificio emblemático sin los permisos necesarios, puesto que iba a ser declarado monumento protegido.

En un primer momento, los tribunales de Varsovia pusieron fin al usufructo de Griffin afirmando que el promotor no había finalizado las obras en los plazos pactados. Tras el recurso, tanto la Corte de Apelaciones de Varsovia como el Tribunal Supremo de Polonia ratificaron la decisión del tribunal inferior.

Griffin presentó una demanda basada en el Tratado de Inversión Bilateral y el tribunal arbitral se declaró incompetente para conocer de la demanda por expropiación indirecta e incumplimiento del principio de trato justo y equitativo. No obstante, el Commercial Court inglés admitió la acción de anulación ejercida por Griffin y determinó que el tribunal arbitral tenía competencia para conocer de la demanda por expropiación indirecta y por incumplimiento del principio de trato justo y equitativo basada en el TIB de acuerdo con el Convenio de Viena de 1969. Después de la decisión del tribunal inglés, los árbitros dictaron laudo sobre el fondo del asunto desestimando las pretensiones de Griffin y determinando que Polonia no había incumplido ninguna de las obligaciones del tratado.

ESPAÑA

Una filial panameña pierde un arbitraje financiado contra España por una concesión minera

La minera canadiense Edgewater Exploration (EE) ha informado de su derrota en un arbitraje contra España. EE también ha confirmado que un tercero anónimo financió la demanda a través de una operación intermediada por ClaimTrading. Según EE, el 14 de abril de 2020 se estimó una de las cuatro objeciones jurisdiccionales planteadas por España en una decisión no unánime.

Ya en 2015, la filial panameña de EE amenazó con presentar una demanda de arbitraje contra España cuando el Gobierno autonómico de Galicia puso fin unilateralmente a las concesiones para el proyecto de la mina de oro de Corcoesto, en el noroeste de España.

EE se ha limitado a decir que, aunque el tribunal arbitral, con sede en París, había desestimado por unanimidad las cuatro objeciones jurisdiccionales planteadas por España en los procedimientos, admitió una quinta objeción por mayoría de dos contra uno. Según EE, el único disidente “opinaba que la decisión mayoritaria incurrió en errores de hecho y de derecho” y que “el tribunal debería haber decidido sobre el fondo del asunto”.

Un inversor británico inicia un procedimiento de ejecución contra España

La luxemburguesa Watkins Holdings (WH) y otra filial neerlandesa de la firma de capital riesgo birtánica Bridgepoint Advisers han iniciado ante el Tribunal del Distrito de Columbia, en EEUU, una acción para la ejecución de un laudo del CIADI basado en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) contra España por valor de 77 millones de euros. 

El laudo es resultado de uno de los más de cincuenta arbitrajes iniciados contra España en respuesta a las reformas del régimen de incentivos a las energías renovables. Por mayoría de dos a uno, se concluyó que la inversión de los demandantes había fracasado como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno español en 2013, que habían frustrado las expectativas legítimas de los inversores en contra del principio de trato justo y equitativo del TCE, puesto que España había “prometido expresamente” en legislación promulgada en 2017 que las revisiones de las primas y tarifas fijas no afectarían a las instalaciones ya existentes.

El árbitro disidente acusó a sus colegas de “falta de claridad” y rechazó la sugerencia de que la inversión hubiera “fracasado”, observando que el inversor había comprado los terrenos por 91 millones de euros y los vendió por 133 millones de euros en 2016 en menos de seis años, obteniendo un retorno de más del 11%.

El tribunal fue unánime al concluir que carecía de competencia sobre las demandas referentes a una tasa del 7% sobre la producción de electricidad, puesto que estas medidas están claramente incluidas en una excepción fiscal del TCE. Por otra parte, el tribunal desestimó por unanimidad otras objeciones jurisdiccionales planteadas por España, incluida la basada en la reciente resolución del TJE en el caso Achmea, que prohíbe el arbitraje de inversión intracomunitario basado en el TCE.

España se enfrenta ahora a otras ocho acciones de ejecución por parte de inversores en renovables en los tribunales del Distrito de Columbia.