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BRASIL

Dictan una sentencia favorable a Codesp en una controversia relacionada con una terminal de contenedores

Un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio brasileño-canadiense ha dictado sentencia a favor de la autoridad portuaria Codesp, responsable del mayor puerto de contenedores de Sudamérica, resolviendo un conflicto de 700 millones de USD que se había iniciado hace dos décadas.

El tribunal determinó que el grupo logístico brasileño en concurso de acreedores Libra debía responder íntegramente de las obligaciones financieras que tenía asumidas en los contratos de arrendamiento de dos terminales en el Puerto de Santos, estado de Sao Paulo. Codesp estima el importe que se le 710 millones de USD.

La controversia está relacionada con un contrato de concesión a 20 años que le fue adjudicado a Libra para la gestión de la Terminal 35 en el Puerto de Santos en 1998. El grupo se negó desde el principio a pagar las tarifas portuarias pactadas, alegando que las infraestructuras entregadas por Codesp no eran las prometidas. Libra  presentó su demanda en octubre de 2016.

El tribunal resolvió por unanimidad que no existía fundamento para acceder a la solicitud de Libra de efectuar un reequilibrio financiero del contrato, condenando al grupo a pagar los importes acordados en el contrato, además de los intereses y penalizaciones que correspondían por el incumplimiento de Libra.

COLOMBIA

Sigue adelante la demanda arbitral relacionada con un banco colombiano, con la selección de los árbitros que compondrán el tribunal

El árbitro británico John Beechey ha sido designado para presidir el tribunal que dirimirá, bajo el reglamento CNUDMI, la demanda presentada por los hermanos estadounidenses Alberto, Felipe y Enrique Carrizosa contra Colombia ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) y al amparo del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia.

La demanda, de 330 millones de USD, ha sido presentada por los inversores y propietarios del banco colombiano Granahorrar, que fue nacionalizado tras atravesar dificultades financieras.

En 1998, el estado nacionalizó el banco por segunda vez cuando sus accionistas se esforzaban por amortizar préstamos de más de 600.000 millones de pesos (200 millones de USD) como consecuencia de la desaceleración económica sufrida por Colombia, que desembocó en una recesión en el país en 1989. Los hermanos Carrizosa reclaman una indemnización de al menos 323 millones de USD en la demanda bajo el reglamento CNUDMI. Se ha fijado una vista para decidir sobre la cuestión de competencia en 2020.

PANAMÁ

Un tribunal del CIADI desestima una petición de exhibición de documentos en una demanda por corrupción en Panamá

Un tribunal del CIADI ha desestimado la solicitud presentada por dos filiales estadounidenses del fabricante de neumáticos japonés Bridgestone para la exhibición de documentos por Panamá en el marco de una demanda por corrupción judicial en dicho país. 

La demanda en cuestión, presentada ante el CIADI conforme al acuerdo de promoción comercial entre EEUU y Panamá, trae causa de una sentencia dictada en 2014 por el Tribunal Supremo de Panamá en la que condenaba a Bridgestone a pagar  una multa de 5,4 millones de USD después de que dicha compañía se hubiera opuesto infructuosamente al registro de la marca «Riverstone» por su rival panameño Muresa. Bridgestone había alegado que la marca era similar a sus propias marcas y que, por lo tanto, podía crear confusión entre los consumidores.

Las compañías Bridgestone alegaron en el caso visto en el CIADI que la sentencia del Tribunal Supremo equivalía a denegación de justicia y era « tan clara y manifiestamente injusta» que solo podía haberse conseguido mediante corrupción.

No obstante, el tribunal arbitral denegó la petición de los demandantes de examinar las comunicaciones mantenidas entre los tres jueces o documentos relacionados con el caso Muresa, afirmando que es necesario salvaguardar el secreto que protege las deliberaciones judiciales y que si otorgaba su petición estaría vulnerando las obligaciones de absoluta reserva y confidencialidad que impone la normativa bancaria panameña.

VENEZUELA

Desestimada la demanda arbitral de una minera británica contra Venezuela

Un tribunal del CIADI ha desestimado la demanda de la minera británica Anglo American por supuesta expropiación, presentada al amparo del APRI de 2014 entre el Reino Unido y Venezuela a causa de la cancelación por parte del estado de concesiones propiedad de su filial indirecta venezolana MLDN sobre el yacimiento de mineral de Loma de Níquel.

La controversia se refiere a la inversión angloamericana en la mina de níquel en el año 1993 y a la cancelación por parte del gobierno venezolano de 13 concesiones propiedad de MLDN y la toma de control por parte de Venezuela del yacimiento de mineral, planta de procesado y otras instalaciones.

En su pretensión principal, Anglo American alega que la expropiación de la planta de procesado de MLDN constituía infracción de las disposiciones del APRI sobre expropiación y trato justo y equitativo (FET, por sus siglas en inglés). 

Sin embargo, una mayoría de los árbitros determinó que no pudo haber expropiación por parte de Venezuela, toda vez que, de conformidad con una cláusula de los contratos, la planta de procesado revertiría a Venezuela sin coste alguno cuando expirara o se cancelara la concesión de Anglo American.

Un tribunal de apelación francés anula parcialmente un laudo contra Venezuela

Mediante resolución fechada el 29 de enero de 2019, un tribunal de apelación francés ha anulado parcialmente un laudo por 1.300 millones de USD dictado en un arbitraje de inversión a favor de la minera canadiense Rusoro y en contra de Venezuela, anulando el pronunciamiento sobre cantidad y dejando intacto el pronunciamiento sobre responsabilidad del laudo.

La controversia subyacente se refiere a una demanda de inversión presentada por Rusoro contra Venezuela en 2011 por la expropiación por parte de Venezuela de los intereses de Rusoro en minas de oro mediante incumplimiento del APRI entre Canadá y Venezuela, obteniendo un laudo adicional del CIADI en 2016 por el que se condenaba a Venezuela a pagar 967 millones de USD más intereses.

El órgano jurisdiccional francés estimó los argumentos de Venezuela en el sentido de que el tribunal arbitral había excedido sus competencias al amparo del APRI al otorgar el pago de una indemnización que no reflejaba el valor del negocio inmediatamente antes de la expropiación.  El referido órgano determinó que los árbitros habían basado sus cálculos en el valor de las acciones de Rusoro en 2008, sin tener en cuenta la posterior caída de su valor como consecuencia de las restricciones a las exportaciones de oro impuestas en 2009.