México: La nueva Ley General de Aguas prioriza el uso doméstico y ambiental, y establece mayores sanciones
La nueva Ley General de Aguas (LGA) en México prioriza el derecho humano al agua, la sustentabilidad y la justicia hídrica, enfocándose en el uso doméstico y ambiental. Refuerza el control estatal sobre el agua, prohíbe su comercialización y endurece sanciones, incluyendo delitos hídricos.
Con fecha 9 de octubre de 2025, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal que contiene el proyecto de decreto por el que:
- se expide la Ley General de Aguas
- se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
Esta iniciativa configura un nuevo paradigma regulatorio del agua en México, basado en una visión humanista, sustentable y de justicia hídrica, donde el uso doméstico y la restauración ambiental se posicionan como prioridades nacionales, sin desatender el papel del recurso hídrico en el desarrollo social y económico.
La Ley General de Aguas (LGA) tiene como objetivo garantizar el derecho humano al agua mediante la definición de acciones, competencias y mecanismos interinstitucionales que aseguren su acceso y gestión sustentable, a partir de una política basada en la interdependencia de este derecho con otros derechos humanos.
Las principales reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) reafirman al Estado como titular y responsable de regular el uso del agua. Establecen un cambio en el paradigma del manejo hídrico, buscando, por una parte, eliminar la valorización o comercialización privada del agua con fines de lucro al eliminar la posibilidad de transmitir concesiones o de cambiar su uso, y, por otra, reforzar el régimen sancionador, incorporando delitos hídricos. Con lo anterior, se pretende que las concesiones de agua y su aprovechamiento sean trajes a la medida del solicitante, conforme a la disponibilidad hídrica y demanda, evitando así crear un mercado secundario del agua.
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