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BOLIVIA

Deniegan a Bolivia la suspensión de un plazo por la crisis del COVID-19

La Corte de Arbitraje Permanente ha denegado a Bolivia la ampliación del plazo para presentar su contestación a una demanda de arbitraje a pesar de los intentos del gobierno por posponer la fecha límite alegando que la pandemia global del COVID-19 constituía una causa de fuerza mayor que le había hecho “prácticamente imposible” preparar el escrito.

La decisión se enmarca en la demanda de inversión al amparo del TIB entre EEUU y Bolivia presentada por el estadounidense J.M. Orlandini Agreda y Compañía Minera Orlandini en relación con las concesiones mineras que los demandantes tienen en el oeste de Bolivia.

Bolivia alegó que las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense y por su propio gobierno habían mermado  significativamente su capacidad para preparar el escrito de defensa, ya que sus abogados, con despacho en Washington DC, se habían visto obligados a cerrar y no había sido posible contactar con peritos y testigos en Bolivia debido al confinamiento.

Los demandantes se opusieron a la petición de Bolivia, afirmando que la pandemia del COVID-19 era previsible, como mínimo desde enero, cuando los gobiernos de todo el mundo fueron conscientes de la amenaza. Los demandantes también alegan que la crisis global no suponía un obstáculo insalvable que hiciera imposible la presentación de un escrito de defensa por el Estado. Los demandantes advirtieron que la aceptación de la solicitud de Bolivia podía sentar un precedente peligroso susceptible de “afectar a todo el sistema arbitral internacional”.

Por último, en respuesta a la petición de Bolivia, el tribunal arbitral concluyó que los indudables efectos que la pandemia había tenido sobre las partes no hacían imposible la presentación de un escrito de demanda, señalando que, a diferencia del Gobierno boliviano, las partes de otros procedimientos habían mostrado una “disposición a adaptarse a la nueva realidad”.

BRASIL

Un fabricante de aviones brasileño presenta una demanda contra Boeing

La brasileña Embraer SA ha presentado una demanda de arbitraje contra Boeing Co después de que el gigante aeroespacial suspendiera de forma repentina una operación de 4.200 millones de USD que habían tardado años en desarrollar.

Cuando la noticia de la cancelación llegó al mercado, las reacciones fueron, en general, negativas, provocando la caída del precio de las acciones de Boeing a los niveles más bajos en ocho años. Pero no todos fueron tan pesimistas. De hecho, el Gobierno brasileño, que es el mayor cliente militar de Embraer, ha sugerido que una nueva alianza comercial con China podría ser “un matrimonio inevitable”.

Boeing ha declinado dar explicaciones por la repentina decisión de cancelar la operación, aunque varias fuentes la han relacionado con el difícil momento por el que atraviesa la compañía como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que ha golpeado con especial crudeza al sector de los viajes. 

Embraer no ha dado ningún detalle sobre el proceso arbitral o el fondo del mismo ni ha confirmado si después presentará una demanda ante los órganos jurisdiccionales americanos o brasileños.

Paraguay

Un tribunal de la CNUDMI prohíbe a Paraguay de ejecutar un aval

El tribunal de la CNUDMI que se ocupa de la demanda presentada por el grupo constructor portugués Mota-Engil (M-E) contra Paraguay en relación con una red de metrobús de alta velocidad ha prohibido que el Estado ejecute avales por 13 millones de USD. Por otra parte, el tribunal arbitral ha ordenado a M-E que sustituya dos de dichos avales por uno solo a los efectos del arbitraje.

El fiscal general de Paraguay ha explicado que es “imposible cumplir” esta orden, puesto que Paraguay ya ha empezado a ejecutar los avales y que el Gobierno ha solicitado aclaraciones al tribunal.

Por el momento las partes no han llegado a un acuerdo sobre cuál será la sede arbitral y M-E ha anunciado que va a presentar una segunda demanda contra el estado por otros incumplimientos del TIB entre Portugal y Paraguay.

VENEZUELA

Venezuela recurrirá una orden de ejecución de un laudo ante los tribunales federales de los Estados Unidos

El Ministerio de Defensa venezolano ha declarado que va a recurrir ante el Tribunal Federal de Apelación de los Estados Unidos correspondiente al Quinto Circuito la decisión del tribunal de distrito de Mississippi por la que se ordena la ejecución de un laudo de 129 millones de USD a favor del astillero americano Huntington Ingalls Industries (HIIT), en una controversia iniciada hace 20 años en relación con la modernización de dos fragatas de la armada.

El recurso es la última de una serie de acciones relacionadas con un contrato suscrito en 1997 por el que se adjudicó a un antecesor de HII la reparación y modernización de dos fragatas venezolanas. Tras varios procedimientos, un tribunal arbitral dictó en 2018 un laudo de 129 millones de USD a favor de HII. Acto seguido, HII solicitó su ejecución ante el Tribunal de Distrito de Columbia, que rechazó la solicitud alegando que HII había pedido previamente al tribunal de Mississippi que mantuviera su competencia sobre el asunto.

En las posteriores acciones de ejecución, en esta ocasión ante el tribunal de Mississippi, Venezuela se opuso a la ejecución alegando que el arbitraje se había celebrado en Río de Janeiro, que no era la sede arbitral que las partes habían pactado en el contrato. HII respondió que, de acuerdo con la ley aplicable (la venezolana), la sede del arbitraje puede determinarse por los tribunales si el convenio entre las partes no lo determina.

En su última resolución, el tribunal de distrito de Mississippi da la razón a HII y concluye que, en ausencia de acuerdo entre las partes en relación con la sede del arbitraje, la ley venezolana permite que el arbitraje se traslade a Río de Janeiro.