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REPÚBLICA DOMINICANA

Dos inversores de doble nacionalidad ejercen una acción de anulación de un laudo favorable a la República Dominicana

Dos inversores inmobiliarios de doble nacionalidad estadounidense-dominicana, Michael y Lisa Ballantine, han ejercido acción de anulación de un laudo de DR-CAFT por el que se desestimó su demanda de 41,5 millones USD en contra de la República Dominicana, alegando que la mayoría de los árbitros del tribunal excedieron sus facultades, ignorando manifiestamente la ley al concluir que carecían de legitimación para demandar.

La controversia está relacionada con una demanda presentada conforme al acuerdo de libre comercio entre la República Dominicana y América Central por la denegación por parte del ministerio de medio ambiente dominicano en 2014 del permiso para ampliar su complejo inmobiliario Jamaca de Dios en las montañas Cordillera del país. Las autoridades dominicanas afirmaron que el terreno para el proyecto, que comprendía viviendas de lujo, restaurantes, un hotel y un spa, no era apto para la construcción al ser demasiado inclinado, declarando posteriormente que era una zona de protección ambiental.

La República Dominicana impugnó la competencia del tribunal invocando el DR-CAFT, que solo permite las demandas por inversores de doble nacionalidad contra uno de los países en cuestión si su nacionalidad dominante y efectiva no es la del país receptor de la inversión.

Los árbitros determinaron que la nacionalidad dominante y efectiva de los Ballantine en el momento de producirse las supuestas infracciones del tratado y de presentarse la demanda era la dominicana. La mayoría del tribunal concluyó que la obtención de la nacionalidad dominicana tuvo una motivación “económica o comercial”,  era “clave para sus negocios” y “prevalecía” sobre sus vínculos estadounidenses entre 2010 y 2014.

El árbitro disidente, Cheek, afirmó que el criterio de nacionalidad “tiene carácter holístico y tiene en cuenta todos los vínculos de una persona, tanto los personales, como los familiares, económicos y cívicos, a largo de su vida”.

PANAMÁ

Constituido el tribunal de la CPA que va a conocer la demanda de un accionista contra Panamá

Ha quedado constituido el tribunal que va a conocer la demanda presentada ante la Corte Permanente de Arbitraje contra Panamá por el accionista de una aseguradora liquidada.

La demanda contra Panamá la ha presentado Leopoldo Castillo Bozo, antiguo accionista de la aseguradora panameña Seguros BBA, conforme al tratado bilateral de inversión entre Panamá y la República Dominicana.

La demanda está relacionada con la liquidación forzosa de Seguros BBA. Según declaraciones de las autoridades, BBA fue sancionada hasta en ocho ocasiones entre 2015 y 2017 por blanqueo de capitales, por incumplimiento de la normativa de protección del consumidor y por operar sin los reaseguros adecuados, entre otros delitos.

Los representantes de BBA han interpuesto una querella contra Castillo, a quien acusan de haberse apropiado ilegalmente de fondos que no le pertenecían y de manipular las cuentas de la aseguradora.

Castillo alega que la aseguradora fue expropiada y reclama una indemnización de daños de 10 millones USD.

Perú

Los 14 árbitros condenados a prisión en el caso Odebrecht en Perú han sido puestos en libertad

La Primera Sala Penal de Apelaciones ha estimado los recursos interpuestos por ocho de los 14 árbitros que habían sido condenados a 18 meses de prisión preventiva por el Tercer Juzgado de Investigación de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Perú por presuntamente haber aceptado sobornos para favorecer a Odebrecht, la constructora brasileña envuelta en un escándalo, en una serie de casos que costaron al estado más de 250 millones USD.

La mayoría de los árbitros están acusados de haber aceptado sobornos y el resto fue acusado por haber inflado supuestamente sus honorarios en arbitrajes ad hoc. La investigación contra los árbitros sigue abierta y deben pagar fianzas por importe aproximado de 30 000 USD para ser puestos en libertad y para que se retire la orden de prisión preventiva.

Este es el último acontecimiento relacionado con el grupo constructor brasileño Odebrecht, que en 2016 accedió a  pagar  una multa de 2600 millones USD a autoridades estadounidenses, suizas y brasileñas después de reconocer que había pagado sobornos por valor de 788 millones USD en 12 países entre 2001 y 2016, incluidos 29 millones USD a funcionarios del gobierno peruano a lo largo de nueve años.

VENEZUELA

Un fabricante de botellas no consigue reactivar una demanda de inversión contra Venezuela

Dos filiales venezolanas del fabricante de botellas estadounidense Owens-Illinois no han conseguido reactivar una millonaria demanda de inversión contra Venezuela, que fue desestimada por haberse presentado después de que el estado hubiera denunciado el Convenio del CIADI.  

En la demanda, presentada de acuerdo con el tratado bilateral de inversión entre los Países Bajos y Venezuela, las compañías Owens-Illinois reclamaban más de 1000 millones USD por la expropiación de dos plantas de fabricación de botellas de vidrio por parte de Venezuela.

Los árbitros se declararon incompetentes al no existir mutuo consentimiento de las partes para someter la controversia a arbitraje antes de que Venezuela denunciara el Convenio del CIADI en 2012. La resolución se aparta de las decisiones de otros tribunales del CIADI de la misma época, según las cuales, las demandas presentadas dentro de los seis meses posteriores a la notificación de denuncia por parte del estado seguían siendo admisibles.

Owens-Illinois  basó la acción de anulación del laudo en dos causas: extralimitación manifiesta de facultades y ausencia de motivación. No obstante, un comité ad hoc del CIADI ha desestimado la solicitud de anulación.