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México

Condenada la eléctrica estatal mexicana por la paralización de un proyecto hidroeléctrico

Un consorcio integrado por Sinohydro Costa Rica, filial de la energética estatal china Sinohydro, y tres compañías mexicanas (Omega Construcciones, Desarrollos & Construcciones Urbanas y CAABSA Infraestructura), ha ganado un arbitraje de la LCIA de 220 millones de USD contra la eléctrica estatal mexicana relacionado con un proyecto que se suspendió a causa de las protestas locales.

En 2015, el consorcio resultó adjudicatario de un contrato de 390 millones de USD para la construcción de una central de 240MW en el río mexicano Grijalva, que suministraría electricidad a medio millón de viviendas en Chiapas, México. La construcción debía finalizarse en 2018, pero el acceso a las obras fue bloqueado en más de 20 ocasiones por manifestantes.

La Comisión de Electricidad Federal (CFE) del estado mexicano intentó poner fin al contrato alegando incumplimiento por parte del consorcio. Pero ahora, el tribunal arbitral ha determinado que el contrato debe resolverse a causa del incumplimiento por la CFE de obligaciones sustanciales, puesto que debía haber garantizado el acceso del consorcio al emplazamiento del proyecto.

En consecuencia, ha condenado a la CFE a pagar más de 220 millones de USD por los daños y perjuicios y el lucro cesante derivados de los retrasos e interrupciones de las obras.

CFE ha declarado que va a recurrir el laudo.

Un inversor en telecomunicaciones, derrotado en un conflicto con el regulador mexicano por derechos de interconexión

Un tribunal de la CNUDMI ha desestimado la demanda de 472 millones de USD presentada por el estadounidense Joshua Nelson contra el regulador de telecomunicaciones mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en relación con derechos de interconexión.

Según el demandante, el IFT acabó con su negocio de telecomunicaciones al concederle primero, en 2014, una serie de derechos de interconexión que después expropió aduciendo la nulidad del contrato de interconexión debido a que no había sido suscrito por una de las partes (Telmex).

Ante la evidencia de que Telmex no firmó el borrador del contrato de interconexión, el tribunal consideró que los derechos de interconexión supuestamente expropiados no llegaron a existir según la ley mexicana, puesto que el contrato de interconexión nunca entró en vigor.

Perú

Perú  se enfrenta a la demanda de un inversor petrolero por supuesto soborno en el marco de una licitación

Perú  ha sido demandado ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) por un antiguo ciudadano peruano, Bacilio Amorrortu, que afirma haber perdido una licitación sobre dos bloques petroleros como consecuencia de los sobornos pagados a Ollanta Humala, expresidente de Perú.

Los dos bloques petroleros son los números tres y cuatro de Talara, en la costa del Pacífico peruana. Amorrortu afirma que en 1993 suscribió un contrato a 20 años para la explotación de pozos de petróleo, pero que en 1995 se vio obligado a ceder el contrato a una empresa canadiense después de quebrar por presiones del gobierno. Amorrortu terminó por pedir asilo en los EE.UU. y le fue concedido en el año 2000.

En 2012, Amorrortu creó una nueva empresa denominada Baspetrol y fue invitado a participar en una licitación para la explotación de los bloques números tres y cuatro. Pero, según Amorrortu, las negociaciones fueron suspendidas porque se “eligió a dedo” a otra empresa.

Al considerar que es un claro caso de soborno, ha decidido presentar una demanda de 90 millones de dólares conforme al Tratado Bilateral de Inversión entre los Estados Unidos y Perú (el TBI EEUU-Perú).

Perú sostiene que Amorrortu no ha demostrado los supuestos actos que desembocaron en la pérdida del contrato y que, por lo tanto, no ha justificado la indemnización que reclama. Perú afirma, además, que el tribunal arbitral carece de competencia, puesto que la demanda queda fuera del ámbito de aplicación del TBI EEUU-Perú.

Estados Unidos

El Tribunal Supremo de los EE.UU. volverá a pronunciarse sobre la facultad de los árbitros para decidir sobre cuestiones de arbitrabilidad

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a volver a pronunciarse sobre un asunto de importancia fundamental en el arbitraje: si los árbitros pueden decidir sobre la cuestión de arbitrabilidad.

El caso en cuestión afecta a un distribuidor estadounidense de equipos médicos, Harry Schein, que ha sido acusado de conspirar con otros distribuidores de equipos dentales para fijar precios.

En enero de 2019, el tribunal dio la razón a Schein y resolvió que la Ley Federal de Arbitraje no autoriza a los órganos jurisdiccionales a decidir sobre cuestiones de arbitrabilidad cuando las partes ya hayan encomendado claramente esta función a un árbitro.

No obstante, cuando el caso fue remitido al Quinto Circuito de Apelaciones, este tribunal consideró que el convenio arbitral no reflejaba la voluntad “clara e inequívoca”  de las partes de someter las cuestiones objeto de controversia a arbitraje, puesto que se excluían las demandas en las que se solicitaran medidas cautelares.

Schein recurrió la decisión del Quinto Circuito ante el Tribunal Supremo de los EE.UU., que admitió el recurso el 15 de junio, siendo la segunda ocasión en que deberá resolver sobre esta misma cuestión.